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lunes, 30 de marzo de 2009

La Ley de Costas y el Informe Auken

El día 26 de marzo pasado el Parlamento Europeo aprobó por abrumadora mayoría de los parlamentarios europeos el informe Auken contra España. No hay que minimizar o ignorar la gravedad de lo que esto implica. El Informe puede tener una trascendencia negativa enorme para este país en uno de los pocos sectores económicos que mantienen a esta economía a flote. Estamos hablando del turismo, de la compra de propiedades inmobiliarias por parte de ciudadanos europeos en España (inversión en nuestros activos) y en definitiva de un sector que aporta el 15% del PIB del país y del que dependen un porcentaje aun mayor de puestos de trabajo.
INFORME AUKEN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0192+0+DOC+XML+V0//ES
El Informe denuncia el desarrollo urbanístico que se ha dado en España en los últimos 10 años pero también critica la falta de seguridad jurídica y de respeto a los derechos legítimos a la propiedad que ha supuesto para decenas de millares de ciudadanos europeos, la aplicación con carácter retroactivo de nuevas leyes y disposiciones urbanísticas así como la utilización de la Ley de Costas de 1988 contra propiedades que eran legales antes de dicha ley.

Pese a que desde medios muy interesados se intenta reducir dicho informe a una Comunidad concreta o a una denuncia genérica sobre el urbanismo salvaje y las corruptelas a que ha dado lugar, el fondo del asunto es mucho mas grave. Se nos está diciendo que este país no es de fiar.
Se está informando al mundo que aquí los Gobiernos y el sistema judicial tienen, en este caso, una absoluta falta de respeto por los derechos adquiridos y actúan con una arrogancia y prepotencia tal que hace mas parecido este país a los Estados que consideran a las personas simples súbditos que ciudadanos libres cuyos derechos se deben respetar.

En concreto se ha denunciado la aplicación de la Ley de Costas de 1988 por varias razones:
1º) Por la inseguridad jurídica que genera su aplicación, con carácter retroactivo, sobre propiedades que eran y son legales.
2º)Por el hecho de que no ha servido para preservar la Costa que quedaba sin urbanizar (nunca se ha construido tanto como en los últimos 10 años).
3º) Por la arbitrariedad y desprecio a los propietarios de viviendas afectados con la que han actuado los funcionarios de Costas a la hora de aplicar la Ley.

El Gobierno tiene ahora tres opciones ante esta dura condena por parte de el Parlamento Europeo:
A) Reconocer la alarma y justeza del informe Auken e iniciar las modificaciones oportunas en la ley de Costas incorporando en su articulado y reglamento disposiciones para garantizar la no aplicación de esa norma con carácter retroactivo, respetando las propiedades que eran legales antes de dicha ley de Costas. En caso de expropiación garantizar que se compensará a los ciudadanos con un precio que refleje el valor de mercado de su propiedad. Además el Parlamento español debería tranquilizar a los ciudadanos propios y extraños haciendo una declaración solemne en este sentido.
B) Ignorar dicho informe y condena, enrocándose en la idea de que aquí las cosas se hacen bien, hay garantías suficientes y en todo caso este problema es un problema menor que se ha exagerado. Esta es la salida “típical spanish”: “desde fuera no nos van a decir lo que debemos hacer”, “en Europa no nos entienden” o bien “eso es el producto de una conjura de privilegiados etc”. Es la habitual respuesta por parte de nuestras autoridades en toda nuestra historia.
C) El Gobierno guarda silencio para ganar tiempo y en su momento (dependiendo de la presión) inicia una tímida reforma de la ley que le permita salvar las apariencias pero que deje todo igual en el fondo.

Sin embargo es difícil seguir engañando y sorprendiendo en su buena fe a tantos y tantos afectados, sobre todo si estos luchan y se organizan. El Informe Auken es el resultado de la rabia e impotencia que miles de afectados han sentido por el proceder del
Gobierno y los responsables de Costas, de una parte de la judicatura, que ha estado fallando continuamente contra los derechos de los propietarios, así como la inútil institución del Defensor del Pueblo (autonómico, central) que ha actuado, en este caso, mas como defensor del Gobierno que de los ciudadanos. El resultado es que desde Europa nos han dicho que ya basta. Nos han tirado de las orejas y nos han señalado como un país poco fiable y recomendable.
Si el Gobierno no reacciona adecuadamente (opción A), puede suceder que al final Europa se harte y pase de las amenazas a los hechos, a pedir formalmente que se le “congelen” a España los fondos de cohesión europeos. Miles de millones de euros en proyectos imprescindibles para este país.
La triste moraleja de esta historia es que una vez mas, aunque lamentablemente, para muchos de nosotros sigue siendo cierto que nuestra esperanza de ver reconocidos nuestros derechos se haya, como en tiempos pasados, en Europa pero no en España.

Alfredo Masó
Presidente Asociación Vecinos Litoral de Arenales del Sol
Elche, 29 de marzo de 2009