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explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
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viernes, 30 de julio de 2010

La Audiencia Nacional anula el deslinde de la zona de Punta Larga (CANDELARIA)

ABC Canarias CANDELARIA
JAVIER REYES Día 01/08/2010
Una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El documento, al que ha tenido acceso ABC, afecta de manera colateral a la creación de la playa de Punta Larga, el gran proyecto urbanístico del socialista Gumersindo García para cualificar el litoral del municipio sureño.
Según el abogado de los demandantes (tres vecinos afectados), José Ortega, letrado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, la sentencia impedirá la ejecución del sendero peatonal proyectado en la zona de La Galera hasta que no se acometa un nuevo deslinde. Además, se tendrá que revisar en ese punto el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y también se anularán órdenes de recuperación posesoria y actuaciones sancionadoras que ya cuentan con resolución firme, en todos los casos con órdenes de derribo. «Esta gente ha sufrido muchísimo, y después de tanta lucha, empiezan a ver la luz», indica el abogado valenciano.
Para Ortega, se trata de una sentencia «pionera» en el Archipiélago que va a sentar un «gran precedente»para futuros litigios en las costas canarias. De hecho, apunta que «puede ser un instrumento para revisar la mayoría de los deslindes hechos en Canarias, ya que en ellos, a diferencia de lo que sucede en la Península, el deslinde se decide por el alcance de los temporales, definido por observación directa y sin una sola prueba». El deslinde fue aprobado el 21 de septiembre de 2006 sobre un tramo de costa de 958 metros comprendido entre el actual refugio pesquero y la playa de Punta Larga. Los vecinos, cuyos jardines están afectados por el futuro sendero peatonal, argumentaron en su demanda que en ningún momento fueron informados del nuevo deslinde acometido por la Dirección General de Costas.
El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente defendía que
el espacio afectado era alcanzado por los temporales y que ya estaba incluido dentro del espacio «demanial» por un deslinde de 1969, pero la sentencia, no obstante, concluye que la Administración no ha justificado lo suficiente esa posición.
Pruebas periciales
Los magistrados echan de menos alguna «referencia histórica» de esos temporales y lamentan el «escaso rigor científico» de Costas a la hora de determinar el nuevo deslinde frente a las dos pruebas periciales expuestas por los demandantes que reconocen que el deslinde actual es prácticamente coincidente con el de 1969. José Ortega reflexiona también sobre lo que hubiera pasado si este tipo de sentencia hubiera llegado antes para haber podido salvar el poblado marítimo de Cho Vito, demolido en octubre de 2008 y cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en 1969.
El sendero litoral La Galera-Puntalarga es la tercera parte del gran proyecto de regeneración de la costa. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 978.000 euros y su trazado afecta en total a una quincena de propiedades, aproximadamente. El paseo tendrá una longitud de casi 400 metros, ocupando una superficie pavimentada superior a los 2.000 metros cuadrados. Este sendero dispondrá de dos accesos a la futura gran playa de Punta Larga, cuya primera fase debería estar terminada a finales de agosto. De hecho, se espera que al final del verano ya se pueda abrir al público la zona conocida popularmente como «El Charquito».
Desde verano de 2009 las máquinas trabajan a todo ritmo en la primera fase del macroproyecto en el que el Ministerio de Medio Ambiente invierte unos 2,2 millones de euros. Las obras que ejecuta la empresa Corsán- Corviam abarcan desde la escultura de pez hasta las inmediaciones del hotel Tenerife Tour. El proyecto incluye una zona central con una escollera de protección que
tendrá un frente de 240 metros y otra más próxima al hotel de 140 metros de longitud en coronación respectivamente, con unas plataformas de solarium y sendero distribuidas en toda la superficie y orientadas convenientemente formadas por plataformas de madera.
Anhelo local
No obstante, la joya de la actuación y la que con más mimo admira Gumersindo García es la regeneración de la playa propiamente dicha, cuyas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de más de 19,1 millones de euros. Esta playa vendría a cubrir la histórica carencia de zonas de baño adecuadas en la Villa Mariana y competiría con La Nea, en Radazul, como principal playa del área metropolitana. La playa proyecta dos diques de defensa para el abrigo del relleno de la playa.
Así, el dique Norte arrancará desde la playa actual al sur del barranco Los Órganos y tendrá una longitud de 194 metros, mientras que el dique Sur va desde la punta norte de la dársena deportiva de La Galera y cuenta con una longitud de 235 metros. La playa tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados y una longitud de 500 metros.

viernes, 23 de julio de 2010

Información sobre las líneas de deslinde del litoral español

MARM
Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
Con el objeto de facilitar el conocimiento de estos trabajos, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha puesto en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras de España, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera que esté interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.

El acceso a esta información se puede realizar de dos formas:

A través del Visor del Ministerio
A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, http://www.sedecatastro.gob.es/ sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés para facilitar su consulta a los ciudadanos de otros países.

En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista la ampliación paulatina al resto de provincias costeras.

Los datos disponibles en esta nueva herramienta de consulta tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano. En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.

En el visor se publican dos zonas: la delimitada por la línea amarilla hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terreno de propiedad privada afectada por delimitación de uso. Para una mayor información sobre los efectos del deslinde pueden dirigirse a la sección de preguntas frecuentes.

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/gdpmt/linea_deslinde.htm

domingo, 18 de julio de 2010

Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos

A. Herrero/P. L. Cuntín/I. Moreno. Madrid LA GACETA DE INTERECONOMIA

Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
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http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/afectados-ley-costas-piden-que-se-ponga-freno-los-abusos

viernes, 9 de julio de 2010

Nunca Debemos Perder la Esperanza, MG

El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988

Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/07/2010 EL PAIS

El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.

La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada.
Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".

El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
EL PAIS http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/debate/primera/vez/rebajar/Ley/Costas/1988/elpepisoc/20100709elpepisoc_3/Tes

jueves, 1 de julio de 2010

Una sentencia pionera salva un inmueble del derribo de Costas por su interés cultural

El abogado del propietario afirma que la resolución evidencia ''insensibilidad'' en la aplicación de la LeyNuevo golpe a las intenciones de la Dirección General de Costas en el Archipiélago.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso este digital, anula la orden de derribo de una vivienda ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura). La resolución es pionera en España porque, por primera vez hasta donde ha podido averiguar este periódico, un juzgado 'tumba' una orden de derribo de Costas en base al interés cultural de una construcción.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Es el caso de la vivienda de Placido Estévez, maestro de profesión, que un día se topó no sólo con una orden de recuperación posesoria de su propiedad, a lo que nunca se ha opuesto, sino con un dictamen que conllevaba el derribo del preciado inmueble. La recuperación, de hecho, está justificada por la aprobación de un deslinde que deja la zona en cuestión dentro del dominio público. Lo incomprensible, tanto para el propietario como para el TSJC, es que Costas, además, se haya empecinado en derribar la propiedad más allá de recuperarla. Una situación que llevó a Estévez a ponerse en contacto con el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. Empezó entonces un intenso trabajo para poner de relieve los valores patrimoniales de la construcción, que se plasmó en un informe realizado por un arquitecto experto en la materia. Aunque fueron varios los argumentos esgrimidos, y posteriormente aceptados por la Justicia, destaca el hecho de que el inmueble tiene interés público ya que se encuentra incluido en la Carta Arqueológica de Fuerteventura, elaborada por el propio Cabildo insular.

En el expediente, además, aparece un informe de un técnico de Patrimonio Histórico de la Corporación majorera. Según el especialista, y de manera literal, la descripción de la zona es la siguiente: "En Caleta de la Seba, según información de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, obrante en este departamento, se recoge la existencia de un conjunto de estructuras de piedra seca compuesto por 18 construcciones, 17 de ellas próximas a la costa, en las que se localiza abundante material malacológico, lítico y cerámico. En la prospección superficial realizada no se constató la existencia de material arqueológico aborigen y, por ello, se le asignó al conjunto una adscripción cultural postconquista, con claros síntomas de reutilización por pescadores, campistas, etcétera, hasta la actualidad". José Ortega, en declaraciones a eldigitaldecanarias.com, insistió en que esta sentencia "evidencia la falta de sensibilidad de Costas a la hora de aplicar la Ley". En opinión del abogado valenciano, en una teoría apoyada por la resolución del TSJC, era suficiente, en base a la aplicación del deslinde, aplicar la recuperación posesoria. El ente estatal, sin embargo, quiso ir más allá con una orden de derribo que ahora ha sido anulada. Placido Estévez ha mostrado también su satisfacción por la sentencia, después de meses de una lucha cultural que le ha costado, como es obvio, poner dinero de su bolsillo. Este maestro de escuela, de hecho, siempre ha incidido en que su único interés era que no se demoliera el edificio, ya que tiene la costumbres de utilizar la vivienda, con el beneplácito de las administraciones, para realizar actividades extraescolares y complementarias para la formación de sus alumnos.

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