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lunes, 30 de marzo de 2009

La Ley de Costas y el Informe Auken

El día 26 de marzo pasado el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría de los parlamentarios europeos el informe Auken contra España. No hay que minimizar o ignorar la gravedad de lo que esto implica. El Informe puede tener una trascendencia negativa enorme para este país en uno de los pocos sectores económicos que mantienen a esta economía a flote. Estamos hablando del turismo, de la compra de propiedades inmobiliarias por parte de ciudadanos europeos en España (inversión en nuestros activos) y en definitiva de un sector que aporta el 15% del PIB del país y del que dependen un porcentaje aun mayor de puestos de trabajo.
INFORME AUKEN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0192+0+DOC+XML+V0//ES
El Informe denuncia el desarrollo urbanístico que se ha dado en España en los últimos 10 años pero también critica la falta de seguridad jurídica y de respeto a los derechos legítimos a la propiedad que ha supuesto para decenas de millares de ciudadanos europeos, la aplicación con carácter retroactivo de nuevas leyes y disposiciones urbanísticas así como la utilización de la Ley de Costas de 1988 contra propiedades que eran legales antes de dicha ley.

Pese a que desde medios muy interesados se intenta reducir dicho informe a una Comunidad concreta o a una denuncia genérica sobre el urbanismo salvaje y las corruptelas a que ha dado lugar, el fondo del asunto es mucho mas grave. Se nos está diciendo que este país no es de fiar.
Se está informando al mundo que aquí los Gobiernos y el sistema judicial tienen, en este caso, una absoluta falta de respeto por los derechos adquiridos y actúan con una arrogancia y prepotencia tal que hace mas parecido este país a los Estados que consideran a las personas simples súbditos que ciudadanos libres cuyos derechos se deben respetar.

En concreto se ha denunciado la aplicación de la Ley de Costas de 1988 por varias razones:
1º) Por la inseguridad jurídica que genera su aplicación, con carácter retroactivo, sobre propiedades que eran y son legales.
2º)Por el hecho de que no ha servido para preservar la Costa que quedaba sin urbanizar (nunca se ha construido tanto como en los últimos 10 años).
3º) Por la arbitrariedad y desprecio a los propietarios de viviendas afectados con la que han actuado los funcionarios de Costas a la hora de aplicar la Ley.

El Gobierno tiene ahora tres opciones ante esta dura condena por parte de el Parlamento Europeo:
A) Reconocer la alarma y justeza del informe Auken e iniciar las modificaciones oportunas en la ley de Costas incorporando en su articulado y reglamento disposiciones para garantizar la no aplicación de esa norma con carácter retroactivo, respetando las propiedades que eran legales antes de dicha ley de Costas. En caso de expropiación garantizar que se compensará a los ciudadanos con un precio que refleje el valor de mercado de su propiedad. Además el Parlamento español debería tranquilizar a los ciudadanos propios y extraños haciendo una declaración solemne en este sentido.
B) Ignorar dicho informe y condena, enrocándose en la idea de que aquí las cosas se hacen bien, hay garantías suficientes y en todo caso este problema es un problema menor que se ha exagerado. Esta es la salida “típical spanish”: “desde fuera no nos van a decir lo que debemos hacer”, “en Europa no nos entienden” o bien “eso es el producto de una conjura de privilegiados etc”. Es la habitual respuesta por parte de nuestras autoridades en toda nuestra historia.
C) El Gobierno guarda silencio para ganar tiempo y en su momento (dependiendo de la presión) inicia una tímida reforma de la ley que le permita salvar las apariencias pero que deje todo igual en el fondo.

Sin embargo es difícil seguir engañando y sorprendiendo en su buena fe a tantos y tantos afectados, sobre todo si estos luchan y se organizan. El Informe Auken es el resultado de la rabia e impotencia que miles de afectados han sentido por el proceder del
Gobierno y los responsables de Costas, de una parte de la judicatura, que ha estado fallando continuamente contra los derechos de los propietarios, así como la inútil institución del Defensor del Pueblo (autonómico, central) que ha actuado, en este caso, mas como defensor del Gobierno que de los ciudadanos. El resultado es que desde Europa nos han dicho que ya basta. Nos han tirado de las orejas y nos han señalado como un país poco fiable y recomendable.
Si el Gobierno no reacciona adecuadamente (opción A), puede suceder que al final Europa se harte y pase de las amenazas a los hechos, a pedir formalmente que se le “congelen” a España los fondos de cohesión europeos. Miles de millones de euros en proyectos imprescindibles para este país.
La triste moraleja de esta historia es que una vez mas, aunque lamentablemente, para muchos de nosotros sigue siendo cierto que nuestra esperanza de ver reconocidos nuestros derechos se haya, como en tiempos pasados, en Europa pero no en España.

Alfredo Masó
Presidente Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol
Elche, 29 de marzo de 2009

jueves, 26 de marzo de 2009

UN DÏA DE JÚBILO

Como todos sabéis, esta mañana el pleno del Parlamento Europeo ha aprobado el texto íntegro del informe Auken, que contiene reproches expresos a la aplicación retroactiva, arbitraria y abusiva de la ley de costas y un requerimiento explícito a España para cambiar las cosas, con apercibimiento de sanciones económicas en caso de que el gobierno se ponga tonto.

INFORME AUKEN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0192+0+DOC+XML+V0//ES

Hemos caminado juntos y cohesionados, codo con codo, por la senda de las lágrimas. Hemos aguantado ninguneos, desplantes, bofetones, insultos y censuras. Nos han intentado desunir, enemistar, manipular e inutilizar. Han intentado introducir cizaña, veneno y odio. Han procurado desviarnos, llevándonos a callejones sin salida. Han querido transformarnos en una especie de sindicato amarillo estéril e ineficaz. Pero hemos sobrevivido a los ataques y hemos llegado a meta. O a una meta volante.


Hemos ganado una batalla (no la guerra) a un gobierno prepotente y soberbio que tenía a su favor toda la artillería imaginable. Fijaos: el gobierno NO compareció a la sesión de la comisión de peticiones del 20 de enero, a la que estaba invitado para que se defendiera de nuestra denuncia. Fue un acto de soberbia. A continuación se embarcó en la redacción de un documento alternativo que vaciaba de contenido los pasajes del informe Auken contra los abusos relativos a la ley de costas. Hoy ha cosechado un fracaso cuando su propuesta (presentada por el grupo socialista de la cámara) ha sido rechazada.


Abrid bien los ojos: han sido derrotados. Ellos, que lo tienen todo: la fuerza pública, el boletín oficial del estado, un presupuesto sin límite, un ejército de asesores jurídicos y otro de técnicos, además de la ayuda inestimable del Defensor del Pueblo. Los que hoy han caído no son los aguerridos ingenieros de costas, acostumbrados a abusar de los débiles, sino sus jefes, los señoritos del poder, los que esconden tras muros de metro y medio y pisan la moqueta más espesa del país.


Ya no pueden seguir jugando a enfrentarnos a los ecologistas: Son los ecologistas los que nos han dado la razón a través del grupo de los verdes, puesto que, por si alguien aún no lo sabe, Auken y los que la han ayudado pertenecen al grupo de los verdes, es decir, la máxima expresión política del ecologismo. Ya no pueden burlarse de nosotros con cartitas como la que recibimos del Defensor del Pueblo. Hoy hemos demostrado que los cuentos, las leyendas y las historias de payasos son para los niños pequeños y nosotros somos adultos. Ya no pueden empeñarse en que no tenemos razón.


Todo el pueblo de Europa, a través de su representación parlamentaria, nos la ha reconocido a nosotros y se la ha quitado a ellos. Ya no podrán seguir abusando de los débiles, los desamparados, los jubilados, los mileuristas y los sufridos representantes de la clase media.





Europa se ha puesto de nuestro lado. Recuerdo cuando asistí a la sesión del 20 de enero. Las autoridades españolas que sí habían ido se perdían en datos legales y estadísticos, insistiendo en que habían cumplido con los requisitos legales y todo eso. En el breve debate, los diputados británicos brillaron a gran altura, simplemente porque se quejaban de que los españoles daban datos y cifras como si estuvieran ante un tribunal y olvidaban algo tan simple como el sufrimiento de la gente. Cada uno de los cuatro británicos a los que escuché hablar insistieron en que detrás de cada problema había una persona que necesitaba atención y ayuda. Es ese enfoque humano tan simple el que los políticos españoles parecen haber olvidado por completo, y es justamente lo que necesitamos y queremos para nuestro país.





Todos debemos un agradecimiento especial a Margret Auken, una diputada que no lucha por la defensa de intereses de ningún tipo, sino de valores de justicia y moralidad, sin cuyo esfuerzo no estaríamos aquí. Y también a David Lowe, el secretario de la comisión, que nos orientó y apoyó en todo momento.


Este éxito debemos saber administrarlo. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es un documento para pedir de manera razonada determinados cambios en la ley de costas. Por el momento, a mi entender, hay cuatro pilares básicos de esa reforma, a saber: -


La definición de zona marítimo terrestre debe volver a ser la que se fundó en 1880, con la primera ley de puertos: alcance de los temporales ordinarios, no de los máximos temporales conocidos. La primera definición asegura seguridad jurídica, la segunda injusticia y sobresaltos ante cualquier temporal extraordinario.


-La definición de playa como mínimo debería excluir los depósitos de materiales sueltos de origen artificial. Hoy día de vuelcan un camión de arena en medio de un campo y eso es dominio público natural. La definición debe restringirse a los depósitos de origen natural y exclusivamente marino.


-Debe prohibirse de una forma definitiva y clara la aplicación retroactiva de la ley de costas.

-Es imprescindible revisar el régimen de compensaciones previsto en la ley. Quitarle a una persona la propiedad y darle a cambio una concesión es intolerable y debemos ir a un sistema de compensación económica justa, que por cierto sería suficiente para paralizar de por sí la política expansiva de costas, porque en España no hay dinero suficiente para pagar tantos inmuebles como están expropiando con solo retrasar la línea. Ahora les sale gratis y lo hacen con alegría. Si cada metro tuviera un precio, sería muy distinto. Como siempre, se admiten ideas.





Este es un triunfo de la sociedad sobre el Estado, de la razón sobre la fuerza y de la moral frente al abuso. Me alegro por cada miembro de la Plataforma y por cada afectado del país, especialmente por los más desamparados y olvidados de la fortuna, que han encontrado en el grupo su fuerza y su éxito.


Lo vamos a conseguir.


José Ortega

martes, 24 de marzo de 2009

NOTA PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN


El próximo día 26 el pleno del Parlamento Europeo va a votar el informe AUKEN, que contiene un reproche expreso contra la aplicación abusiva de la ley de costas.

Recuerdo que el informe recoge y da respuesta a un conjunto de denuncias por abusos urbanísticos en España pero también a la denuncia presentada contra España el día 1 de febrero de 2008 por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas a consecuencia de aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de esta ley.

Por llamativos e interesantes que sean los aspectos del informe que versan sobre el urbanismo, os pedimos que cuando se vote y quede, como es previsible, aprobado, tengáis en cuenta la importancia que dentro del mismo corresponde a las denuncia por abusos en aplicación de la ley de costas, que es aparentemente la única que comprende todo el territorio español y se dirige de lleno contra el gobierno (ya que los abusos urbanísticos quedan relacionados con la política local y autonómica).

Al respecto es interesante conocer que el grupo socialista de la cámara europea ha elaborado un documento alternativo al informe Auken, que también será sometido a votación y tiene muchas posibilidades de ser aprobado, en cuyo caso el propio informe Auken no llegará a votarse.

Al respecto resulta del máximo interés que, según fuentes del propio Parlamento Europeo, este documento alternativo al parecer suaviza algunas de las referencias a los abusos urbanísticos, pero no contiene ningún cambio en relación a lo que ya expone Auken sobre la ley de costas.

Esto sugiere que el gobierno socialista de España en realidad está de acuerdo con las quejas de los afectados y puede estar preparando un cambio sustancial en la ley o en su aplicación.

La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas dará una rueda de prensa el mismo jueves, a las once y media de la mañana, en el hotel Sidi Saler (El Saler, Valencia).
http://hoteles.muchoviaje.com/hoteles/mapa-google-hotel-sidi-saler-en-el-saler-valencia-espana__MV11118.aspx

José Ortega

Portavoz oficial de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

Tf. 961471097 ortega_abogados@hotmail.com

sábado, 14 de marzo de 2009

Especial Para Alcaldes

MOCIÓN


La ley de costas, siendo un instrumento valioso para la preservación del dominio público costero, se está aplicando con abuso tanto en la aprobación de los deslindes que delimitan dicho dominio público como en las demás actuaciones relacionadas, tales como recuperaciones posesorias, régimen de concesiones de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, tratamiento de la invasión del mar por fenómenos erosivos y muchos otros.

Al mismo tiempo, la ley de costas contiene defectos técnicos que deben ser objeto de revisión, especialmente el carácter abusivamente expansivo de sus definiciones de la ribera del mar, el régimen de compensaciones a través de una concesión administrativa, que se considera totalmente insuficiente, y su aplicación retroactiva, cuya prohibición no aparece claramente garantizada.

El Parlamento Europeo está a punto de aprobar el informe Auken, previamente aprobado por su comisión de peticiones, que hacemos nuestro en sus siguientes pasajes: Considerando que, en 2008, las autoridades españolas aprobaron unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988, ignorada durante muchos años, a lo largo de los cuales se produjeron grandes daños medioambientales en las zonas costeras españolas; que incluso las instrucciones actuales no proporcionan unas medidas de ejecución claras para las autoridades regionales y locales implicadas, y que muchas de las nuevas peticiones recibidas atestiguan el carácter retroactivo de las instrucciones y la destrucción o demolición arbitrarias de propiedades de particulares adquiridas legítimamente, sus derechos con respecto a tales propiedades y su capacidad para transmitir esos derechos por vía sucesoria,
Considerando que, en vista del actual trazado de la línea de demarcación, los afectados tienen la firme impresión de que se ha establecido de forma arbitraria, a expensas de los propietarios extranjeros, como por ejemplo en la isla de Formentera,
Considerando que la mencionada Ley de Costas afecta de manera desproporcionada a los propietarios particulares de bienes, cuyos derechos deberían verse plenamente respetados, y, al mismo tiempo, no tiene un impacto suficiente en los auténticos autores de la destrucción costera, responsables en muchos casos de unos desarrollos urbanísticos excesivos en las costas, incluidos complejos vacacionales, y que estaban mejor situados para saber que su actuación era sin duda contraria a las disposiciones de la ley en cuestión,

La comisión…
Reconoce y apoya los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde sea posible, restaurar ese medio ambiente de forma favorable para la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de fauna y flora y, en este contexto específico, les insta a que revisen urgentemente y, en su caso, modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; hace hincapié en que dicha protección no debe concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de la UE en materia de medio ambiente; se propone revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las autoridades competentes españolas;
Por este motivo, algunas autoridades políticas y dirigentes de partidos consideran inadmisible la afirmación de que los extranjeros, que evidentemente no comprenden la legislación española, son los únicos que plantean estos problemas, o que las víctimas no tienen más que dirigirse al juzgado más cercano para que les aclaren y resuelvan su situación. De hecho, muchos peticionarios han intentado llevar a cabo esta medida sin obtener resultado alguno; otros no pueden permitírselo económicamente. La mayoría se encuentran desorientados por los consejos contradictorios que reciben de las autoridades locales y de los abogados a los que han recurrido en busca de asesoramiento sin que les hayan ayudado mucho (por no mencionar los numerosos casos en que las autoridades municipales y los propios abogados han resultado partes intrínsecas del problema). La mayoría de los peticionarios y muchos juristas están desconcertados por la falta de seguridad jurídica y la confusión resultante de una legislación imprecisa o excesivamente compleja en materia de desarrollo urbanístico y sus implicaciones, junto con unas disposiciones de aplicación cada vez más confusas. La recién recuperada Ley de Costas de 1988 es otro ejemplo de ello.

La comisión entiende y respalda a las autoridades españolas en sus intentos de conservación y de, en su caso, restauración del entorno costero. Lo que no entiende es por qué se ha recuperado la Ley de Costas de 1988 a estas alturas, después de estar treinta años prácticamente en desuso mientras se producía tanta devastación. ¿Por que su aplicación es tan caótica y arbitraria cuando se demuelen antiguas casas costeras, pero se tolera la construcción de nuevos apartamentos? ¿Por qué se permitió la adquisición de estas viviendas durante los últimos treinta años, de conformidad con todos los requisitos legales en cuestión, salvo una ley con efecto retroactivo a la que ahora tienen que enfrentarse los propietarios legítimos y que les priva de sus derechos como tales? Resulta razonable que los especuladores y promotores inmobiliarios que contaban con los recursos legales para estar bien al tanto de la situación deban ser sancionados, pero no que las personas que adquirieron su vivienda de buena fe y cumplieron los requisitos impuestos deban perder sus derechos, así como los de sus familias y descendientes, respecto a sus inmuebles.

En virtud de todo ello requerimos al gobierno para:

-Reconducir la política de costas marítimas a fin de hacerla compatible con los derechos individuales, aplicando la normativa con la máxima sensibilidad hacia los ciudadanos. -Revisar las actuaciones en las que se haya producido abuso, incluyendo deslindes, derribos y decisiones sobre concesiones administrativas de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas.

-Remitir al Parlamento un proyecto de ley de modificación de la ley de costas que incluya al menos
a) Una revisión de las definiciones de la ribera del mar, retornando a la definición tradicional de zona marítimo terrestre como zona alcanzada por los temporales ordinarios (no máximos temporales, como en la actualidad) y de la playa como zona de materiales sueltos de origen natural y marino (no de cualquier origen, como ahora)
b) Una revisión al alza del catálogo de casos con derecho a la concesión administrativa de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas y una compensación económica complementaria que cubra la diferencia de valor entre la propiedad que se quita y la concesión que se entrega a cambio y
c) una prohibición expresa de aplicación retroactiva de la ley. Consideramos que estas medidas pueden contribuir al mantenimiento de un régimen de protección de costas y playas compatible con los derechos individuales y con una convivencia en paz.

Jose Ortega Ortega