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lunes, 27 de julio de 2009

La ola de Costas barrerá la provincia antes de fin de año

Medio Ambiente litigará contra dos mil propietarios de pisos e inmuebles situados en primera línea de litoral por la aplicación del dominio marítimo-terrestre

IGNACIO MARTÍN
SANTA POLA

La ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, ha expresado su intención de acelerar la apertura de los diversos expedientes de deslinde pendientes de resolver en la Comunidad Valenciana, que es la franja de costa del país donde restan más kilómetros de terreno por recuperar para el Dominio Público. Pero esta determinación del gobierno de Zapatero por aplicar una interpretación de la Ley de Costas, que muchos consideran retroactiva, choca con las múltiples reacciones de oposición que ha suscitado, tanto a nivel nacional como internacional.

El propósito del Ministerio de Medio Ambiente es, el de resolver el espinoso asunto «antes de que finalice este año». Lo que convierte a la provincia de Alicante en el ojo del huracán de una disputa sobre la que están abiertos varios centenares de procesos judiciales en instancias nacionales e internacionales, por la gran cantidad, y variedad de condición, de los afectados por la aplicación de esta ley que pueden contarse diseminados por todo el litoral español. Un conflicto entre el derecho constitucional a la propiedad y el único debilitamiento de este mismo derecho que la Carta Magna contempla. Es decir, frente al principio del «interés social colectivo». Un interés general que, para la Dirección General de Sostenibilidad del Mar, estaría representado por su obligación «de garantizar la sostenibilidad de las costas». En la provincia de Alicante, y en todo el territorio insular y peninsular del litoral español.
Pero, para el caso de nuestra provincia, el tiralíneas expropiatorio de Costas, va a tener mucho más trabajo que desplegar. Contando con que las cifras de personas que se declaran víctimas de esta ley, podrían convertir el programa del gobierno para recuperar la propiedad de la costa, en una batalla legal contra miles de pequeños propietarios de Alicante. De consecuencias impredecibles.
LA APLICACIÓN DE LA LEY
247 kilómetros que vuelven al Estado
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EL CASO DE SANTA POLA
Tres décadas después con los papeles
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ARENALES DEL SOL
La raya deja fuera 800 viviendas
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Las cifras presentan un panorama en el que hará falta mucho más que una buena calculadora, para medir las consecuencias sociales de este conflicto que afecta a miles de familias propietarias de negocios o viviendas en nuestra provincia.
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La condena, con todos los votos del Parlamento Europeo (PE) -excepto los europarlamentarios españoles del PSOE y el PP-, ha motivado preguntas de consulados o embajadas sobre «el estado del derecho a la propiedad en el Reino de España»; y cierto desconcierto entre los sectores económicos vinculados al turismo residencial de extranjeros de la Costa Blanca.
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se han escuchado algunas voces de alarma, sobre las consecuencias de «inseguridad jurídica» que puede acarrear, el redibujo que los ingenieros de Costas, quieren imponer sobre los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad a la aprobación de la actual Ley de Costas.

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