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Para formar parte de la Plataforma es imprescindible sufrir una situación de abuso o aplicación arbitraria o retroactiva de la ley de costas. Para inscribirse en la plataforma mandar un email a costasmaritimas02@gmail.com
explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
Comentario sobre la página web :email afectadosleydecostas@gmail.com

miércoles, 30 de julio de 2008

En el veinte aniversario de la Ley de Costas

En enero de 1986, en Valencia, la Administración paralizó la construcción de una discoteca que estaba literalmente a cuatro metros del mar. El arquitecto responsable ni siquiera sabía que había infringido la ley de costas, porque ignoraba su existencia. Meses después la misma Administración ordenó un derribo en Puzol. El alcalde denunció, airado, que las obras venían amparadas por el PGU, y así era, por lo que estaban al mismo tiempo prohibidas y permitidas. Aquella ley de costas de 1969, ignorada por casi todos, y desconexionada del planeamiento urbanístico, era más teórica que real, como el espectro del holandés errante, y había que hacer algo.

Ese algo fue la ley de costas de 1988, que tuvo la virtud de coordinarse con el urbanismo, el atrevimiento de asignar efectos civiles al deslinde (usted pierde su propiedad sin la previa intervención de un juez) y el defecto de dejar más interrogantes que certezas. El principal era éste: ¿Qué sucede con los terrenos que pasan a ser dominio público con la nueva ley, pero que ya estaban construidos con anterioridad? No son demaniales porque la constitución en ellos los ha desnaturalizado, se decía en los primeros años. Pero en 1997 un joven y audaz jefe de costas hizo triunfar la fórmula contraria, tragándose una urbanización, los Arenales del Sol, que había sido construida en los setenta fuera del dominio público. Fue esta nueva, revolucionaria y en cierto sentido impúdica interpretación de la ley, transformada en hábito y aplicada a toda España, lo que causó la reciente fundación de la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas y la casi inmediata presentación en el Parlamento Europeo de una queja contra los abusos del Goberno.

Veinte años después del nacimiento de la ley de costas, el panorama es desolador. Los responsables, malinterpretando su propósito de frenar la presión urbanística sobre el litoral, se han estado cebando en inofensivos pueblos de pescadores y barrios marítimos tradicionales que siempre habían estado allí. Cerraron un ojo y entornaron el otro para ignorar la construcción de complejos turísticos tan espectaculares como ilegales en tramos de costa antes vírgenes. Dieron lugar a desigualdades grotescas aplicando la ley con unos criterios o los contrarios, según conviniera. Crearon ellos mismos problemas innecesarios que luego no han sabido resolver: ahí está aún Anales del Sol, once años después. Si los edificios eran ilegales, deberían ser derribados. Si por el contrario eran legales, los propietarios tendrían que recibir la concesión prevista en la ley. Pero la Administración no hace una cosa ni la otra, porque no sabe qué hacer, y tiene condenados a los vecinos a un limbo jurídico inaceptable, en el que cada uno ignora cuáles son sus derechos.

No conozco ninguna situación comparable en cuanto a inseguridad jurídica a la creada por estos auténticos desmanotados, muy preocupados por deslindar rápidamente la costa, pero que, como ven, no acaban el trabajo y lo dejan todo manga por hombro.En el fondo el problema ha sido la ausencia de control político.

La aprobación del deslinde es una competencia del Ministro delegada desde hace lustros en el Director General de Costas, y éste se ha estado dedicando a exprimir la ley como un limón, sin considerar el conjunto de los intereses en juego, que es lo que hacen los políticos. Por todo ello, estos años merecen calificarse de calamidad colectiva.

Resulta simbólico que el Parlamento Europeo haya admitido nuestra queja coincidiendo con el veinte aniversario de una ley que nació con las mejores intenciones, y que en manos no tan necias podría haber sido el instrumento que realmente necesita el país para proteger sus costas de la plutocracia ladrillera.

Una revisión de la praxis en la aplicación de la ley estaría bien, pero aún mejor sería reformar sus pasajes ambiguos, dándoles precisión para impedir que surja un nuevo funcionario público decidido a jugar a Dios interpretándola y aplicándola según sus manías personales, y arrastrando consigo a todo este desgraciado pais, incluyendo víctimas (por necesidad), políticos (por desatención) y jueces (por fidelidad a la letra de preceptos ambiguos pero obligatorios).

El Gobierno, con buen criterio, ya ha empezado a limpiar la casa de todopoderosos iluminados y ahora debería demostrar con hechos concretos su disposición real a salvar España de las indecencias que nos ha tocado vivir.

José Ortega es abogado.

martes, 22 de julio de 2008

LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO ADMITE A TRÁMITE LA QUEJA POR APLICACIÓN ABUSIVA DE LA LEY DE COSTAS


La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acaba de admitir a trámite la queja contra España formulada por José Ortega en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.
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El Presidente de la Comisión, Marcin Libicki, informa que el contenido de la denuncia guarda relación con las actividades de la Unión Europea y que el Parlamento ha solicitado a la Comisión Europea una investigación preliminar.

La denuncia fue formulada por la PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS, que agrupa a unos veinte mil afectados de toda España, y remitida junto a la Comisión de Peticiones a los partidos políticos, Defensor del Pueblo, Presidente del Gobierno, Ministra de Medio Ambiente, Presidentes de las Comunidades de Valencia y Canarias, Consejo General del Poder Judicial. También se solicitaron comisiones de investigación en el Parlamento de Canarias, Cortes Valencianas y Congreso de los diputados.

Excepto el Defensor del Pueblo, que aún está estudiando la denuncia, el Presidente del Gobierno, que remitió la queja a la Ministra y convergencia i Unió, que dio una respuesta protocolaria, el resto de destinatarios ni siquiera acusó recibo del documento, y mucho menos accedió a las audiencias o entrevistas que en cada caso se solicitaban.

Es sintomático que la única instancia que decididamente va a investigar el asunto está situada fuera de España. A partir de ahora los responsables de loa abusos tendrán que dar muchas explicaciones y dejarán de estar amparados por sus superiores del gobierno.

La decisión de la Comisión de Peticiones llega en un momento simbólico, puesto que el próximo día 28 la ley de costas cumple veinte años.

Contacto: José Ortega tf. 629511225

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080722/mas-actualidad/espana/union-europea-admite-tramite-200807222021.html

http://www.panorama-actual.es/noticias/not267017.htm

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008072200_19_475643__Comunitat-Valenciana-admite-queja-contra-aplicacion-abusiva-Costas

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/07/22/valencia/1216753508.html

martes, 15 de julio de 2008

Los afectados por la Ley de Costas amenazan con dejar de pagar la hipoteca a los bancos



50.000 valencianos secundarán la medida si no terminan las expropiaciones
16.07.08 - Las Provincias J. SANCHIS VALENCIA

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas ha tomado una decisión que puede causar la pérdida de millones de euros a las entidades bancarias españolas: va a recomendar a sus afiliados que dejen de pagar las hipotecas

La presidenta de la Plataforma, Carmen del Amo, ya se ha puesto en contacto con distintas entidades y asociaciones bancarias para comunicarles la decisión. El objetivo es que las entidades de depósitos comuniquen al Gobierno la situación que se puede crear, ya que les haría perder millones de euros, para que suavice la aplicación de los deslindes y se avenga a pactar con los afectados.

Para hacerse una idea de la magnitud que puede alcanzar la iniciativa, sólo en la Comunitat 50.000 valencianos pueden dejar de pagar sus hipotecas. En el conjunto del Estado los perjudicados superan el medio millón.


La UE investigará la ley estatal de Costas tras las reclamaciones de varios embajadores en Bruselas

Diplomáticos de distintos países trasladan al Gobierno y al PSOE en Europa las quejas de los afectados

JUAN SANCHIS LAS PROVINCIAS VALENCIA
15 Julio 08

La Unión Europea investigará la aplicación de la Ley de Costas por parte del Gobierno español. Este fue uno de los compromisos que adquirió el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, el español Enrique Barón, en una reunión mantenida el pasado 17 de abril con embajadores de distintos países de la UE.Los diplomáticos le transmitieron el malestar de los residentes de sus países en España ante la aplicación de esta normativa. Según las fuentes consultadas, Enrique Barón les indicó que la cuestión estaba en manos de la Comisión de Peticiones y que ésta se iba a encargar de estudiar los posibles abusos en la aplicación de la Ley de Costas por parte del Ejecutivo Central.Es más, las mismas fuentes explicaron que el eurodiputado socialista les aseguró que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo no se iba a desentender de la denuncia y la iba a estudiar antes de tomar una decisión.Y es que el malestar por la forma en la que el Gobierno ha aplicado la Ley de Costas durante los últimos años ya ha traspasado las fronteras españolas. Bruselas tiene el expediente sobre la mesa. Pero, además, los afectados de otras nacionalidades residentes en España están presionando ante sus respectivas embajadas para que tomen cartas en el asunto.Presión en España La presión diplomática no se queda sólo en Bruselas. Las distintas embajadas han empezado a moverse en España. A fines del mes de junio el cónsul general de la Embajada de Alemania en España se reunió con el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Juan Carlos Martín Fragueiro, y otros cargos del departamento dirigido por Elena Espinosa.El objetivo de la reunión era transmitirle el malestar de los afectados por la aplicación de los deslindes aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y que afectan a ciudadanos alemanes residentes en la Comunitat y otras autonomías de España.Se trata de un tema muy delicado, ya que la aplicación de la Ley de Costas es una cuestión interna del Estado español. Los representantes de la Embajada, según las fuentes consultadas, únicamente preguntaron sobre la posible incidencia que podía tener la política del Ejecutivo central en los ciudadanos de su nacionalidad. Las mismas fuentes explicaron que los representantes del Ministerio de Medio Ambiente prefirieron no dar una respuesta directa y señalaron que la Ley de Costas es constitucional.Es más, el embajador de Alemania en España, doctor Wolf -Ruthart Born, se ha puesto en contacto con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para elevarle las quejas de los residentes alemanes en la Comunitat afectados por la actuación del Gobierno.La Comisión de Peticiones tenía que haber evaluado el informe remitido por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas en su reunión del pasado mes de junio. Por razones todavía no aclaradas pospuso su decisión hasta el mes de septiembre.Los propietarios han denunciado ante el Parlamento Europeo los supuestos abusos cometidos por la Administración central en la aplicación de la Ley de Costas de 1988. Entre sus quejas plantean que mediante un proceso administrativo puede arrebatarseles su propiedad prácticamente sin compensación económica. Y todo ello pese a que compraron un terreno o construyeron una vivienda cumpliendo estrictamente la legislación vigente en el momento.El documento remitido por la Plataforma denuncia lo que, en su opinión, se trata de una actuación arbitraria de la Administración en la aplicación de la Ley de Costas. Los afectados ponen de manifiesto la inseguridad jurídica en la que se encuentran los propietarios, ya que no se respetan los derechos adquiridos. Según el informe que tiene en su poder la Comisión de Peticiones, el Gobierno está aplicando la norma con efectos retroactivos, sin respetar el carácter legal que las edificaciones podían tener en el momento de su construcción.Una parte destacada del informe se centra en los abusos cometidos por la Administración al unir deslindes con derribos. Dos aspectos que, según la Plataforma, no tienen nada que ver. El documento llega a calificar de "fraude" el hecho de que el Ministerio asocie los dos procesos y encima obligue a los desahuciados a pagar las demoliciones. La queja expone que los deslindes, según establece la Ley de Costas, se limitan a la recuperación por parte del Estado de la propiedad de unos terrenos o de las edificaciones que haya en ellos. La denuncia explica que, en ningún caso, la recuperación de la propiedad por la Administración implica su derribo.Los afectados esperan que la preocupación que están mostrando otras naciones europeas sirva ahora para que la Comisión de Peticiones y otras instituciones tomen cartas en el asunto e intercedan ante el Gobierno español.jsanchis@lasprovincias.es

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080715/valenciana/investigara-estatal-costas-tras-20080715.html


sábado, 5 de julio de 2008

Alicia Paz, nueva directora de Costas

Canarias7.es 4 de julio de 2008

El Consejo de Ministros designó hoy a Alicia Paz como directora general de Costas, departamento perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente que titula Elena Espinosa. Alicia Paz ocupaba hasta ahora la dirección de los servicios jurídicos de Puertos del Estado, lo que le ha dado «suficiente caché» como para asumir el reto de coordinar la nueva regulación normativa que prepara en materia de costas el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, informan fuentes solventes. La nueva responsable Costas, que sustituye al canario José Fernández, fue propuesta por la ministra. Su trayectoria profesional está intensamente ligada al impulso legal y administrativo de los puertos, como las leyes de 1997 y 2003 sobre transferencias a las comunidades autónomas. Alicia Paz se incorporó a finales de los ochenta a la dirección de Costas, bajo las órdenes del hoy secretario general de Transportes, Fernando Palao. Entre 1992 y 1996 asumió la jefatura jurídica de Puertos del Estado, cargo al que volvió en 2004 y en el que se mantiene en la actualidad. Además, es presidenta del Puerto Seco de Madrid (en Coslada), una plataforma logística en cuyo consorcio participan los puertos de Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao, así como la Comunidad autónoma que preside Esperanza Aguirre y la constructora OHL.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=102308


Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Consejo de Ministros

Nombramiento de altos cargos en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes tres Reales Decretos por los que se nombran tres altos cargos en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

En las disposiciones se establece el nombramiento de Alicia Paz Antolín como Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que hasta ahora ocupaba el cargo de Consejera del Consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia.

Jesús Casas Grande como Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que desempeñaba el cargo de Director Adjunto del organismo autónomo "Parques Nacionales".

Y por último, Marta Moren Abat como Directora General de Agua, que hasta ahora venía desempeñando, en la Comisión Europea, asuntos relacionados con el cambio climático.

4 de julio de 2008

jueves, 3 de julio de 2008

La Audiencia Nacional revisará la demolición del restaurante Pepita en l´Almardà por parte de Costas


El LEVANTE José M. Rambla, Sagunt
La Audiencia Nacional revisará la orden de demolición dictada por la Demarcación de Costas contra el restaurante Pepita de Almardà. El derribo, tras una primera paralización judicial el pasado noviembre, fue finalmente ejecutado el pasado 19 de diciembre por ocupación de suelo marítimo terrestre sin haber obtenido la correspondiente concesión administrativa. El establecimiento llevaba abierto desde hace más de 65 años y era un local muy popular y concurrido en esta playa saguntina.José Ortega, abogado de la familia y especialista en litigios relacionados con la Ley de Costas, mostraba su satisfacción por la posibilidad de que la Audiencia Nacional "diga que, al menos, hay que escuchar a los propietarios del Pepita". Ello será posible gracias al contencioso administrativo interpuesto contra la decisión de denegarle al restaurante una concesión por 60 años. El letrado incluía en su petición, como medida cautelar, que no se procediera a derribar el local hasta que no existiera una sentencia firme. Ahora el juez que tramita la petición deberá pronunciarse sobre la aplicación de una orden que ya se ha ejecutado.En este sentido, Ortega afirma que su intención no es reclamar una indemnización. "Sólo pretendo que Costas pida perdón a esta familia, les reconstruya el restaurante y, obviamente, que se les pague lo que ellos hubieran podido ganar durante todos estos meses si el Pepita no hubiera sido derribado", comenta.José Ortega, impulsor de una plataforma de afectados por la ley de Costas, se queja de los modos con que se trató a sus clientes, a los que incluso se llegó a reclamar el pago de 83.000 euros como pretendido coste de la demolición, diez veces más caro que el solicitado por los propios interesados.Además, afirma que el restaurante fue una cabeza de turco ya que no se han producido más demoliciones en Almardà pese a que cerca de cien viviendas están en zona reclamada por Costas
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008070300_12_467887__Comarcas-Audiencia-Nacional-revisara-demolicion-restaurante-Pepita-lAlmarda-parte-Costas