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"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
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lunes, 27 de julio de 2009

La ola de Costas barrerá la provincia antes de fin de año

Medio Ambiente litigará contra dos mil propietarios de pisos e inmuebles situados en primera línea de litoral por la aplicación del dominio marítimo-terrestre

IGNACIO MARTÍN
SANTA POLA

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, ha expresado su intención de acelerar la apertura de los diversos expedientes de deslinde pendientes de resolver en la Comunidad Valenciana, que es la franja de costa del país donde restan más kilómetros de terreno por recuperar para el Dominio Público. Pero esta determinación del gobierno de Zapatero por aplicar una interpretación de la Ley de Costas, que muchos consideran retroactiva, choca con las múltiples reacciones de oposición que ha suscitado, tanto a nivel nacional como internacional.

El propósito del Ministerio de Medio Ambiente es, el de resolver el espinoso asunto «antes de que finalice este año». Lo que convierte a la provincia de Alicante en el ojo del huracán de una disputa sobre la que están abiertos varios centenares de procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales, por la gran cantidad, y variedad de condición, de los afectados por la aplicación de esta ley que pueden contarse diseminados por todo el litoral español. Un conflicto entre el derecho constitucional a la propiedad y el único debilitamiento de este mismo derecho que la Carta Magna contempla. Es decir, frente al principio del «interés social colectivo». Un interés general que, para la Dirección General de Sostenibilidad del Mar, estaría representado por su obligación «de garantizar la sostenibilidad de las costas». En la provincia de Alicante, y en todo el territorio insular y peninsular del litoral español.
Pero, para el caso de nuestra provincia, el tiralíneas expropiatorio de Costas, va a tener mucho más trabajo que desplegar. Contando con que las cifras de personas que se declaran víctimas de esta ley, podrían convertir el programa del gobierno para recuperar la propiedad de la costa, en una batalla legal contra miles de pequeños propietarios de Alicante. De consecuencias impredecibles.
LA APLICACIÓN DE LA LEY
247 kilómetros que vuelven al Estado
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EL CASO DE SANTA POLA
Tres décadas después con los papeles
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ARENALES DEL SOL
La raya deja fuera 800 viviendas
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Las cifras presentan un panorama en el que hará falta mucho más que una buena calculadora, para medir las consecuencias sociales de este conflicto que afecta a miles de familias propietarias de negocios o viviendas en nuestra provincia.
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La condena, con todos los votos del Parlamento Europeo (PE) -excepto los europarlamentarios españoles del PSOE y el PP-, ha motivado preguntas de consulados o embajadas sobre «el estado del derecho a la propiedad en el Reino de España»; y cierto desconcierto entre los sectores económicos vinculados al turismo residencial de extranjeros de la Costa Blanca.
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se han escuchado algunas voces de alarma, sobre las consecuencias de «inseguridad jurídica» que puede acarrear, el redibujo que los ingenieros de Costas, quieren imponer sobre los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad a la aprobación de la actual Ley de Costas.

ARTICULO COMPLETO

lunes, 20 de julio de 2009

«Propio de Torquemada»


LA (SANTA) INQUISICIÓN HA RESUCITADO
Julio 20, 2009

Ved lo que publica hoy LA VERDAD de Alicante. A tres columnas en la portada y a página completa en el interior.
Nos encotramos ante un proceso de descomposición democrática que requiere una intervención urgente. Tenéis que saber que por el momento la queja de nueve folios que presenté, razonada y fundamnetada, ante la Inspección General de Servicios, no está dando resultado hasta el extremo de que el jueves me llamaron para decirme que habían pasado el asunto al servicio de quejas y sugerencias de los ciudadanos, que es como el buzón de sugerencias donde puedes pedir más papeleras, yque me contestarían con la respuesta que diera la Directora General del ramo. No deja de ser cachondo, cuando es esta misma señora la que ha dado al parecer la orden de prohibición de ver los expedientes.
Lo he denunciado de nuevo ante el Parlamento Europeo, pero como todo eso es lento y la familias que necesitan la consulta precisan una solución ya, nuestor único apoyo es la prensa, como suele suceder. Os tengo que pedir que vayáis a la página digital de LA VERDAD, busquéis este artículo y dejéis allí un comentario. ES MUY IMPORTANTE QUE DEJÉIS EL COMENTARIO, porque esto demostrará al ´periódico que el asunto interesa y puede que sigan investigándolo en llugar de dejarlo morir y con esto dejarnos morir a nosotros.
Por favor, acudid a la edición digital del periódico, dejad el comentario, y reproducid esta petición a vuestros amigos y contactos para que lo hagan también. Ni siquiera hace falta que sean comentarios favorables. Es suficiente con que se vea que hay muchas persoans interesadas en el reportaje.


Vínculo: Denuncian «por coacciones» a la Dirección de Costas por ocultar el deslinde de Jávea

Hoy expira el plazo concedido por el Ministerio de Medio Ambiente para que los propietarios de unos 100 chalés emplazados en el Cabo de la Nao, en el término municipal de Jávea, puedan presentar alegaciones a la modificación de la línea del Dominio Público Marítimo Terrestre (DMPT).
Los propietarios de estas viviendas, pertenecen, en su mayoría, a familias acomodadas de procedencia alemana, que residen o tienen su segunda residencia en este municipio de Alicante. La noticia de que la Dirección Provincial de Costas en Alicante ha negado el acceso a parte de la información del expediente de deslinde generaba un gran malestar entre los vecinos residentes en la zona. Una inquietud que les ha mantenido en vilo durante el fin de semana, dado que hoy, lunes finaliza el plazo para que los propietarios afectados puedan presentar alegaciones, tras cumplirse los 15 días posteriores al acto de apeo del pasado 2 de julio.
El asesor jurídico de la Plataforma Nacional de Afectado por la Ley de Costas, José Ortega, presentó el pasado jueves una denuncia en el Juzgado número cuatro de Instrucción de Alicante, dirigida contra el funcionario responsable de los expedientes de deslinde de la Jefatura Provincial de Costas, ubicada en la alicantina Plaza de la Montañeta, por un «delito de coacción contra mi representado».
Sin notificación
Ortega afirma que uno de los pocos afectados españoles de este deslinde al que representa, «no ha recibido ningún tipo de notificación» y, además, «le niegan el acceso al expediente completo que le afecta para impedir el ejercicio de la defensa a su representante legal».
El abogado alega en su denuncia que esta actitud de Costas «vulnera el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo». Una Ley promulgada para garantizar, según argumenta Ortega, «el acceso sin restricción por parte de los ciudadanos afectados, al estado de tramitación de los expedientes en curso».
El representante legal de la Plataforma Nacional ha enviado ya un escrito al Ministerio de Medio Rural y Marino, dirigido por Elena Espinosa, protestando por la misma situación de bloqueo informativo.
Además, Ortega ha dirigido otra protesta por la misma situación respecto a la negación de parte de los documentos que contiene el expediente del deslinde de Playa Lisa, en la localidad de Santa Pola. En este último texto, de un folio de extensión y dirigido a la Dirección Provincial de Costas, José Ortega denuncia «la misma indefensión para los vecinos de Playa Lisa».
Según ha declarado a este diario José Ortega, el abogado tiene previsto trasladar esta situación de indefensión hacia los compatriotas alemanes, ante el cónsul general de este país, en Madrid. El letrado ha enviado este sábado un escrito al titular del consulado, adelantándole «lo perentorio de la situación por el abuso grave que se está produciendo en Jávea contra estas viviendas de ciudadanos alemanes».
El abogado de la Plataforma Nacional explica en esta comunicación al cónsul de Alemania lo que él considera «una reacción de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa a la resolución del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009». En referencia a la condena «por prácticas abusivas en relación con la Ley de Costas» que contó con la de la mayoría de los votos del Parlamento Europeo (PE).
La reacción del Gobierno Español ante dicha condena del Parlamento Europeo, consistiría, según la denuncia manifestada por el representante legal de la mayoría de los afectados en nuestra provincia «en bloquear la posibilidad de conocer el expediente a los defensores de los ciudadanos afectados».
«Hasta ahora nunca se había producido un problema así», añade José Ortega, después de una semana de peleas administrativas con los funcionarios de Costas de la Plaza de La Montañeta. «Las restricciones del acceso a los expedientes comenzaron en el pasado mes de mayo; y son totalmente contrarias a la Constitución, a la ley y a las directivas de la UE», añade.
«Propio de Torquemada»
El abogado, que está litigando en todos los frentes de la costa española contra los expedientes de expropiación y derribo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, ha declarado a este diario «no haber visto nunca, desde que ejerzo el Derecho ninguna situación tan parecida al código de justicia del inquisidor Torquemada, en la cual las víctimas eran condenadas sin poder conocer ni si quiera los motivos y las argumentaciones de las acusaciones que se dirigían contra ellos».


IGNACIO MARTÍN SANTA POLA 20 de Julio de 2009


foto JOSE IGLESIAS

domingo, 12 de julio de 2009

El Silencio del Cordero

Julio 9, 2009
El Ministerio no está para sutilezas. Acaba de declararle directamente la guerra a los ciudadanos mediante una medida por la cual prácticamente hace imposible la consulta de los expedientes de deslinde (y supongo que también de los otros).
Hasta hace un mes tú ibas, pedías ver un expediente archivado y te lo sacaban, sin más. Ahora no. Ya no te los dejan. No te lo prohíben, claro, se creen muy sutiles. Vienes con idioteces como que si ves el expediente puedes lesionar la intimidad de las personas cuyos datos personales aparecen allí, o recurren a un clásico del obstruccionismo, como es exigirte que les digas qué documentos concretos son los que deseas consultar. Como si lo supieras. Por eso precisamente quieres ver el expediente, para saber qué hay dentro.
Empezaron a darme la lata en mayo. Me dijeron que a partir de entonces la consulta la tendría que solicitar por escrito, pero el jefe de área, José Ramón Martínez Cordero, no resolvía. Solo decía a la funcionaria “dile que ya le contestaremos”. Esto me hacía temer que la contestación sería un esperpento como así ha sido. Hace dos días el silencio de Martínez Cordero se ha roto y he recibido una carta de Alicia Paz en la que pretende convencerme de que el derecho que reclamo no existe. Y me viene con el cuento tontito de que le especifique qué documentos del expediente son los que quiero consultar. Se trata de una lectura intencionadamente torcida del artículo 37 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando afirma que no será admisible la consulta genérica de una materia o grupo de materias. Ellos lo leen mal de propósito y te reinterpretan la ley diciendo que no puedes pedir la consulta de un conjunto de documentos (entienden el expediente como ese conjunto de documentos, no como un documento único). Por eso te exigen que especifiques qué quieres ver. Ya me he visto en esta situación unas cuantas veces en el pasado, pero de la mano de funcionarios que habían mamado una doctrina venenosa impartida por fascistas enemigos del pueblo cuya consigna es asfixiar los derechos individuales. Ahora es distinto. Es la primera vez que el ya famoso pretexto me lo ponen por escrito. Y me lo pone la misma Alicia. Se ve que el ideólogo aún ronda por la Dirección General y se lo ha soplado al oído. Y ella lo firma. Por lo visto se creen muy ingeniosos, pero me parece que no se han mirado al espejo.
Ayer, en la jefatura de costas de Alicante, tres cuartos de lo mismo. Pero en esta ocasión era un expediente en trámite. Pedí verlo y en vez de eso me pusieron sobre la mesa el menú del día: Un paquete de documentos inocuos entre los que se encontraban mis propias alegaciones, por si acaso sentía la curiosidad de releerlas. No estaban, entre otros documentos, los escritos de los otros interesados. Cuando examino un expediente archivado las alegaciones presentadas me la traen al fresco y me alivia quitarme de en medio esas gruesas carpetas. Pero cuando el procedimiento está en trámite es distinto, porque lo que hayan escrito los demás puede perjudicar lo que yo escriba (o viceversa).
La excusa: que no tenía derecho a consultar esos otros documentos porque al hacerlo podía lesionar la intimidad de las personas. Sí, cierto. Por ejemplo, conocer su domicilio, que puedo conseguir en el listín telefónico. O los datos de su vivienda, que puedo obtener en un registro público como el registro de la propiedad. En algunos casos puede resultar terrible que el vecino del quinto haya presentado un escrito de alegaciones y que yo pueda enterarme de su domicilio, es decir, acceder a la verdad misteriosa de que el vecino del quinto es el vecino del quinto. Terrible de la muerte.
Bueno, no sé. Yo creo que una cosa es ser malo y otra es ser patético. Estos son patéticos. Si tuvieran que ganarse la vida en la calle, se morirían de hambre o irían corriendo a llamar a su mamá. Hacen falta ciertas cualidades muy especiales, o mejor ciertas carencias esenciales, para hacerle eso a las personas, decirles que no pueden consultar un expediente del que se puede derivar el derribo de sus viviendas, no vaya a ser que lesionen la intimidad de alguien conociendo su domicilio. O con casuísticas aún más marcianas. En Madrid me dijeron que había una persona que se había presentado allí diciendo que estaba amenazada por ETA. Y eso lo empleaban como argumento para impedirme consultar un expediente de deslinde. Si alguien entiende la relación, por favor que me remita un correo electrónico instruyéndome.
Por supuesto que en Alicante no sirvieron las protestas.
-Lo ha dicho la asesora jurídica -me decía el funcionario encargado de defender lo indefendible.
-Quiero hablar con ella –decía yo, muy convencido.
-No está.
No, no estaba. O no quería estar. O lo que sea. Llamé a la Paca Baraza (ya sabéis, bióloga que trabaja de jefa en Murcia), que está en funciones. Tampoco estaba de cuerpo presente. Había salido al Mar Menor a inaugurar depuradoras con la Ministra.
Redacté una queja, la registré de entrada, y salí de allí con una experiencia nueva. ...
Bueno bueno… esto es una guerra contra el pueblo, una guerra feroz con la que pretenden impedir toda defensa frente a sus abusos, pero una guerra que los todopoderosos señores y señoras van a perder. Puede que me quiten tiempo y energía, pero van a perder, y no porque yo sea un tipo indómito que no falla una, sino porque esta jugada también es (como otras que he comentado en otros momentos) de pista central de circo, pero no del numerito de los trapecistas, sino de los payasos.
No creo que quepan muchas dudas de que están haciendo una digestión muy pesada de la decisión del Parlamento Europeo y de que ésta es su respuesta, como el coletazo de un dinosaurio moribundo. Saben que la información de la que se nutre mi informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas la saqué de sus propios archivos y se han conjurado para no volver a pasar nunca más esa vergüenza. Para que nadie pueda escarbar y descubrir y denunciar sus errores, abusos y mal hacer. Pero esta reacción es propia de personas inmaduras, que han perdido el norte, o los papeles, o el sentido, o un tornillo, o la dignidad, o todo.
Por más coches oficiales que tengan, ni tienen razón ni pueden ir contra la ley ni pueden oponerse a toda una cultura europea basada en la democracia, en la dignidad del individuo y en los derechos de los ciudadanos. Las personas que necesitan consultar los expedientes no lo hacen por capricho: sus casas peligran. Incluso aunque los expedientes estén archivados, eso da igual. Siempre cabe la defensa. Pero, claro, los que ordenan a las máquinas derribar viviendas adquiridas legalmente antes de la ley de costas son los que impiden la consulta de los expedientes y por tanto un recurso que pueda paralizar las máquinas. Es como un combate de boxeo en el que un contrincante lleva puños de hierro y el otro sale al ring con los ojos vendados y un brazo atado a la espalda. El Inquisidor Torquemada estaría complacido.
El día 25 formulé una queja ante la inspección de servicios del propio Ministerio. El jefe de servicio me dio la razón. De hecho se asombraba ante lo que le estaba contando, aunque los que tienen que contestar están dentro y ya veremos. El otro día le puse una epístola a la Ministra. No creo que salga nada de ahí, a lo mejor la iniciativa incluso ha partido de ella. Hoy le he contestado a Alicia Paz. Le cuento que no tiene el menor derecho a exigirme que le diga qué documentos son los que quiero consultar, pero añado, por darle el capricho y seguir este juego de tarados, que los que quiero ver son TODOS, del primero al último. A ver qué le sopla ahora al oído el bufón de turno. Seguramente otro chascarrillo idiota para seguir haciendo burla de una cosa seria como el derecho de defensa. Por supuesto que le he comentado que su conducta puede ser delictiva (es delito de coacciones impedir a otro hacer algo que la ley no prohíbe y de prevaricación dictar una resolución injusta a sabiendas), pero a mí de momento me da pereza ponerme a formular querellas. Hace demasiado calor.
También he presentado una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, como ampliación de la ya famosa presentada en 1 de febrero de 2008, que tan buenos resultados ha dado. Creo que los diputados europeos lo pasarán muy bien estudiando cómo Alicia Paz se burla de las dos directivas europeas que garantizan el acceso a la información medioambiental.
He remitido el caso a unos diputados del Congreso muy simpáticos encargándoles que por favor hagan una pregunta al gobierno, o algo. Lo he comentado con Greenpeace: Están conmigo. He hablado con la prensa, y singularmente con mi amigo y paisano Rafa Méndez, del País. Dice que va a hacer un reportaje, aunque no sé cómo diablos piensa redactarlo, ya que por lo que creo en su periódico está prohibido escribir mi nombre. Supongo que en estos días saldré de dudas.
Esta batalla la van a perder. De hecho, me sorprende que hayan sido tan torpes como para iniciarla. Por lo visto se creen que el poder lo es todo, que pueden hacer cualquier cosa, como si no tuvieran que rendir cuentas a nadie.
José Ortega
Abogado, colegiado núm. 4941

viernes, 3 de julio de 2009

El Gobierno revisará la Ley de Costas para ‘complacer’ a los famosos.

Gesto a la cámara.
A pesar de la multitud de informes negativos procedentes de Europa sobre el urbanismo en España y del aluvión de quejas de los afectados por la Ley de Costas, la ministra de Medio Ambiente ha decidido revisar la norma ante los problemas de ciertos ‘famosos’ para cumplirla. Antonio Banderas es uno de los que sufren este problema. En la misma semana que en la portada de alguna revista del corazón de renombre se ha conocido la obligación del actor Antonio Banderas de ceder parte del terreno de su chalet, 1.240 metros, en Marbella al Ayuntamiento al incumplir la Ley de Costas, Elena Espinosa ha comparecido en el Congreso para anunciar que actuará, previsiblemente, contra esta situación.
Vamos a impulsar un programa de reconocimiento de los derechos de los propietarios con viviendas en las costas” que se vean o se hayan visto afectados por la normativa, aseguraba la ministra. Estas breves palabras han dado respiro a muchos dueños que veían como, igual que el actor español, sus viviendas desaparecen convertidas en escombro o debían ceder una parte muy importante a las administraciones públicas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente han asegurado a EL BOLETIN que todavía se desconocen los pormenores de este “programa”, incluso los expertos de este departamento en asuntos de la Ley de Costas se sorprendían por las palabras de la ministra.

Parece que en el Ministerio la comunicación interna no es la perfecta. A pesar de esto, al mencionado responsable se le ha preguntado por si este anuncio solucionará los problemas de los propietarios de viviendas en la costa de Andalucía y si conocía estos problemas como el de Banderas, cuestiones que ha contestado con un par de rotundos ‘síes’. Habrá que esperar para ver en qué se basará este “programa de reconocimiento de derechos” y si personas como el mencionado actor tienen o no que perder en favor del Estado parte de sus propiedades.

Cambio de postura.

Las escuetas palabras de la ministra suponen todo un cambio en la política que, tanto ella como su antecesora en el cargo, han llevado desde que el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero decidiera reactivar, de su letargo, la Ley de Costas. En los últimos dos años esta normativa ha sembrado el caos en la zona de la costa de España.

Muchas han sido las organizaciones que se han levantado contra el poder del Ministerio y que, como en el caso de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, han llevado sus quejas hasta la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Estas denuncias no han sido silenciadas en el centro del viejo continente, ya que ha provocado incluso la división en las filas europarlamentarias con votaciones a favor y en contra de la política del Gobierno español .

Tribunales.

Desde las filas del PP se ha pedido a la ministra de Medio Ambiente que si quiere reclamar cualquier tipo de deslinde lo haga bajo el amparo de los tribunales. Los populares no compartirán ninguna práctica en la que el Estado no exija ‘lo que le corresponde’ bajo el mandato de la ley.
EL BOLETIN