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Para formar parte de la Plataforma es imprescindible sufrir una situación de abuso o aplicación arbitraria o retroactiva de la ley de costas. Para inscribirse en la plataforma mandar un email a costasmaritimas02@gmail.com
explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
Comentario sobre la página web :email afectadosleydecostas@gmail.com

jueves, 24 de diciembre de 2009

Activistas detenidos en Dinamarca


We must become the change we want to see in the world.
Mohandas Gandhi

Apoyo de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas lamenta el fracaso de la cumbre de Copenhague y expresa su malestar, decepción y preocupación por la detención y el ingreso en prisión incomunicada de unos activistas de Greenpeace que se limitaron a ejercer una protesta tan pacífica como necesaria.
Desde la sociedad civil no podemos tolerar que el poder nos amordace, nos calle y nos encarcele. El director de Greenpeace España y sus compañeros detenidos se estaban limitando a expresar lo que pensamos millones de ciudadanos que no nos sentimos representados por esos políticos que hablan pero no hacen.
Si el gobierno y los jueces de Dinamarca creen que la democracia tiene sentido y contenido, deberían devolver inmediatamente la libertad a estos activistas que no han agredido ni puesto en peligro a nadie.

José Pedro Fernández
Presidente de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas
. Llama a la embajada al teléfono 91 431 84 45 y pide al embajador
Lars Theusen que pongan a los activista Juan Lopez de Uralde en libertad
.

jueves, 26 de noviembre de 2009

G.P.MIXTO-BNG (GALICIA) Modificacion -Ley de Costas- 19/11/2009


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de
OLAIA FERNÁNDEZ DAVILA, Diputada por Pontevedra
(BNG) y FRANCISCO JORQUERA CASELAS, Diputado por A Coruña (BNG) ,
al amparo de lo dispuesto en los articulos 124 y ss. del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
PROPOSICIÓN DE LEY a la modificación de la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas,
para su debate en PLENO.

19 de noviembre de 2009


http://www.4shared.com/file/160424586/4cb3d623/200911261930481.html

domingo, 15 de noviembre de 2009

2018

Cuando se aproximaba el año mil todo el mundo se puso tenso pensando que se aproximaba el fin del mundo, pero no pasó nada. Arthur C. Clark, con ayuda de Stanley Kubrik nos puso en el calendario otra fecha simbólica, dos mil uno (la novela y el guión de cine se escribieron simultáneamente). Ahora se nos viene encima la gran catástrofe del 2012, otro fin del mundo según los mayas. Y la siguiente cita con el Apocalipsis creo que es en 2026, cuando llegue a la tierra el asteroide que aún en este momento se dirige hacia nosotros a toda velocidad y con muy mala leche
2018 es otra fecha de pesadilla pero, a diferencia de las anteriores, no viene propiciada por Nostradamus, los sacerdotes mayas, los productores de cine o los escritores de ciencia ficción, sino por los ingenieros de costas. En esa fecha, que al principio parecía lejana pero que se acerca a velocidad de asteroide, todas las concesiones anteriores a la ley de costas se van al garete. Quedarán extinguidas y los titulares en la calle.
Conozco áreas muy extensas plagadas de terrenos demaniales que fueron dados en concesión en los años treinta. A la primera de cambio no me parecía una situación muy de recibo, pero en su momento alguien me dio alguna explicación. No podemos juzgar el pasado con los ojos de hoy, esto es cierto. Y en aquel pasado, según me explicaban, el Estado no tenía un real y en vez de inventar una Agencia Tributaria como Dios manda puso a producir sus terrenos mediante, entre otras cosas, las concesiones onerosas en el dominio público. Recordé que en cuarto de derecho, en esa asignatura tan poco apetitosa como era la Hacienda Pública, había aprendido que en tiempos más o menos remotos una de las fuentes de financiación del Estado era el arrendamiento de las encañizadas del Mar Menor. Sonaba chusco incluso en aquellos tiempos de Universidad, ya lejanos. Pues no veas ahora.
Bien, bien… En aquella época el Estado se financiaba con arrendamientos y cánones, imagino que entre otras cosas. Hoy desde la sociedad esa situación se ve anacrónica y no se comprende. Y desde los afectados se aprecia la fecha del 2018 entre llanto y rechinar de dientes, de nuevo la escenificación de esa frase castellana tan rotunda que afirma que se acabó el carbón.
2018 es cortante como una cuchilla e inapelable como una sentencia del Tribunal Supremo. Los afectados están cabizbajos y resignados, dejando que pase el tiempo e intentando agotar de buena manera estos últimos años.
Pues veréis… En una playa por ahí perdida hay un hotel. Suelo ir a ese hotel, pequeño y familiar, una o dos veces al año. Es una concesión que también se va a perder en la fecha fatídica. Los dueños me pidieron ayuda y me puse a estudiar una solución. Y la he encontrado el otro día, mientras volaba hacia Fuerteventura. La solución vale para todos los que están igual, ya sean viviendas o restaurantes. No es una panacea, pero sí un camino para luchar de forma totalmente razonable en derecho por esos inmuebles. Así que creo que voy a abrir un frente nuevo. Para estas personas y para las otras que se enfrentan con un problema igual.
Es curioso, lo único que hace falta es saber leer. Todo está ahí, en la ley. Pero lo normal es que estemos ciegos. Esto es lo que me gusta de esta profesión. El desafío de prevalecer sobre tu rival solo con la fuerza del pensamiento y la palabra


José Ortega

viernes, 13 de noviembre de 2009

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas asesora a los vecinos de Capellans

El abogado y portavoz José Ortega se reúne en Muro con los residentes de las Casetes y con propietarios de Can Ganxo
M.POQUET
«Mi lucha es para que la Ley de Costas tenga una aplicación racional y razonable pero no estoy en contra de la misma porque hace falta». Éstas son las palabras del abogado José Ortega, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC), quien asesora y defiende casos de deslinde de dominio público.
Ayer por la noche, Ortega aterrizó en Mallorca para conocer de primera mano el caso de la inclusión de las Casetes dels Capellans dentro del deslinde del dominio público marítimo-terrestre. El abogado se reunió en el cine de Muro con los vecinos afectados, quienes le entregaron cerca de 3.000 firmas dentro del marco de la declaración del informe Auken.
Este escrito, aprobado por el Parlamento Europeo el pasado mes de marzo, insta las autoridades españolas a que «revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero».
Por su parte, el abogado manifestó que los afectados «no tienen que caer en la ingenuidad» y comentó que «no es suficiente un escrito de alegaciones». Según Ortega, también hay que llevar a cabo una política de comunicación «para explicar todo lo que pasa y que es una realidad». Además, a la reunión también asistió una copropietaria de la casa de Can Ganxo de Cala Tuent para explicar su experiencia. El abogado explicó a Ultima Hora que a día de hoy la Ley de Costas comete «agravios comparativos». «Hay que acabar con todo esto, hay que aplicar la ley de manera igualitaria. Siempre pierden los más humildes y ganan los empresarios de los complejos hoteleros», subrayó.
En este aspecto, Ortega destacó la frase de un ex director de Costas que se refería a «limpiar las playas para promover un turismo de calidad». El abogado puntualizó que se trata de «turismo de ricos para ricos». «Si quieres limpiar la playa de Muro, supone un regalo para el complejo hotelero cercano a las Casetes del Capellans», dijo el experto en deslindes.
Por otra parte, José Ortega afirmó que la actitud del ejecutivo central es de «negar el acceso a los expedientes. El gobierno ha perdido los papeles pero hay que mostrarle sus contradicciones».
En referencia a los casos de deslinde, el portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas expresó que no tienen base legal. Según el abogado, se pretende «despojar a los ciudadanos de su dignidad y convertirlos en perros caniches»
Después de los casos llevados por el territorio español, el portavoz José Ortega está realizando un documental sobre la Ley de Costas, cuyo hilo conductor será el trabajo de la plataforma para concienciar a la sociedad de todo lo que ocurre así como difundir el clamor de los afectados por los deslindes.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

LA DIOSA DEL MAR Y LA GUERRA

Diciembre de 2007. Suena el teléfono. Un problema. Un problema grave. Derribos inmediatos, en Fuerteventura.....


El juzgado había autorizado la entrada en domicilio para derribar la casa, no había documento de propiedad claro al que sacarle algo, los abogados decían que no había nada que hacer y efectivamente todo indicaba que tenían razón. ..



A continuación me llamó la víctima propiciatoria, Carmen Guerra...Doña Carmen hacía honor a su apellido.


CARMEN y GUERRA. De un lado Carmen (una reelaboración, a través de la virgen del Carmen, .... y de otro Guerra (no hace explicar qué significa guerra). Había, desde luego, voluntad de combate.


Doña Carmen no me dejaba decirle que no, no admitía el no.....Bueno, vale. Le dije que sí, colgué, se me ocurrió la fórmula, la puse en marcha y funcionó.....



No solo pude parar todos los derribos del Puertito de los Molinos, sino que creo que con un poco de aquí y otro de allí, y con el apoyo de las instituciones canarias, contribuí a sentar las bases para la permanencia definitiva del poblado....



Cuando los afectados me invitaron a la fiesta de la virgen del Carmen en 2008, en un discursito de dos minutos dije que creía que la Señora (cuya imagen se conserva en una hornacina en la plaza) había ayudado e iba a seguir ayudando. Al regresar a casa vi que la denuncia presentada ante el Parlamento Europeo se había admitido a trámite el día de la Virgen del Carmen. Vaya, qué casualidad....



En estos días estuve de nuevo con toda la gente del Puertito de los Molinos y de nuevo con Doña Carmen. Esta vez para constatar que todo va como una seda y de que con mi método me he asegurado de que los juzgados no autorizarán la entrada en domicilio para derribo. Los de Costas están negros. Una vez, en ese mismo sitio, se enteraron de que les había parado un derribo el mismo día, por la mañana temprano, en que los panzer de la muerte ya se dirigían a su objetivo. Y en todos estos meses, acostumbrados como están a que sus cositas en los tribunales sean un paseo militar (y perdonad que siga con la metáfora bélica), tiene que ser un agobio ver como una y otra vez los juzgados les dicen no a su solicitud de autorización para entrada y derribo. Sí, yo creo que están negros. Y desconcertados. Como todo el mundo. Nadie sabe cómo lo hago. Y el caso es que todo está en la ley. Lo único que hay que hacer es leerla (y entenderla)....



El puerto de los Molinos es un símbolo de la resistencia, muchos más que algún que otro poblado, que está en la mente de todos, que se ha hecho famoso porque lo han derribado. Aquí la noticia no es el derribo, sino que los derribos se han parado, aunque comprendo que eso sea bastante menos noticia y que a alguien le pueda parecer que tiene menos valor simbólico. El caso es que en condiciones normales ya debería estar todo entero en el mismísimo suelo. Allí notendría que haber a esta hora más que piedras y lagartos, y si acaso esas instalaciones de diseño tan guays que dibujan los ingenieros de cosas en su despacho de la Castellana. Pero mira, está ahí. Sigue ahí. Contra todo pronóstico. y todo el mundo está feliz y contento. Y yo más....



Hay que luchar siempre. Si hay esperanzas, estupendo. Si no las hay, es igual. Hay que luchar. La civilización no se ha construido esforzando el dedo pulgar para hacer zapping, sino luchando, perdiendo y triunfando. Esta guerra contra los abusos la estamos ganando y la vamos a ganar.



JOSE ORTEGA
Noviembre 2, 2009

Ver completo en :-
http://costasmaritimas.wordpress.com/2009/11/02/la-diosa-del-mar-y-la-guerra/

miércoles, 21 de octubre de 2009

Petición URGENTE PARA HOY 21 de OCTUBRE



Muy Sr/a Mio/a,

El informe Auken sobre el impacto de la extensiva urbanizacion en Espana, adoptado en marzo por el Parlamento Europeo, pidio que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, tambien pudiera decidir el apartar los fondos para politica de cohesion en la reserva si lo considera importante para persuadir a un estado miembro a finalizar infracciones serias de las reglas y principios que debe respetar como Tratado o como resultado de la aplicación de ley Europea, hasta que se de el momento en el que el problema este resuelto.
Los Verdes / Grupo EFA en el Parlamento Europeo ha decidido listar una enmienda para el presupuesto de 2010 a este efecto. La enmienda fue rechazada en el Comite Presupuestario. No obstante, ahora ha sido reformulada para el voto pleno sobre el presupuesto del 22 de octubre en Estrasburgo. Por favor, vote a favor de la enmienda.
Un saludo cordial.
MARGRETE AUKEN

Por favor, accede a http://www.facebook.com/l/f0947;auken.pnalc.com pon tu nombre y correo-e y envia la carta. En menos de medio minuto puedes apoyar a los afectados/perjudicados por la ley de costas.
(Hay que firmar hoy día 21, ya que la votación de Estrasburgo es el 22).

El ayudante de la PNALC


Para los que tengan más tiempo lean el artículo de Margrete Auken (aprox 5 min.)..

.El Parlamento Europeo reitera su posición:

"la obligación de ceder propiedad privada adquirida legítimamente, sin el debido proceso y una compensación adecuada, ......., constituyen una violación de los derechos fundamentales de la persona en la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ".

El Parlamento Europeo pide a España y sus Regiones:
? revisar a fondo toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios individuales como resultado de la urbanización masiva;? la abolición de los agentes de la urbanización;? de suspender y revisar los nuevos planes de urbanización que no respetan los estrictos criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social y que no garantizan el respeto a la propiedad legítima de la propiedad legítimamente adquirida;
? el cese de todos los desarrollos existentes en los criterios establecidos por la legislación de la UE no se están aplicando o respetado;
? la creación de funcionamiento de los mecanismos judiciales y administrativos que afectan a defensores del pueblo regionales para acelerar la reparación y medidas de compensación para las víctimas de abusos urbanísticos.

Observaciones del Parlamento Europeo:
? la aparente incapacidad de las autoridades judiciales para proporcionar una reparación efectiva de los ciudadanos que han sufrido de la excesiva urbanización, y la falta de confianza de los ciudadanos en el sistema judicial;? creciente evidencia de que jueces están empezando a tomar más en serio los abusos urbanísticos;? si autoridades locales saben que planes urbanísticos no se habían establecido con respecto a la legislación de la UE y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, son justificados de cancelar dichos planes;? la laxitud en el proceso judicial no sólo ha agravado el problema, pero generó también una forma endémica de la corrupción;

Sobre la Ley de Costas:

El Parlamento Europeo apoya los objetivos españoles a proteger el medio ambiente costero para promover la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de la fauna y la flora, sin embargo, no puede apoyar los aspectos de esta ley con carácter retroactivo.
Tampoco apoya a los especuladores y los promotores que han construido complejos turísticos masivos con la complicidad de las autoridades locales.

Sobre el Presupuesto: reservar 185 millones

?El Parlamento Europeo recuerda que, como autoridad presupuestaria, tiene la potestad de poner los fondos en la reserva, si lo considera necesario, a fin de convencer a un Estado miembro a fin violaciones de la ley de la comunidad y los principios básicos de la Unión Europea.

Como no hemos visto ninguna señal clara de una auténtica voluntad y esfuerzo para resolver los problemas señalados en la Resolución del Parlamento Europeo, los Verdes / Alianza Libre Europea ha presentado una enmienda al proyecto de presupuesto de la Unión.

Si se aprueba, la enmienda se establece 185 millones de euros en reserva para demostrar la determinación del Parlamento a las comunidades autónomas en España que de forma persistente y grave violación de sus obligaciones de respetar los principios sobre los que se fundamenta la Unión, .....
.Mas sobre el Presupuesto: reservar 185 millones

?Ese dinero se quedaría en la reserva hasta que el Parlamento Europeo ha recibido garantías de que tales planes serán aprobados y adoptados, y derogada y sustituida por los planes que respetar el derecho fundamental a la propiedad privada protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así que el Derecho comunitario en los aspectos esenciales mencionados en la resolución del Parlamento Europeo del 26 de marzo de 2009.

Nota:
(Soy muy consciente del hecho de que la economía española se encuentra en una profunda recesión, y que el desempleo es un problema grave en España en este momento. En este contexto, la congelación de fondos europeos puede parecer un planteamiento muy duro. Sin embargo, estoy convencido de que tratar de seguir adelante con negocios como antes, que continúa con los numerosos proyectos de urbanización a gran escala sólo sería una receta para el retorno de una crisis más profunda.
Sencillamente, no es una perspectiva realista para la economía! Por ello, quiero señalar que la Unión Europea podría ofrecer financiación para otras actividades económicas, como la mejora de la eficiencia energética de los edificios y viviendas.
Esto podría ofrecer un alivio relativamente rápido de la grave situación del empleo en el sector de la construcción, mientras que al mismo tiempo que permite el ahorro privado y público, y una mayor independencia energética en el futuro.Mejor gestión del agua es una de las prioridades de los Fondos de Cohesión, que podría utilizarse para mejorar y restaurar la infraestructura existente para la transmisión de agua.
Con los informes, alrededor del 40% del agua en la región está "perdida en la transmisión", estas medidas podrían hacer mucho para mejorar la disponibilidad de agua para consumo humano y la agricultura -, mientras que al mismo tiempo, crear puestos de trabajo.

Sin embargo, si el gobierno regional, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia, persiste en sus políticas y violaciones de los principios básicos de la las leyes de la UE, ¿por qué debería ayudar la UE para esto, con sus fondos?

¿Qué más se puede hacer?

Por las autoridades españolas, por supuesto, mucho hay que hacer y rápidamente, a respetar las opiniones del Parlamento Europeo sobre esta cuestión. El Parlamento, a través de la Comisión de Peticiones, seguirá hablando en el apoyo de todos ustedes y garantizar un adecuado seguimiento de la resolución se da.----------

MARGRETE AUKEN

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viernes, 2 de octubre de 2009

LA PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS: UNA CELEBRACION Y UNA ESPERANZA.


Hace dos años, en Octubre de 2007, la Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol propusimos a nuestro a abogado, Jose Ortega, la posibilidad de crear una federación de asociaciones de afectados por la Ley de Costas.

Éramos conscientes de que luchando individualmente, caso a caso, ni éramos visibles como un gran problema que afectaba a miles de ciudadanos de este país, ni teníamos la mas mínima posibilidad frente a una serie de fanatizados funcionarios de Costas para los que el derecho legítimo de propiedad debía supeditarse a los intereses del Estado, y ellos decidían cuales eran esos intereses.
........
“nuestro” abogado llevaba casos de toda España, por lo que acudimos a el para poner en marcha esta iniciativa. En nuestra propuesta original planteábamos que las asociaciones que nos uniéramos para defendernos conjuntamente ante Costas, siguiendo el conocido principio de lucha de la “unión hace la fuerza”, tenían que cumplir una serie de requisitos:
1º) Ser casos en donde la Ley de Costas se hubiera aplicado con carácter retroactivo, de manera arbitraria e injusta.
2º) Que no se admitieran casos de evidente abuso urbanístico por parte de los constructores (recordando que la mayor parte de la construcción en la Costa se ha hecho después de 1988).
3º) Que entendieran los afectados que no nos oponíamos a que exista y se aplique una Ley de Costas que proteja el territorio y medio ambiente, pero que debía hacerse respetando el derecho a que se reconozca las propiedad legales anteriores y se compensase adecuadamente por la pérdida de las mismas a los ciudadanos afectados.

De esta forma diversos casos de toda España, organizados a través de Jose Ortega, nos pusimos en contacto y acabamos constituyendo la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas (PNALC).En estos dos años, la PNALC, ha tenido un protagonismo fundamental en la defensa de los derechos de los ciudadanos afectados por la Ley de Costas de 1988:
· En este período presentó ante el parlamento europeo un informe sobre la aplicación de la Ley de costas en España en febrero de 2008, preparado por Jose Ortega, que dio lugar a parte del posterior informe “Auken”, que aprobado por el parlamento europeo en febrero de 2009, condena a España por su falta de respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos.
· ..... La PNALC, se enfrentó al núcleo mas duro del Ministerio de Medio Ambiente denunciando ante la opinión pública la serie de arbitrariedades que se estaban cometiendo enviando masivamente nuevos deslindes sin apenas tiempo para organizar la defensa de los propietarios afectados, lo que acabó con la escasa credibilidad de estos funcionarios y responsables políticos y llevó a la salida precipitada de algunos de ellos de esas responsabilidades.
· Gracias al trabajo de la PNALC el Ministerio introdujo una pequeña modificación que permitirá la venta de las concesiones para aquellos casos en que esta sea la solución mas adecuada de sus derechos.
· La PNALC se ha constituido así en la última línea de defensa ante los abusos de Costas frente a los derechos legítimos de los ciudadanos de toda Europa que compraron propiedades legales en España y ahora observan como se las convierten en concesiones, rescatables por sumar irrisorias en cualquier momento.
.....
Una asociación o plataforma de casos tan diversos siempre tiene algunas tensiones y ajustes que realizar para ser plenamente operativa. Esta también lo ha tenido. En la actualidad algunos personajes que pertenecieron a la misma, están llevando a cabo una campaña de desprestigio de la propia PNALC y sobre todo del abogado........
.......
Sin embargo el trabajo de la PNALC continua. Actualmente hemos elaborado una propuesta de reforma de la Ley de Costas para pedir que se someta al parlamento español. Esta reforma intenta preservar la defensa de la costa pero haciendo compatible dicha defensa con el respeto a los derechos adquiridos y en su caso con la obligación de compensar con justicia a los particulares por la perdida de sus propiedades. Además hemos iniciado una campaña de recogida de firmas para plantear dicha modificación de la Ley de Costas que llevaremos al parlamento español y al europeo. Hemos iniciado contactos y propuesto soluciones adecuadas a los diferentes partidos políticos como puede ser la creación de una Comisión Mixta que examine caso por caso los que se encuentran en la Plataforma y elabore una propuesta de soluciones. Al calor del informe Auken otras asociaciones, en este caso de negocios particulares (chiringuitos, explotaciones agrícolas etc) de han organizado y defienden ante Costas con fuerza, abriendo nuevos frentes y debates acerca de la validez de dicha ley en un Estado respetuoso y compatible con los derechos de los ciudadanos europeos.

No queda mas que felicitarnos y felicitarse de que los ciudadanos de este País por una vez se organicen al margen de las consignas de partidos políticos, en un movimiento ciudadano que, defendiendo sus justos derechos, haga ver al Estado que la impunidad y abuso en sus actuaciones tiene límites y opositores. En este caso es la PNALC.


Alfredo Masó
Miembro de la PNALC

Ver el artículo completo en
http://pnalc-articles-to-publish.blogspot.com/2009/10/la-plataforma-nacional-de-afectados-por.html

Indefensión ante la Ley de Costas

Es evidente la total indefensión que sufren los damnificados ante la virulenta Ley de Costas. Nadie quiere saber nada al respecto. Hace unos días leí en un periódico local la carta que le dirigían al presidente de Gobierno Canario, Paulino Rivero, los miembros de la Plataforma de los Anexos de la Playa del Ingles del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, solicitándole que abogara por ellos ante el Gobierno de España, con el fin de que los derribos anunciados no se llevaran a cabo. Dudo mucho que este señor haga algo al respecto, ya que su grupo parlamentario en Madrid está apoyando al gobierno socialista en infinidad de proyectos y ya han anunciado que así lo harán con los Presupuestos Generales, algo que le niega CIU y el PNV.
Repasando cuanto he estudiado y escrito al respecto, estoy en disposición de afirmar con rotundidad, que la Reforma o Ampliación de una Ley, sea por las circunstancias que sean no se puede aplicar con efecto retroactivo, sino que esta nueva Disposición tendrá que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que es lo ocurre con las supuestas reformas llevadas a cabo en la Ley de Costas.
Las distintas Plataformas constituidas al efecto, pueden perfectamente saltarse a la torera los Tribunales de Justicia españoles y dirigirse en suplica al estamento correspondiente de la CE, ya que esta Ley de “marras”, esta pisoteando los Derechos Fundamentales de muchos ciudadanos, algo que ya le han dicho desde Bruselas, pero en España cuanto les dicen desde el Gobierno Europeo se lo toman a la “chacota” y es como si lloviera sobre mojado.
Esta ley de Costas es regresiva y a la vez erosiva, ya que daña los intereses de muchos españoles que acreditan un poder adquisitivo muy bajo, sin embargo ampara al poderoso, al terrateniente ya que temen sus represalias, por eso la Ley se convierte en arbitraría ya que no mide por el mismo rasero a unos y a otros. Las leyes son de obligado cumplimiento para todos, no se pueden hacer distingos a la hora de aplicarla, que es lo que lamentablemente está pasando. Por consiguiente esta Ley se hace reo de una ilegalidad manifiesta, algo que debería ser tenido en cuenta por el Tribunal Supremo o el Constitucional.
Hablando claro y sin tapujos, ¿la Ley de Costas va a derribar todos los hoteles que se han construido vulnerando los límites marítimos terrestres?, pienso que no, y ni tan siquiera sus propietarios serán llamados a recapitular, entonces ¿en que se fundamenta esta ley que se recrea en hacer distingos entre pobres y ricos?, por lo cual la misma se proscribe en todos sus términos, pero como siempre el dinero todo lo allana convirtiendo lo negro en blanco y viceversa.
Ayer contacte con un político palmero, el cual me comentó que en su isla además de cegar o derribar las cuevas de Punta Gorda, se iba hacer lo mismo con las que están en la costa de Garafía y Tijarafe, y se van a realizar tan vandálicos actos sin tener para nada en cuenta la ancestralidad de estos habitáculos, donde vivieron muchos años nuestros primeros pobladores los guanches, al parecer con el único fin de que los que habitan en esas zonas se vayan, o en el caso de los Anexos para que abandonen sus negocios que es lo que solo tienen para poder subsistir honestamente. Ya estamos hartos de tanto “choriceo”, donde el parecer son las propias autoridades, en este caso las que rigen los designios de Costas quienes nos impulsan a buscar una forma de vida que tal vez no sea la más honorable, desde el punto de vista legal.
Hay que ponerle coto a tantos desmanes, las leyes no pueden ser tan ignominiosas atentando de esta forma tan irracional contra las personas honradas que aunque siendo pobres siempre se han acreditado por su comportamiento, acatando las leyes y los ordenamientos que se les imponen, pero esto ya pasa de castaño oscuro, hacer daño amparándose en una ley que tiene todos los visos de ser inconstitucional y que no se aplica con la misma rigurosidad para todos los ciudadanos.

Juan Dávila García
http://www.maspalomasahora.com/2009/10/02/indefension-ante-la-ley-de-costas/

viernes, 25 de septiembre de 2009

Afectados pedirán a UE retire recursos a España por no cumplir Informe Auken

Valencia, 25 sep (EFE).

- La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento europeo que retire los recursos estructurales al Gobierno español "por no cumplir la resolución europea del Informe Auken sobre la aplicación abusiva de la Ley de Costas".
En declaraciones a EFE, el portavoz de este colectivo, José Ortega, ha afirmado que, en la reunión celebrada hoy en Valencia entre los miembros de esta organización, se ha acordado que se presente esa petición al presidente de la Eurocámara y al de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE).
La petición responde a "la negación y falta de cumplimiento por parte del Gobierno español" sobre la resolución del 26 de marzo del Parlamento europeo, en el informe de la eurodiputada Margrete Auken sobre abusos urbanísticos que reconoce, según Ortega, que la norma sobre costas se aplica de manera "abusiva, caótica y arbitraria".
Ortega ha criticado también que el Gobierno niegue esta resolución del informe europeo e incluso sus responsables se muestren "sorprendidos" al preguntarles sobre el caso.
Además, ha denunciado "el incumplimiento masivo" de la normativa europea sobre acceso a toda información medioambiental porque los afectados por los deslindes "no puedan acceder a la totalidad de los expedientes que les afectan", un hecho que, según Ortega, "la Administración justifica en la protección de la intimidad".
Sin embargo, el portavoz ha señalado que anteriormente el sistema para conseguir esos datos "funcionaba bien" pero ahora se ponen trabas a los afectados y sus abogados, por lo que "no pueden saber los motivos por los que te tiran la casa y la propiedad".
"Ya no es un tema de Ley de Costas, sino de derechos civiles porque se vulnera la Constitución y dos directivas europeas en las que se dice que se garantiza el acceso ciudadanos a toda la información medioambiental", ha manifestado.
Asimismo, ha expresado su confianza y la de la plataforma en la UE como vía para que sus demandas prosperen porque, según Ortega, éstas no son atendidas "ni por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, ni por los representantes del Defensor del Pueblo".

EFE

martes, 22 de septiembre de 2009

ESPAÑA en EUROPA , Cambiar la Ley de Costas



El próximo mes de Enero de 2010, España asumirá la Presidencia del Consejo Europeo de Ministros. Como es bien sabido, dicha presidencia es rotatoria, correspondiendo ocupar la misma a un país de la Unión Europea cada seis meses. Puesto que somos 27 países en la unión europea, esto significa que hasta dentro de 14 años no volveremos a tener el honor de presidir la U.E. Es decir tenemos ahora una oportunidad casi única de dejar “nuestra impronta” y convicciones acerca de lo que es y debería ser la Unión, a través de la gestión de dicha presidencia. Desgraciadamente y en relación a la economía pocas lecciones podemos dar a nuestros socios europeos. Ya no estamos en la Champions Ligue de casi nada y tenemos que mirar hacia otro lado en relación a los temas de bienestar social puesto que con el doble de la tasa de desempleo que la media de la UE, el nivel de “malestar” en el país es lo único que parece aumentar consistentemente. Pero si en los temas económicos somos un lastre y un motivo de preocupación para Europa, es posible que en otros aspectos podamos contribuir a fomentar el necesario espíritu Europeo en el que los ciudadanos del mismo se sientan iguales independientemente del lugar en el que residan.
España, que ha sido de los países mas europeistas (“a la fuerza ahorcan” que dicen los castizos, puesto que España vivía en un sistema sin libertades hasta finales de los setenta y con unos niveles de vida que no llegaban al 50% de la media europea), podría intentar impulsar la recuperación de ese espíritu europeo. Para ello se debería poner el acento en lo que nos une y constituye el denominador común de lo que entendemos por “ser europeos”. Habría que recuperar la ilusión por pertenecer a la Unión Europea. Hay que mostrar que estar dentro de Europa, incluso en situaciones de crisis, es infinitamente mejor que el intentar afrontar estos períodos solos (el ejemplo lo tenemos en la idealizada Islandia y sus desesperada situación actual).
La Presidencia del Consejo de Ministros de la UE no es trivial e irrelevante. Hay muchas posibilidades de actuación. Hay que dar ejemplo de europeísmo por parte del Presidente Rodriguez Zapatero. Podría empezar por convencer al Parlamento Europeo de que su condena a España a raíz del Informe Auken sobre abusos urbanísticos y la insuficiencia del reconocimiento de la propiedad en España está resuelta, y que el país ha rectificado para que esto no vuelva a suceder. Lamentablemente no es verdad. La Ley de Costas tan ponderada por determinadas asociaciones, sigue siendo un instrumento que introduce una enorme inseguridad jurídica en nuestro sistema. Se aplica arbitrariamente y con carácter retroactivo. Permitirá además en un futuro modificar la situación actual de cualquier zona de la playa. Aunque lo que compre hoy sea legal, una modificación del concepto de playa o de los metros de dominio público, puede convertir su propiedad en una concesión (rescatable a bajo precio). Esto ya ha pasado.
Si Europa significa algo es que es un lugar en donde los ciudadanos ven respetados sus derechos por los Estados. El de propiedad no se respeta en este país mientras existan leyes como esa en la que el interés de los ciudadanos queda supeditado al del Estado, y dicho interés lo define el Gobierno de turno.
Sr Presidente, cambie la Ley de Costas para evitar la aplicación retroactiva de la misma sobre propiedades legales. No acepte mas mentiras de los que dicen que en este país las leyes no se aplican con carácter retroactivo porque lo dice la Constitución. Si se hace. Existen numerosos ejemplos y la condena del Parlamento Europeo a España demuestra que esa es la realidad que conocen el resto de nuestros socios. De ejemplo de europeismo y recupere nuestra credibilidad aceptando las recomendaciones del Parlamento Europeo. Si no lo hace difícilmente podrá presentarse como europeísta quien ha sido condenado precisamente por lo contrario.

Alfredo Masó
Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.

jueves, 17 de septiembre de 2009

DESAHUCIANDO A UNA EMBARAZADA

Este hombre que veis aquí es Fernando Ramia. Vive en una casa en la playa de Almenara. La casa fue dada en concesión a su abuela en los años treinta y los ingenieros de costas engañaron a sus padres cuando pidieron el cambio de titularidad. Le dijeron que sí que lo harían pero en vez de eso les entregaron una concesión de quince años. La que tenían era indefinida. Ya sabemos que todas se van al garete en el 2018, pero aún no ha llegado esa fecha.

Fernando es abogado y se dedica al medio ambiente. Suele andar buscando tortugas para hacer estudios que le encargan porque realmente su vocación es de biólogo, pero no pudo estudiar en su momento más que lo que tenía cerca. Hoy lo he invitado a café, pero no se ha atrevido. Ni siquiera era capaz de meterse una cocacola. Ya tiene bastante tensión y ansiedad. Y los nervios de punta. Y el miedo en el cuerpo.

Su esposa se llama Ivana. Es profesora de piano y está embarazada. A los dos los han engañado, aunque sea involuntariamente.

Sabéis que todos tenemos un derecho a la inviolabilidad del domicilio. Está recogido en la Constitución entre los derechos fundamentales de la persona. Para proteger ese derecho, la Constitución dice que nadie puede entrar en tu domicilio sin previa autorización judicial, y la autorización judicial se tiene que dar con audiencia de los interesados. Nadie les ha dado audiencia. Nadie les dijo nada. La abogacía del estado, con esa rutina a la que acostumbra, no los tuvo en cuenta al hacer su reclamación al juzgado, así que su existencia pasó desapercibida, incluso a pesar de que son los únicos habitantes de la vivienda y por tanto las únicas personas a quienes se les había debido notificar. O sea, que la maquinaria judicial se puso a rodar sin que ellos supieran ni media palabra. Y se estaba tramando nada menos que su desahucio, es decir, echarlos a la calle con todas sus pertenencias y recuerdos y después derribar su vivienda. Y ellos no lo sabían.

No sé si os dais cuenta de lo desmanotados que son y de las consecuencias de sus despistes y olvidos. Están dispuestos a sacar por la fuerza de su casa, con ayuda de la policía, a este chico y a su esposa embarazada sin reconocer que han metido la pata.

En el mes de diciembre pasó algo parecido. Había que ayudar a la familia de Patricia y pedí que todo el mundo enviara unos correos. Montones de personas anónimas lo hicieron y dio resultado. Alguien ordenó que a la familia la dejaran tranquila, y ahí siguen, en su casa de toda la vida.

Os voy a pegar aquí un texto que podéis enviar a los jefes y superjefes. Es la misma solicitud que remito yo mismo por fax a la vicepresidenta, ministra, secretario general del mar y directora general. Yo creo que esta ayuda hace falta para parar la barbarie. Si creéis que es una causa justa, por favor, remitid los correos. Y gracias a todos por vuestra colaboración.

TEXTO A REMITIR:

ASUNTO: Lanzamiento de D. Fernando Ramia y su esposa embarazada, de su vivienda en Almenara

TEXTO:

La Demarcación de Costas de Castellón se dispone a incurrir en una vulneración del derecho fundamental de la persona recogido en el artículo 18.2 de la Constitución (inviolabilidad del domicilio).

El próximo día 22 tiene previsto el lanzamiento de D. Fernando Ramia y su esposa embarazada, después de obtener (al parecer) autorización judicial de entrada viciada de graves errores al haberse entendido el procedimiento con personas que no eran los ocupantes de la vivienda, con el resultado de que a estas personas se las va a echar por la fuerza de su domicilio sin ser previamente oídas. De hecho, ni siquiera han podido ver el auto judicial.

La situación ha obligado a formular dos recursos judiciales con solicitud de suspensión cautelar y hemos presentado requerimiento a la Demarcación de Costas de Castellón para que igualmente suspenda transitoriamente la iniciativa.

Por favor ORDENEN a la Demarcación de Costas que SUSPENDA cualquier acto tendente al lanzamiento hasta que los tribunales se pronuncien sobre la suspensión interesada.

INSTRUCCIONES:

Dirección de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa (Alicia Paz Antolín):

apantolin@mma.es

Complementariamente: buzon-dgc@mma.es

Dirección del Secretario General del Mar (Juan Carlos Martín Fragueiro):

sgpesmar@mapa.es

La comunicación a la Vicepresidenta del Gobierno puede hacerse desde esta página:

://www.mpr.es/Contacte+con+el+Ministerio/default.htm

Instrucciones:

Escribir los datos personales. En el apartado ASUNTO poner DESAHUCIO EN ALMENARA. En el apartado A QUIÉN DIRIGIRSE seleccionar OTRA UNIDAD.

En el apartado ESPECIFIQUE CUAL, poner GABINETE VICEPRESIDENTA.

TEXTO DEL MENSAJE:

El anterior.

GRACIAS DE NUEVO.

EN NOMBRE DE FERNANDO, DE IVANA Y TAMBIÉN EN MI NOMBRE

José Ortega

jueves, 27 de agosto de 2009

Ante las declaraciones del Ministerio de MARM publicadas hoy en el diario El País, queremos hacer público una NOTA DE PRENSA

1) La declaración constituye un reconocimiento de las denuncias
contenidas en el Informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, elaborado para la Plataforma y presentado ante el Parlamento Europeo como queja contra España.

2) Resulta especialmente significativo que la Directora General reconozca la práctica abusiva seguida durante veinte años, y denunciada repetidamente por la Plataforma: ignorar el derecho de los afectados a la concesión administrativa prevista como indemnización por la pérdida de su propiedad y al mismo tiempo otorgar dicha concesión, para inmediatamente rescatarla, solo en los casos en los que había prevista una obra pública.
Esto significa dos cosas:
a) dar plenamente la razón a la Plataforma, cuando denunció en la sesión ante el Parlamento Europeo de 20.01.09 que se estaba produciendo un mecanismo de expropiación sin indemnización ....
b) pervertir el ordenamiento jurídico, transformando la concesión en un motivo de intranquilidad y miedo, al ser sinónimo de derribo, en lugar de significar seguridad jurídica y estabilidad, tal como prevé la ley de costas......

3)No es cierto que se vaya a reconocer derechos de concesión a todos los propietarios de casas sobre la arena, tal como publica el País. Desafortunadamente, son muchos los casos en los que la ley no reconoce este derecho. Por ejemplo, cuando los bienes ya habían sido declarados dominio público por un deslinde anterior o cuando el deslinde en cuestión es el primero que se tramita, incluso cuando la vivienda fuera de principios de siglo y estuviera inscrita en el registro de la propiedad. Es incalculable el número de ciudadanos que se encuentran en esta situación, y para los cuáles sigue siendo cierto que en España se practica la expropiación sin indemnización. Precisamente para resolver esos problemas presentamos a los partidos políticos una enmienda a la ley de navegación marítima orientada a que estos ciudadanos pudieran beneficiarse también del derecho de concesión. La iniciativa tenía por objeto evitar los derribos masivos que planeaba el Ministerio de poblados litorales tradicionales y humildes en Canarias, Galicia y otras partes del litoral. La enmienda fue presentada por Coalición Canaria y está en trámite.

4) El Ministerio reconoce que es imposible cuantificar el número de afectados con derecho a la concesión que no son titulares de la misma. Esto es lo mismo que reconocer el impresionante caos administrativo acumulado en la Dirección General de Costas durante estos veinte años, y desde luego se vuelve a dar la razón a la Plataforma cuando denunciaba que los ingenieros de costas solo están interesados en poner la línea, y todo lo demás se lo dejan sin hacer. Este todo lo demás incluye no solo el reconocimiento de las concesiones, cuando proceda, sino también la regularización de los inmuebles en el registro de la propiedad y el catastro. La increíble desidia de los responsables ha dado lugar a una bomba de relojería con la que las viviendas se están comprando y vendiendo, y las ventas se están inscribiendo en el registro de la propiedad, incluso cuando esas propiedades ya no existen por haber pasado al dominio público. El desbarajuste organizado por la propia Administración con su negligencia puede tener unas consecuencias impredecibles cuando los adquirentes se den cuenta de que los derechos que han comprado y pagado no existen. Todo esto obedece a la obsesión de los ingenieros de costas por deslindar a toda velocidad, dejando todo lo demás sin hacer y no reparando en las consecuencias.

5) Las discrepancias sobre el inicio del cómputo para empezar a contar el plazo de la concesión son otra consecuencia de la negligencia de la Dirección General de Costas. El reglamento de costas manda que si los interesados no la reclaman, la Administración otorgará la concesión de oficio, y ellos no han hecho nada en estos veinte años, es decir, no han otorgado ninguna concesión de oficio, excepto las que eran necesarias para proceder a una inmediata demolición. El problema que plantea el diario El País (si el plazo empieza a contarse desde el otorgamiento, los pocos propietarios diligentes, que pidieron y obtuvieron la concesión, se verán comparativamente perjudicados respecto a quienes no hicieron nada, que siguieron y siguen disfrutando de la vivienda sin título durante unos años que no cuentan) nunca se habría originado si la Dirección General de Costas hubiera cumplido con sus obligaciones de otorgar la concesión de oficio después de pasado un año de la aprobación del deslinde. Los responsables se olvidaron total y absolutamente de este aspecto de la cuestión y aquí vemos las consecuencias.

6) La orden de Narbona de 2007 no guarda mucha relación con la sentencia del Tribunal Constitucional 149/91, que tanto respeto mostró por la concesión de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas. Dijo le tribunal que la concesión era el pago en especie por una expropiación, y es razonable pensar que sus términos y condiciones deberían parecerse lo más posible al de la propiedad. Al contrario, Narbona aplicó a estos propietarios privados de sus bienes el régimen general de concesiones del reglamento de costas, es decir, las mismas normas que se aplican a quienes solicitan un espacio público en la arena para, por ejemplo, vender paellas. Entre otras limitaciones carentes de sentido se cuenta la de prohibir la transmisión inter vivos, que puede ser muy apropiada para los chiringuitos pero que resulta humillante para los propietarios desposeídos. Precisamente se dice por ahí que esta prohibición era una herramienta encubierta para que las concesiones así otorgadas carecieran de valor en mercado y de esta manera la Administración pudiera rescatarlas a precios ridículos.

7) El reportaje del País, aún queriendo dar a conocer innegables mejoras adoptadas por el Ministerio de Medio Ambiente, no deja de ser una confesión de caos, irresponsabilidad e ineptitud acumulados en veinte años por los sucesivos responsables de la Dirección General de Costas, unos ingenieros de caminos, canales y puertos, depositarios de altas responsabilidades jurídicas, que demostraron que lo único que les interesaba era poner la línea y que nos han dejado en herencia una catástrofe legal de complicada solución. Sospechamos que el gobierno lo ignoraba todo y que por eso la bola de nieve ha ido creciendo y creciendo. Consideramos que el Ministerio debería hacer una confesión pública expresa y pedir perdón a la sociedad por la negligencia y el desbarajuste, pero también parece clara la necesidad de una reforma muy profunda y severa en la propia Dirección General de Costas, dejando entrar a titulados universitarios dispuestos a respetar los derechos civiles.

8) El mecanismo de las concesiones administrativas como reparación por la pérdida de la propiedad es el testimonio de un país que intenta vivir por encima de sus posibilidades y un fracaso social, político y jurídico. España desea limpiar sus playas pero no tiene dinero para pagar las expropiaciones, así que se inventa ese mecanismo de la concesión, que a muchísimos propietarios no se les reconoce y a otros, aunque se les reconoce, no se les otorga. Incluso en el mejor de los casos, si la Administración hubiera cumplido su propia ley y cada ciudadano estuviera gozando de su concesión, incluso así la fórmula sería pobre, torpe e inadecuada. Aunque el Tribunal Constitucional haya declarado que la concesión es hábil como indemnización, nadie lo entiende, porque toda expropiación exige un justiprecio, esto es, un precio justo, y la concesión será un precio, pero ni es ni puede ser justo porque, por definición, es mucho menos que la propiedad. Por lo tanto, la medida que anuncia hoy el País, siendo simpática, no hace gracia a nadie ya que no hay un solo propietario que se sienta pagado con la concesión. Este es el motivo de que en el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado por la Plataforma, se sustituya la concesión por un precio en dinero, como sucede en todas las expropiaciones.

9) De la misma forma que los ingenieros de costas han sembrado durante veinte años el caos administrativo, el Ministerio está ahora dedicándose a poner parches en lugar de proceder a una reforma meditada, prudente y responsable, pero clara, de la ley de costas, que ha demostrado ser una ley confiscatoria que promueve la expropiación sin indemnización o con indemnización notoriamente insuficiente. El próximo día 1 de enero José Luis Rodríguez Zapatero será presidente de turno de Europa. De esa misma Europa que, a través de su Parlamento, le ha pedido a España que cambie la ley de costas para, entre otras cosas, establecer una compensación suficiente a favor de quienes pierden la propiedad. Esto es lo que tiene que hacer el gobierno. Enfrentarse al problema y resolverlo.

10) La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas es consciente de que estos cambios y reformas se han originado como consecuencia del informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas, su queja ante el Parlamento Europeo y el resto de su actividad de denuncia de los abusos. De no ser por estas denuncias e iniciativas, lo más seguro es que en el Ministerio no hubiera cambiado nada. La actividad de la Plataforma es un buen ejemplo de la necesidad de mantener una conciencia crítica y sobre todo de que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

José Ortega
Portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

Medio Ambiente dará derechos de uso en primera línea del litoral a miles de dueños de casas anteriores a 1988


EL PAIS 27 de Agosto de 2009

El Ministerio de Medio Ambiente ha lanzado un programa de reconocimiento de derechos de los propietarios con casas construidas legalmente en la playa antes de 1988, cuando se aprobó la Ley de Costas. Por mucho que cueste explicarlo y más entenderlo, la Administración pretende así cumplir 20 años después la norma y otorgar a los dueños de las casas la concesión para utilizar sus propiedades en dominio público durante 30 años (ampliables a 60). Como el plazo sólo empieza a contar desde que se otorga la concesión, eso implica que, de facto, la mayoría de los dueños de casas sobre la arena podrán disfrutarlas más de 80 años después de la entrada en vigor de la ley.
La aplicación de la Ley de Costas sigue siendo una utopía más de 20 años después de su aprobación. La norma daba cinco años para completar el deslinde de los 10.191 kilómetros de litoral.
Con el trámite de deslinde, Costas delimita qué es terreno público y cuál puede quedar en manos privadas. Como se basa en criterios geográficos y hay mucho en juego -casi siempre acaba en la Audiencia Nacional- el deslinde se eterniza. Además, en los ocho años del Gobierno del PP apenas avanzaron los deslindes. El resultado es que hoy están deslindados 8.850 kilómetros (el 87%) y de lo que queda el 74% están en proceso, según Medio Ambiente. Sin ese trámite no se puede sancionar a un propietario ni se sabe cuánta gente tiene derecho a una concesión en dominio público.
Ahora, con los deslindes avanzados, Costas pasa a la siguiente etapa: reconocer derechos a los dueños de propiedades en la arena. La ley establece que la playa es pública pero permite a quien tenga una casa construida legalmente antes de la norma que la utilice con una concesión durante 30 años (ampliables a 60 en muchos casos). Ese uso durante décadas era el pago del Estado por la expropiación.
Cumplido el plazo, la propiedad pasa a ser pública y, previsiblemente, demolida para recuperar el uso público.

Sin embargo, como explica la directora general de Costas, Alicia Paz, "el otorgamiento de las concesiones se ha trabajado poco". Las demarcaciones de Costas sí daban una concesión antes de expropiarla para construir un paseo marítimo o cuando había un proyecto para recuperar una playa. Fuera de eso, miles de propietarios que fueron incluidos en un deslinde nunca solicitaron ni obtuvieron una concesión. Costas afirma que es imposible cuantificarlos y que tiene que ir buscando en cada tramo de litoral a cuánta gente afecta.

Costas se encuentra con el problema sobre cuándo debe entrar a contar el plazo, ya que hay sentencias contradictorias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo aún no ha unificado doctrina. La Abogacía del Estado, a una consulta de Costas, consideró que el plazo debe empezar cuando se otorga la concesión, lo que supone el criterio más favorable para el ciudadano. Pero esto tiene un reverso: quien cumplió, pidió y obtuvo una concesión disfrutará mucho menos tiempo de su propiedad que quien no hizo nada. En general, los negocios sí han pedido la concesión, ya que lo necesitaban para invertir. Muchos particulares no tienen el papel.
La concesión se otorgará de acuerdo a una orden ministerial de 2007, en la que deja claro que para hacer grandes reformas hay que pedir permiso a Costas y que
el Estado puede en cualquier momento rescatar la concesión a cambio de una indemnización.
La orden, aprobada en la legislatura de Narbona, reafirma que las concesiones no se pueden comprar ni vender, sólo heredar. El equipo de Elena Espinosa, sin embargo, envió al Congreso en diciembre pasado una reforma de la ley para permitir la compra, pero la reforma ha encallado en el Congreso. El cambio también agiliza el otorgamiento de las concesiones "ya que no es discrecional, tienen derecho, así que evitábamos trámites como la información pública", explica Paz.
El ministerio espera repartir las concesiones sin que se incendie la costa, pero algunos propietarios descubrirán que compraron propiedades que creían suyas y que en realidad son una concesión. Esto es así porque en la práctica el Registro de la Propiedad y el Catastro no informan de las servidumbres de la Ley de Costas. Paz explica que espera tener listo antes de fin de año un convenio con el Catastro para que incorpore la ley. Cuando alguien adquiere un chalé, el notario d el catastro y alertar al comprador.
Otro previsible problema será el que tienen terrenos baldíos en primera línea. En esos casos, Medio Ambiente considera que no tienen derecho a concesión, ya que no tienen ningún aprovechamiento y pasarán inmediatamente a ser propiedad pública.
http://www.elpais.com/articulo/espana/retraso/ley/eleva/anos/uso/privado/playa/elpepunac/20090827elpepinac_13/Tes

martes, 11 de agosto de 2009

ACCIÓN Por favor, que cada uno de vosotros copie el texto que figura abajo (en cursiva) y lo envíe a las siguientes direcciones de correo.


Ya sabéis que el Ministerio de Medio Ambiente ha prohibido el acceso a los expedientes de deslinde archivados y la consulta de la totalidad de los documentos de los que están en trámite. Sabéis que el otro día tuve que presentar una denuncia por coacciones en el juzgado de instrucción de guardia y que se armó tal revuelo en prensa que la Subdelegada del Gobierno en Alicante tuvo que interrumpir sus vacaciones para atender a la minicrisis y por lo visto coordinar con Medio Ambiente una desafortunada nota de prensa con razones especialmente idiotas, como por ejemplo acusarme de no acreditar la representación.
Por lo demás, la cosa tiene toda la pinta de seguir exactamente igual. A la Ministra le envié una queja hace ya tiempo y se ve que la ha usado para envolver un bocadillo. Yo no sé si os podéis hacer una idea de la gravedad de la situación.
Como no paro de repetir desde hace semanas, ahora ya no estamos ante un problema de la ley de costas, sino ante una cuestión de derechos civiles.
Que te vayan a tirar al suelo la casa y que no puedas saber por qué, es algo sencillamente inimaginable.
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Yo ya he hecho de todo: queja a la Espinosa, al servicio de inspección, a la Directora General, al Zapatero y a la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. Y denuncia por coacciones, claro. Vamos a probar ahora, si os parece, a inundarle los buzones a estos señoritos y señoritas de la moqueta espesa, el coche oficial y el guardaespaldas, a ver si caen en la cuenta de que no somos ganado y de que la yunta es para los bueyes, no para las personas.
No, no somos ganado.
Vamos a enviarle esta nota al Presidente, la Vicepresidenta, el Secretario General del Mar y la Directora General.
Por favor, que cada uno de vosotros copie el texto que figura abajo y lo envíe a las siguientes direcciones de correo (y pedid que vuestros amigos hagan lo mismo, solo así funcionará):

Dirección de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa (Alicia Paz Antolín):
apantolin@mma.es
Complementariamente: buzon-dgc@mma.es

Dirección del Secretario General del Mar (Juan Carlos Martín Fragueiro):
sgpesmar@mapa.es

Dirección del gabinete de la Moncloa:
bzlamoncloa@mpr.es

La comunicación a la Vicepresidenta del Gobierno puede hacerse desde esta página:
www.mpr.es/Contacte+con+el+Ministerio/default.htm

Instrucciones:Escribir los datos personales.
En el apartado ASUNTO poner DENEGACIÓN DE ACCESO A EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.
En el apartado A QUIÉN DIRIGIRSE seleccionar OTRA UNIDAD.
En el apartado ESPECIFIQUE CUAL, poner GABINETE VICEPRESIDENTA.

TEXTO DEL MENSAJE:
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha prohibido de hecho la consulta de los expedientes de deslinde archivados y el acceso a todos los documentos de los proceimdientos de deslinde en trámite. La medida parece que cuenta con el respaldo de la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Las excusas son varias y deficientes:

1) Que con la consulta pueden verse comprometidos datos de la intimidad de las personas, tales como el domicilio o el teléfono (datos disponibles en el listín telefónico, incluyendo los de Alicia Paz y Juan Carlos Martín Fragueiro)
2) Que es preciso indicar uno a uno los documentos del expediente que se desean consultar (absurdo, puesto que los interesados ignoran los documentos contenidos en el expediente, y justamente por eso necesitan su consulta)
3) Que el expediente está en los tribunales (ilegal, puesto que la ley obliga a guardar una copia).

La medida violenta la Constitución, la ley y las directivas Europeas que regulan la consulta de información medioambiental, y resulta una agresión brutal contra los derechos civiles más elementales. El Ministerio está planeando el derribo de un buen número de viviendas de ciudadanos españoles y europeos y la consulta de los expedientes de deslinde, aunque estén archivados, es imprescindible para su defensa. Con esta prohibición se está amordazando a estas personas de forma vergonzosa e impropia de un Estado democrático.

Por favor, RETIREN INMEDIATEMENTE la medida y den instrucciones para que no se vuelva a impedir a ningún ciudadano, o a sus representantes, el acceso a un expediente archivado, sea de deslinde o de cualquier otra materia.
FIN

José Ortega

domingo, 2 de agosto de 2009

SAPOS y CULEBRAS:- Para Qué Sierve Ver Los EXPEDIENTES

Muchos sabéis que en muchos casos, la última llamada de un ciudadano desesperado porque va a perder la vivienda es la que me hacen a mí. ... Y yo, como George de la Jungla, tengo suerte y detengo esos derribos ... Parte de ese éxito viene porque no me creo nada. Ni de la resolución de los expedientes, ni de las sentencias judiciales, ni de la apariencia, ni de nada. Cuando me preguntan si aún hay algo que se pueda hacer, primero pido ver el expediente. Me da igual que sea un expediente archivado con todas las presunciones del mundo de que el tema está ya resuelto y es definitivo. A esas presunciones no les tengo ningún respeto porque cuando abro una carpeta suelo encontrarme sapos y culebras. Unos sapos y culebras que por lo visto se vuelven estacionalmente invisibles, porque antes que yo no los había visto nadie....
Se trata de una vivienda construida al parecer ilegalmente dentro de la servidumbre de protección, un asunto feo y difícil. ...
Pero tomo el tren y me voy a la Dirección General de Costas para examinar el expediente....... la funcionaria, me atiende tan excelentemente como lo viene haciendo desde hace ya años. Con solo pedirlo, en cinco minutos tengo sobre la mesa los papeles. Yo tengo el ojo muy avisado, no para las puntas de flecha, sino para los sapos y culebras que permanecen invisibles para la mayoría.
Y allí estaban mis sapos y culebras.
La zona es un acantilado. La casa se estaba construyendo cuando se iniciaron las operaciones de deslinde. Hay en los papeles una nota más que reveladora que dice que por allí la señora X estaba edificando, pero fuera de la servidumbre de protección. Estupendo: la casa NO estaba en la servidumbre de protección. . Cogen y dicen que como han medido el acantilado y tiene menos de sesenta grados, no procede poner el dominio público marítimo terrestre por su coronación, sino situarlo abajo, junto a la ribera del mar, coincidiendo con el alcance de los temporales (esto puede ser un poco técnico, lo siento. Ved el art. 4 de la ley de costas y su equivalente del reglamento).. En lugar de bajar el dominio público marítimo terrestre al pie del acantilado, suben la ribera del mar hasta su coronación.. Al subir erróneamente la ribera del mar a la coronación del acantilado, la servidumbre de protección se movió hacia el interior, ya que se cuenta justamente desde la ribera del mar. Con esto la casa quedó dentro de la servidumbre de protección.
Y luego, claro, vino el gobierno de Canarias, muy digno, y dijo: oiga usted, que ha construido ilegalmente en servidumbre de protección, pues ahora le tiro la casa abajo, hale.
La metedura de pata de los ingenieros de costas es doble:
-Por una parte no notificar a los propietarios que la casa había pasado a estar incluida dentro de la servidumbre de protección -La vivienda NO está y NUNCA estuvo en servidumbre de protección.
¿Os dais cuenta del despropósito? ¿No veis cómo estamos conducidos y administrados por unos burros? Y lo principal ¿Os dais cuenta de lo importante que es que DEJEN VER LOS EXPEDIENTES? Es patético pensar que si me hubiera retrasado solo dos meses en consultar el expediente de este señor, su casa se vendría abajo y todos estos desalmados tan contentos y tan convencidos de haber cumplido con su deber y de que se hubiera hecho justicia.
Pues bien, esto es lo que quieren impedir: La claridad, la verdad y la justicia. Quieren ocultar sus miserias, sus vergüenzas y sus errores.

El otro día he descubierto otra igual. Hace unos meses se derribaron dos viviendas en la isla del Hierro. Era el mismo caso, unas viviendas en servidumbre de protección. Fui otra vez a Madrid a ver el expediente y me quedé a cuadros cuando leí un informe del Ayuntamiento de Valverde que decía que los terrenos ya eran urbanos antes de 1988, lo que significa que la servidumbre de protección tendría que haber tenido una anchura de 20 metros, no de 100, y que por tanto esas dos viviendas tampoco estaban en la servidumbre, sino en t,errenos hábiles para construir. Ahora ya no puedo revisar estos abusos y estos errores. Ni yo ni ningún otro abogado o afectado.
Ya sabéis lo que dicen. Por un clavo se perdió una herradura, por una herradura un caballo, por un caballo un general y por un general una guerra.
En todos estos años los funcionarios no sabían cómo me llamaba (no solo no pedían poderes, ni siquiera te preguntaban quién eras, lo que hasta a mí me sorprendía). En la siguiente visita empezaron los problemas. Tienen la resolución del Parlamento Europeo sentada en la boca del estómago y son incapaces de digerirla. Y saben quién es el culpable.
Esto que están haciendo con la prohibición de acceso a los expedientes es un crimen. Hay muchas familias que van a llorar viendo cómo les echan abajo las casas solo porque los ingenieros de costas han decidido impedir todo derecho de defensa. El Estado no puede permitirse esta lacra. Debería quitar de en medio a los responsables, sean quienes fueren, de estas prácticas propias de la mafia.
Sabéis que han publicado una nota de prensa metiéndose conmigo y diciendo, los cachondos, que cuando pido que me dejen ver los procedimientos pretendo un trato de favor. También dicen que los expedientes no se pueden ver íntegros para preservar el derecho a la intimidad de las personas que aparecen ahí, y ponen como ejemplo la dirección y el teléfono. Esto no vale ni siquiera como chiste, solo como evidencia de que carecen de argumentos, están contra las cuerdas y de su boca solo salen idioteces. Cuando leí estas razones, me fui a buscar por Internet, en las páginas blancas de telefónica, la dirección y el teléfono de la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y de su jefe, el Secretario General del Mar. Tardé segundos en obtener los datos. Esta es la pretendida intimidad que quieren preservar.
Podéis hacer la prueba: Id a páginas blancas de telefónica y escribir ALICIA PAZ ANTOLÍN y en la provincia MADRID. Y luego lo mismo con JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO. No pongo aquí sus datos , pero son del dominio público.
En fin. Yo pongo un contencioso administrativo, la Sala reclama el expediente, y lo tengo en mi despacho durante un mes para hacer con él lo que quiera, incluyendo anotar los nombres, direcciones y teléfonos de todo Quisque. Al tribunal por lo visto esto no le preocupa. Pero el mismo expediente no puedo verlo en las oficinas de la Administración por culpa de que ahí hay teléfonos y direcciones. Nada tiene sentido y desde luego que esta batalla la van a perder, porque no pueden ir contra toda una cultura y toda una civilización. Esto que están haciendo son como fuegos fatuos de fascismo que aparece en forma de llamarada pero que se extingue en seguida.
Fuerza para todos.

José Ortega

http://costasmaritimas.wordpress.com/2009/08/02/para-que-sirve-ver-los-expedientes/

lunes, 27 de julio de 2009

La ola de Costas barrerá la provincia antes de fin de año

Medio Ambiente litigará contra dos mil propietarios de pisos e inmuebles situados en primera línea de litoral por la aplicación del dominio marítimo-terrestre

IGNACIO MARTÍN
SANTA POLA

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, ha expresado su intención de acelerar la apertura de los diversos expedientes de deslinde pendientes de resolver en la Comunidad Valenciana, que es la franja de costa del país donde restan más kilómetros de terreno por recuperar para el Dominio Público. Pero esta determinación del gobierno de Zapatero por aplicar una interpretación de la Ley de Costas, que muchos consideran retroactiva, choca con las múltiples reacciones de oposición que ha suscitado, tanto a nivel nacional como internacional.

El propósito del Ministerio de Medio Ambiente es, el de resolver el espinoso asunto «antes de que finalice este año». Lo que convierte a la provincia de Alicante en el ojo del huracán de una disputa sobre la que están abiertos varios centenares de procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales, por la gran cantidad, y variedad de condición, de los afectados por la aplicación de esta ley que pueden contarse diseminados por todo el litoral español. Un conflicto entre el derecho constitucional a la propiedad y el único debilitamiento de este mismo derecho que la Carta Magna contempla. Es decir, frente al principio del «interés social colectivo». Un interés general que, para la Dirección General de Sostenibilidad del Mar, estaría representado por su obligación «de garantizar la sostenibilidad de las costas». En la provincia de Alicante, y en todo el territorio insular y peninsular del litoral español.
Pero, para el caso de nuestra provincia, el tiralíneas expropiatorio de Costas, va a tener mucho más trabajo que desplegar. Contando con que las cifras de personas que se declaran víctimas de esta ley, podrían convertir el programa del gobierno para recuperar la propiedad de la costa, en una batalla legal contra miles de pequeños propietarios de Alicante. De consecuencias impredecibles.
LA APLICACIÓN DE LA LEY
247 kilómetros que vuelven al Estado
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EL CASO DE SANTA POLA
Tres décadas después con los papeles
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ARENALES DEL SOL
La raya deja fuera 800 viviendas
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Las cifras presentan un panorama en el que hará falta mucho más que una buena calculadora, para medir las consecuencias sociales de este conflicto que afecta a miles de familias propietarias de negocios o viviendas en nuestra provincia.
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La condena, con todos los votos del Parlamento Europeo (PE) -excepto los europarlamentarios españoles del PSOE y el PP-, ha motivado preguntas de consulados o embajadas sobre «el estado del derecho a la propiedad en el Reino de España»; y cierto desconcierto entre los sectores económicos vinculados al turismo residencial de extranjeros de la Costa Blanca.
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se han escuchado algunas voces de alarma, sobre las consecuencias de «inseguridad jurídica» que puede acarrear, el redibujo que los ingenieros de Costas, quieren imponer sobre los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad a la aprobación de la actual Ley de Costas.

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lunes, 20 de julio de 2009

«Propio de Torquemada»


LA (SANTA) INQUISICIÓN HA RESUCITADO
Julio 20, 2009

Ved lo que publica hoy LA VERDAD de Alicante. A tres columnas en la portada y a página completa en el interior.
Nos encotramos ante un proceso de descomposición democrática que requiere una intervención urgente. Tenéis que saber que por el momento la queja de nueve folios que presenté, razonada y fundamnetada, ante la Inspección General de Servicios, no está dando resultado hasta el extremo de que el jueves me llamaron para decirme que habían pasado el asunto al servicio de quejas y sugerencias de los ciudadanos, que es como el buzón de sugerencias donde puedes pedir más papeleras, yque me contestarían con la respuesta que diera la Directora General del ramo. No deja de ser cachondo, cuando es esta misma señora la que ha dado al parecer la orden de prohibición de ver los expedientes.
Lo he denunciado de nuevo ante el Parlamento Europeo, pero como todo eso es lento y la familias que necesitan la consulta precisan una solución ya, nuestor único apoyo es la prensa, como suele suceder. Os tengo que pedir que vayáis a la página digital de LA VERDAD, busquéis este artículo y dejéis allí un comentario. ES MUY IMPORTANTE QUE DEJÉIS EL COMENTARIO, porque esto demostrará al ´periódico que el asunto interesa y puede que sigan investigándolo en llugar de dejarlo morir y con esto dejarnos morir a nosotros.
Por favor, acudid a la edición digital del periódico, dejad el comentario, y reproducid esta petición a vuestros amigos y contactos para que lo hagan también. Ni siquiera hace falta que sean comentarios favorables. Es suficiente con que se vea que hay muchas persoans interesadas en el reportaje.


Vínculo: Denuncian «por coacciones» a la Dirección de Costas por ocultar el deslinde de Jávea

Hoy expira el plazo concedido por el Ministerio de Medio Ambiente para que los propietarios de unos 100 chalés emplazados en el Cabo de la Nao, en el término municipal de Jávea, puedan presentar alegaciones a la modificación de la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre (DMPT).
Los propietarios de estas viviendas, pertenecen, en su mayoría, a familias acomodadas de procedencia alemana, que residen o tienen su segunda residencia en este municipio de Alicante. La noticia de que la Dirección Provincial de Costas en Alicante ha negado el acceso a parte de la información del expediente de deslinde generaba un gran malestar entre los vecinos residentes en la zona. Una inquietud que les ha mantenido en vilo durante el fin de semana, dado que hoy, lunes finaliza el plazo para que los propietarios afectados puedan presentar alegaciones, tras cumplirse los 15 días posteriores al acto de apeo del pasado 2 de julio.
El asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, José Ortega, presentó el pasado jueves una denuncia en el Juzgado número cuatro de Instrucción de Alicante, dirigida contra el funcionario responsable de los expedientes de deslinde de la Jefatura Provincial de Costas, ubicada en la alicantina Plaza de la Montañeta, por un «delito de coacción contra mi representado».
Sin notificación
Ortega afirma que uno de los pocos afectados españoles de este deslinde al que representa, «no ha recibido ningún tipo de notificación» y, además, «le niegan el acceso al expediente completo que le afecta para impedir el ejercicio de la defensa a su representante legal».
El abogado alega en su denuncia que esta actitud de Costas «vulnera el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo». Una Ley promulgada para garantizar, según argumenta Ortega, «el acceso sin restricción por parte de los ciudadanos afectados, al estado de tramitación de los expedientes en curso».
El representante legal de la Plataforma Nacional ha enviado ya un escrito al Ministerio de Medio Rural y Marino, dirigido por Elena Espinosa, protestando por la misma situación de bloqueo informativo.
Además, Ortega ha dirigido otra protesta por la misma situación respecto a la negación de parte de los documentos que contiene el expediente del deslinde de Playa Lisa, en la localidad de Santa Pola. En este último texto, de un folio de extensión y dirigido a la Dirección Provincial de Costas, José Ortega denuncia «la misma indefensión para los vecinos de Playa Lisa».
Según ha declarado a este diario José Ortega, el abogado tiene previsto trasladar esta situación de indefensión hacia los compatriotas alemanes, ante el cónsul general de este país, en Madrid. El letrado ha enviado este sábado un escrito al titular del consulado, adelantándole «lo perentorio de la situación por el abuso grave que se está produciendo en Jávea contra estas viviendas de ciudadanos alemanes».
El abogado de la Plataforma Nacional explica en esta comunicación al cónsul de Alemania lo que él considera «una reacción de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa a la resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009». En referencia a la condena «por prácticas abusivas en relación con la Ley de Costas» que contó con la de la mayoría de los votos del Parlamento Europeo (PE).
La reacción del Gobierno Español ante dicha condena del Parlamento Europeo, consistiría, según la denuncia manifestada por el representante legal de la mayoría de los afectados en nuestra provincia «en bloquear la posibilidad de conocer el expediente a los defensores de los ciudadanos afectados».
«Hasta ahora nunca se había producido un problema así», añade José Ortega, después de una semana de peleas administrativas con los funcionarios de Costas de la Plaza de La Montañeta. «Las restricciones del acceso a los expedientes comenzaron en el pasado mes de mayo; y son totalmente contrarias a la Constitución, a la ley y a las directivas de la UE», añade.
«Propio de Torquemada»
El abogado, que está litigando en todos los frentes de la costa española contra los expedientes de expropiación y derribo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, ha declarado a este diario «no haber visto nunca, desde que ejerzo el Derecho ninguna situación tan parecida al código de justicia del inquisidor Torquemada, en la cual las víctimas eran condenadas sin poder conocer ni si quiera los motivos y las argumentaciones de las acusaciones que se dirigían contra ellos».


IGNACIO MARTÍN SANTA POLA 20 de Julio de 2009


foto JOSE IGLESIAS

domingo, 12 de julio de 2009

El Silencio del Cordero

Julio 9, 2009
El Ministerio no está para sutilezas. Acaba de declararle directamente la guerra a los ciudadanos mediante una medida por la cual prácticamente hace imposible la consulta de los expedientes de deslinde (y supongo que también de los otros).
Hasta hace un mes tú ibas, pedías ver un expediente archivado y te lo sacaban, sin más. Ahora no. Ya no te los dejan. No te lo prohíben, claro, se creen muy sutiles. Vienes con idioteces como que si ves el expediente puedes lesionar la intimidad de las personas cuyos datos personales aparecen allí, o recurren a un clásico del obstruccionismo, como es exigirte que les digas qué documentos concretos son los que deseas consultar. Como si lo supieras. Por eso precisamente quieres ver el expediente, para saber qué hay dentro.
Empezaron a darme la lata en mayo. Me dijeron que a partir de entonces la consulta la tendría que solicitar por escrito, pero el jefe de área, José Ramón Martínez Cordero, no resolvía. Solo decía a la funcionaria “dile que ya le contestaremos”. Esto me hacía temer que la contestación sería un esperpento como así ha sido. Hace dos días el silencio de Martínez Cordero se ha roto y he recibido una carta de Alicia Paz en la que pretende convencerme de que el derecho que reclamo no existe. Y me viene con el cuento tontito de que le especifique qué documentos del expediente son los que quiero consultar. Se trata de una lectura intencionadamente torcida del artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando afirma que no será admisible la consulta genérica de una materia o grupo de materias. Ellos lo leen mal de propósito y te reinterpretan la ley diciendo que no puedes pedir la consulta de un conjunto de documentos (entienden el expediente como ese conjunto de documentos, no como un documento único). Por eso te exigen que especifiques qué quieres ver. Ya me he visto en esta situación unas cuantas veces en el pasado, pero de la mano de funcionarios que habían mamado una doctrina venenosa impartida por fascistas enemigos del pueblo cuya consigna es asfixiar los derechos individuales. Ahora es distinto. Es la primera vez que el ya famoso pretexto me lo ponen por escrito. Y me lo pone la misma Alicia. Se ve que el ideólogo aún ronda por la Dirección General y se lo ha soplado al oído. Y ella lo firma. Por lo visto se creen muy ingeniosos, pero me parece que no se han mirado al espejo.
Ayer, en la jefatura de costas de Alicante, tres cuartos de lo mismo. Pero en esta ocasión era un expediente en trámite. Pedí verlo y en vez de eso me pusieron sobre la mesa el menú del día: Un paquete de documentos inocuos entre los que se encontraban mis propias alegaciones, por si acaso sentía la curiosidad de releerlas. No estaban, entre otros documentos, los escritos de los otros interesados. Cuando examino un expediente archivado las alegaciones presentadas me la traen al fresco y me alivia quitarme de en medio esas gruesas carpetas. Pero cuando el procedimiento está en trámite es distinto, porque lo que hayan escrito los demás puede perjudicar lo que yo escriba (o viceversa).
La excusa: que no tenía derecho a consultar esos otros documentos porque al hacerlo podía lesionar la intimidad de las personas. Sí, cierto. Por ejemplo, conocer su domicilio, que puedo conseguir en el listín telefónico. O los datos de su vivienda, que puedo obtener en un registro público como el registro de la propiedad. En algunos casos puede resultar terrible que el vecino del quinto haya presentado un escrito de alegaciones y que yo pueda enterarme de su domicilio, es decir, acceder a la verdad misteriosa de que el vecino del quinto es el vecino del quinto. Terrible de la muerte.
Bueno, no sé. Yo creo que una cosa es ser malo y otra es ser patético. Estos son patéticos. Si tuvieran que ganarse la vida en la calle, se morirían de hambre o irían corriendo a llamar a su mamá. Hacen falta ciertas cualidades muy especiales, o mejor ciertas carencias esenciales, para hacerle eso a las personas, decirles que no pueden consultar un expediente del que se puede derivar el derribo de sus viviendas, no vaya a ser que lesionen la intimidad de alguien conociendo su domicilio. O con casuísticas aún más marcianas. En Madrid me dijeron que había una persona que se había presentado allí diciendo que estaba amenazada por ETA. Y eso lo empleaban como argumento para impedirme consultar un expediente de deslinde. Si alguien entiende la relación, por favor que me remita un correo electrónico instruyéndome.
Por supuesto que en Alicante no sirvieron las protestas.
-Lo ha dicho la asesora jurídica -me decía el funcionario encargado de defender lo indefendible.
-Quiero hablar con ella –decía yo, muy convencido.
-No está.
No, no estaba. O no quería estar. O lo que sea. Llamé a la Paca Baraza (ya sabéis, bióloga que trabaja de jefa en Murcia), que está en funciones. Tampoco estaba de cuerpo presente. Había salido al Mar Menor a inaugurar depuradoras con la Ministra.
Redacté una queja, la registré de entrada, y salí de allí con una experiencia nueva. ...
Bueno bueno… esto es una guerra contra el pueblo, una guerra feroz con la que pretenden impedir toda defensa frente a sus abusos, pero una guerra que los todopoderosos señores y señoras van a perder. Puede que me quiten tiempo y energía, pero van a perder, y no porque yo sea un tipo indómito que no falla una, sino porque esta jugada también es (como otras que he comentado en otros momentos) de pista central de circo, pero no del numerito de los trapecistas, sino de los payasos.
No creo que quepan muchas dudas de que están haciendo una digestión muy pesada de la decisión del Parlamento Europeo y de que ésta es su respuesta, como el coletazo de un dinosaurio moribundo. Saben que la información de la que se nutre mi informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas la saqué de sus propios archivos y se han conjurado para no volver a pasar nunca más esa vergüenza. Para que nadie pueda escarbar y descubrir y denunciar sus errores, abusos y mal hacer. Pero esta reacción es propia de personas inmaduras, que han perdido el norte, o los papeles, o el sentido, o un tornillo, o la dignidad, o todo.
Por más coches oficiales que tengan, ni tienen razón ni pueden ir contra la ley ni pueden oponerse a toda una cultura europea basada en la democracia, en la dignidad del individuo y en los derechos de los ciudadanos. Las personas que necesitan consultar los expedientes no lo hacen por capricho: sus casas peligran. Incluso aunque los expedientes estén archivados, eso da igual. Siempre cabe la defensa. Pero, claro, los que ordenan a las máquinas derribar viviendas adquiridas legalmente antes de la ley de costas son los que impiden la consulta de los expedientes y por tanto un recurso que pueda paralizar las máquinas. Es como un combate de boxeo en el que un contrincante lleva puños de hierro y el otro sale al ring con los ojos vendados y un brazo atado a la espalda. El Inquisidor Torquemada estaría complacido.
El día 25 formulé una queja ante la inspección de servicios del propio Ministerio. El jefe de servicio me dio la razón. De hecho se asombraba ante lo que le estaba contando, aunque los que tienen que contestar están dentro y ya veremos. El otro día le puse una epístola a la Ministra. No creo que salga nada de ahí, a lo mejor la iniciativa incluso ha partido de ella. Hoy le he contestado a Alicia Paz. Le cuento que no tiene el menor derecho a exigirme que le diga qué documentos son los que quiero consultar, pero añado, por darle el capricho y seguir este juego de tarados, que los que quiero ver son TODOS, del primero al último. A ver qué le sopla ahora al oído el bufón de turno. Seguramente otro chascarrillo idiota para seguir haciendo burla de una cosa seria como el derecho de defensa. Por supuesto que le he comentado que su conducta puede ser delictiva (es delito de coacciones impedir a otro hacer algo que la ley no prohíbe y de prevaricación dictar una resolución injusta a sabiendas), pero a mí de momento me da pereza ponerme a formular querellas. Hace demasiado calor.
También he presentado una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, como ampliación de la ya famosa presentada en 1 de febrero de 2008, que tan buenos resultados ha dado. Creo que los diputados europeos lo pasarán muy bien estudiando cómo Alicia Paz se burla de las dos directivas europeas que garantizan el acceso a la información medioambiental.
He remitido el caso a unos diputados del Congreso muy simpáticos encargándoles que por favor hagan una pregunta al gobierno, o algo. Lo he comentado con Greenpeace: Están conmigo. He hablado con la prensa, y singularmente con mi amigo y paisano Rafa Méndez, del País. Dice que va a hacer un reportaje, aunque no sé cómo diablos piensa redactarlo, ya que por lo que creo en su periódico está prohibido escribir mi nombre. Supongo que en estos días saldré de dudas.
Esta batalla la van a perder. De hecho, me sorprende que hayan sido tan torpes como para iniciarla. Por lo visto se creen que el poder lo es todo, que pueden hacer cualquier cosa, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie.
José Ortega
Abogado, colegiado núm. 4941