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Para formar parte de la Plataforma es imprescindible sufrir una situación de abuso o aplicación arbitraria o retroactiva de la ley de costas. Para inscribirse en la plataforma mandar un email a costasmaritimas02@gmail.com
explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
Comentario sobre la página web :email afectadosleydecostas@gmail.com

lunes, 5 de enero de 2009

HA EMPEZADO (VIVA EUROPA)


El día 20 de enero de 2008, a las diez de la mañana, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo se reunirá para examinar la denuncia que presenté en nombre de varios colectivos y afectados singulares, que más tarde constituyeron la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas. He recibido una invitación para hablar ante el Comité en una intervención de cinco minutos.

Podéis comprobar las abismales diferencias de trato que hemos recibido de España y de Europa. En España la Ministra de Medio Ambiente ni siquiera contestó a nuestra queja. Cuando nos reunimos con Martín Fragueiro y Alicia Paz el día 4 de noviembre, ella nos dijo que nos habían contestado “a través del defensor del pueblo”. Se refería a un informe evacuado hacía entonces quince días, que según manifestaban, el propio defensor del pueblo nos tendría que transmitir. No ha sido así, y ahora pienso que Alicia Paz contestó de esa manera para no quedar fatal delante de su jefe, es decir para ocultar la realidad de que NO nos han contestado a la queja ni nos pensaban contestar. En cuanto al propio defensor del pueblo, ya habéis visto en post anteriores de lo que es capaz, y no creo que deba extenderme más. Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, Cortes Valencianas y Parlamento Canario se han negado a tramitar las comisiones de investigación que pedimos por escrito hace un año. Los Presidentes de las comunidades canaria y valenciana pasaron de nosotros, como todo el mundo dentro de nuestro propio país.

Pero el Parlamento Europeo está funcionando como un reloj. En julio se admitió a trámite la queja. Sin condicionantes, sin retórica y sin hacer la goma, como el defensor del pueblo español. Simplemente funciona. Encargaron un informe preliminar a la Comisión Europea, dijeron que estaría acabado en enero, y en enero está acabado y se presentará el día 20. La cuestión se va a debatir con luz y taquígrafos, como debe ser en una democracia auténtica. Ahora empieza la guerra en serio, esta guerra que estamos sabiendo conducir y ganar sin escándalos.

Yo mismo comparto el asombro de los políticos al ver que todo marcha perfectamente sin necesidad de hacer una sola concentración o manifestación por las calles (si salvamos el numerito de la Plaza de Toros de Valencia). Es un caso insólito que se explica muy fácilmente: tenemos razón, hemos sabido exponerla y hay una instancia superior que SÍ está dispuesta a escucharnos. Y todo esto se debe no solo a las situaciones de escándalo que he denunciado en mi informe, sino a que hasta ahora hemos marcado un filtro muy estrecho y riguroso: No puede formar parte de la Plataforma ningún afectado que no padezca una situación de abuso o relacionado con edificios construidos ilegalmente sobre el dominio público. Es muy fácil ser ambiguo en este punto y nosotros no lo hemos sido porque para que la sociedad nos entendiera necesitábamos desmarcarnos de situaciones de fraude.

Para las muchas víctimas inocentes de los abusos de costas puede parecer inimaginable que haya personas que se pongan a edificar dentro del dominio público declarado en un deslinde. Hace menos de dos años un colectivo ecologista gastó una broma gigante a todo el país al plantar en medio de la playa de Benicasim un gran cartel anunciador de la próxima construcción de un bloque de apartamentos. Absolutamente nadie cree que esto sea posible hoy, y en efecto no lo es. Pero en el pasado hubo quien lo hizo, y por eso no podemos abandonarnos a la idea preconcebida de que cada cosa que hace el gobierno está mal por el mero hecho de ser el gobierno.




Si un edificio es efectivamente ilegal y el gobierno lo derriba, nosotros no podemos protestar. Y si no sabemos si es o no es legal, es mucho mejor ser prudente. He tenido clientes del despacho que me han pedido entrar en la Plataforma y no se lo he permitido porque sus viviendas se habían construido por un mecanismo fraudulento sobre la misma arena de la playa. Otro cliente que había comprado una casa ilegal dentro del dominio público vio cómo se la derribaban hace tres meses. He defendido este asunto y sigo defendiéndolo, pero ni se me ocurre invitar al cliente a entrar en la Plataforma ni mucho menos avisar a los periodistas para quejarme de un abuso de Costas. Parece que está claro: Una cosa es la defensa jurídica, donde cabe cualquier caso, y otra distinta la lucha colectiva a través de la Plataforma, donde solo caben los casos de abuso que puedan presentarse en sociedad con autoridad moral. Es esta claridad lo que ha hecho que la sociedad nos entienda. Todo irá bien mientras mantengamos las buenas compañías

Jose Ortega


http://costasmaritimas.wordpress.com/2009/01/05/ha-empezado-viva-europa/

martes, 23 de diciembre de 2008

"Spain is the problem, Europe is the Solution. "

Early in the 20th century, Spanish philosopher, José Ortega y Gasset wrote that "Spain is the problem, Europe is the Solution. " By and large, having done so well out of the the EU since joining, Spain has uncritically supported almost anything coming from Brussels since.. But the attitude no doubt will change, and soon. From 2013 this country will no longer enjoy billions of euros in growth and stability pact funds and instead is to become a net contributor. In the first half of 2010 it will hold the EU presidency. That may force this country to debate its interests in Europe and it will require a clearer sense of what this country is and what it stands for. Spain's political leaders have tended to look backwards and to emphasize the regional issues that have divided them. What now appears to be a looming and long lasting recession will create new economic paradigms and political demands..

Another factor, as immediate, is the appeals being made to European institutions, the Parliament, the Commission and ultimately the courts (ECJ and ECHR) for the justice due to EU citizens, and which is proving difficult to secure within this country. Spain is signatory to a range of EU and other international accords, and as a member of the EU is also bound to ensure that the laws, norms, directives- all having the same legal force- are adhered to within all of Spain's national territory. That includes provisions as regards human rights - and the subset thereof, ie. rights to private property, the free movement of peoples within the “european Space”, treaties such Aarhus, designed to guarantee transparency and good governance at the regional and especially local level, repect for public contract laws, etc.

The reality is that, when called to account for breaches of EU laws and others of its international undertakings, Spanish officials are quick to claim that, due to internal power sharing arrangements, the responsibility for respecting such laws, notably for development and environmental issues has been passed to the autonomous regions. In turn, the regions boldly state that adherence to Spain's international commitments are not their concern, but that of Madrid. So there is a kilometre wide gap in the legal processes in particular as regards compliance with EU obligations. While regional and national courts can and should ensure such compliance, experience has shown that this is rarely the case, with judges either ignorant of EU law or prepared to ignore it in reaching their judgements. Only recently is there any sign of a change, for example at the level of regional superior courts and this is very uncertain for now. If there is hope, it is no doubt because those courts are aware the EU is now taking a hard look at what has been going on here for years with relative impunity.

In principle, acccording to international law and jurisprudence, a state's treaty obligations ( and this includes for Spain, EU laws) should be paramount amongst the laws of the land, followed by national, regional and even local laws in descending heirarchy. In practice, in Spain it is almost always the reverse. That is the town councils call the shots, ignoring higher level laws as it suits them to do so. Usually, despite Spain's constitutional guarantees and EU undertakings, it has often been stated in rejecting allegations based on these laws that they simply do not form part of the local planning processes.The legislative bodies here are wont to pass complex laws full of loopholes which result in little or no protection against outrageous development schemes or predatory promoters. Spanish courts have tended to support town halls and ignore the rights of small property owners. In effect, what rules is not the law or a moral code but what can be got away with. That has suited those who control the situation here for a long time.

However, in the face of allegations against uncompensated land grabs based on undefined “public interest” given the costly, drawn out and uncertain nature of the Spanish courts, starting just a few years ago, recourse has been made to the EU Parliament, the Commission and via the latter route to the European Court of Justice ( ECJ). The ECJ is or has been engaged in dealing with Spain’s breaches of EU laws as regards public contracts, environmental and water supply studies. The court has already ordered the halt of some major projects and will no doubt find against Spain in more instances. The Parliament now has before it, for consideration in early 2009 one of the toughest reports concerning development abuses within an EU member state ever seen in that body, again based on investigations in and petitions received from Spain, whilst echoing other recent reports such as those from Greenpeace, Transparency International and the UN’s Special advisor on housing. The Commission has announced that it will soon review some 250 approved development projects here that appear to have ignored water supply directives. It will also be investigating instances where there has been an obvious misuse of EU funds and possibly where there has been arbitrary and retroactive application of laws such as the “Ley de Costas” affecting tens of thousands of property owners. All this in response to the well documented complaints received in Brussels, Spain being the origin of well over half of all those emanating from within the 27 member EU.

Since Spain has also failed to transpose or has done so incorrectly, directives regarding the rights of EU citizens and their dependents to reside and work within the broader EU terrritory, this has been the subject of questions recently posed by MEPs. Because residency is linked to voting rights, this is especially important now with EU Parliamentary elections looming in June 2009. It may be that this too will be an issue for the ECJ before long. It remains to be seen whether “Europe is the solution” to the problems this country has largely created for itself. Sr. Ortega probably never dreamed there would be so many.

Season's greetings,

CVS

AUN



viernes, 12 de diciembre de 2008

¿Somos de verdad iguales ante la ley?




PALOMA GÓMEZ OSSORIO 08.12.08 -

La respuesta afirmativa a esta pregunta, cuya veracidad hasta hace poco me parecía tan evidente, precisamente ahora, cuando estamos celebrando los 30 años de la Constitución, me plantea serias dudas. Yo no soy abogada, por lo que las leyes, normalmente, no las entiendo muy bien, ya que están redactadas para que las entiendan sólo los abogados, aparte de que pueden tener interpretaciones distintas .
Sin embargo, los padres de la Constitución tuvieron el buen acuerdo de redactarla en un lenguaje fácilmente comprensible por todos los ciudadanos, ya que es la Ley por excelencia y todos debemos poder leerla. Pues bien, el artículo 14 de nuestra Carta Magna dice que «Todos los españoles son iguales ante la ley», pero en el caso de la aplicación de la Ley de Costas aprobada en 1988, la verdad es que no está nada claro.
Actualmente estamos en el trámite de aprobación de unas modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento criminal y del Código Penal que van a permitir, por fin, que los asesinos de ETA y los pederastas cumplan íntegramente sus penas. Como a cualquier persona de bien esto me parece estupendo y no entiendo como no se ha hecho antes; sin embargo, a todos los que se ha juzgado y condenado antes de su aprobación, no se les podrá aplicar y, lo más seguro es que salgan de prisión antes de cumplir la pena completa. ¿ A qué se debe esto? A que, según el artículo 9 de la Constitución, se garantiza la «irretroactividad» de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de los derechos individuales. Es decir, que a un asesino o a un pederasta no se le pueden lesionar sus derechos individuales aplicándoles una ley con efecto retroactivo, pero a ciudadanos normales sí. Porque el derecho a la vivienda también está garantizado en la Constitución, concretamente en su artículo 47 y la aplicación de la Ley de Costas de 1988 con efecto retroactivo no es precisamente favorable a este derecho individual. El Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, ¿se ha leído la Constitución?
No voy a entrar en consideraciones políticas como por qué se aplica esta Ley en comunidades que, casualmente, están gobernadas por la oposición, y además con una amplia mayoría o porqué hay personas (por cierto muy progresistas ), que pueden comprar un piso recién construido en suelo que, supuestamente, está afectado por la Ley de Costas.
Solamente me gustaría destacar que muchos de los afectados no tenemos otra propiedad que nuestras casas, compradas con mucho esfuerzo y con todos los requisitos legales necesarios (inscripción en el registro , escritura ante notario, etc.) y que esto nos supone quedarnos en la calle y con dudosa opción a comprar otra vivienda, teniendo en cuenta los precios que paga el estado por las expropiaciones .
En resumen, hemos sido ciudadanos honrados a lo largo de nuestra vida, para ahora ser tratados peor que los asesinos. Curioso ¿verdad? ¿Es esta la forma de actuar de un gobierno progresista que se preocupa del bienestar de sus ciudadanos?

miércoles, 10 de diciembre de 2008

La familia pontevedresa afectada por una orden de desahucio y derribo de su casa logra "IN EXTREMIS" el aplazamiento


PONTEVEDRA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -


Una familia del barrio pontevedrés de O Burgo, con una orden de desahucio y derribo sobre su vivienda, afectada por la Ley de Costas, que les obligaba a desalojar mañana la casa, ha logrado "in extremis" frenar esta medida al obtener la suspensión temporal de la medida.

La notificación, que se produjo esta mañana, fue recibida por los miembros de la familia con "gritos de alegría y llantos", según uno de sus miembros, Fátima Aboal, "porque las maletas ya estaban cerradas". Desde que tuvieron conocimiento del aplazamiento, los afectados han contactado con todos los colectivos y particulares que mañana tenían previsto concentrarse ante la vivienda de O Burgo para apoyar a la familia Aboal en el momento del desalojo.

Fátima Aboal recibió la noticia a través del abogado que representa a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. "Me preguntó cuánto tiempo tardaba en deshacer las maletas y no le entendía", explicó Fátima Aboal, "hasta que me dijo que ya no teníamos que irnos".

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la familia agradeció el apoyo de los medios de comunicación, las 2.000 firmas reunidas en solidaridad a su situación, el respaldo de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y su gabinete jurídico, así como los colectivos gallegos de afectados por esta legislación.

Por contra, criticó a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pontevedra, acusándola de "pasarse la pelota de unos a otros y lavarse las manos".
Por su parte, el departamento municipal que dirige la edil socialista Margarita Castejón manifestó en un comunicado que "la familia fue atendida por los Servicios Sociales en cuando fue comunicado el problema", a lo que añade que los Servicios Sociales "estarán a su disposición siempre que lo precisen, en las mismas condiciones que para el resto de pontevedreses".

PLATAFORMA NACIONAL
La presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, expresó su satisfacción por el aplazamiento temporal del desahucio y posterior derribo de la vivienda de la familia Aboal, calificándolo como "un gesto de buena voluntad por parte del Gobierno", que atribuye a la "presión social" de los colectivos de damnificados en toda España.
Para Carmen del Amo sería "sangrante" que la familia Aboal "se quedara en la calle a diez días de Navidad", por lo que expresó la voluntad de la Plataforma de "no dejar que nos toquen ni una sola teja por la mala gestión de la Administración durante 20 años".

También expresó su solidaridad con la familia Aboal el presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas de Marín, Enrique Acuña, que instó al Gobierno a "estudiar bien el caso antes de tomar una decisión que sería irreversible".

La vivienda sobre la que pesa la orden de demolición acoge a siete miembros de una misma familia, de los cuales tres son menores de 17, 7 y 3 años.

DERRIBO SUSPENDIDO

EL DERRIBO DE LA FAMILIA ABOAL HA SIDO SUSPENDIDO TEMPORALMENTE.

Desde la Plataforma queremos DAR LAS GRACIAS a cuantos han enviado sus escritos a los diferentes Estamentos Oficiales pidiendo la paralización de tan injusto proceder.

DAR LAS GRACIAS por los numerosísimos apoyos recibidos imposibles de enumerar.

Desde esta página, NUESTRO AGRADECIMIENTO a todos por la solidaridad demostrada.

lunes, 8 de diciembre de 2008

------URGENTE ----- AYUDALES POR FAVOR

Estamos intentando parar un desahucio seguido de un derribo en Pontevedra, como consecuencia de una recuperación posesoria. Tendrá lugar el próximo día 11. Su vivienda construida en 1929 y comprada hace 20 años aunque ha sido su única residencia durante los últimos 40 años .
Esta familia, con dos niños de corta edad y de escasos recursos económicos, se verá pasando las Navidades en la calle no logramos paralizar el derribo a tiempo.

Puede contribuir remitiendo el texto que he dejado escrito abajo al gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno. Los presidentes de cada colectivo o asociación por favor transmitid este correo a los asociados pero también a los simpatizantes.

Las instrucciones son las siguientes:

Ir a esta página:

http://www.mpr.es/Contacte+con+el+Ministerio/default.htm


Escribir los datos personales.
En el apartado ASUNTO poner DESAHUCIO EN PONTEVEDRA.
En el apartado A QUIÉN DIRIGIRSE seleccionar OTRA UNIDAD.
En el apartado ESPECIFIQUE CUAL, poner GABINETE VICEPRESIDENTA.

En el cuerpo del mensaje pegar el siguiente texto:

La familia de D. José Antonio Aboal va a ser desahuciada de su vivienda el próximo día 11 por la Demarcación de Costas de Pontevedra, como consecuencia de un expediente de recuperación posesoria. José Antonio convive con su hija Patricia, su yerno y sus dos nietos de seis y dos años. Carecen de otro techo. Han pedido una vivienda social y están en lista de espera. Tienen presentada solicitud de concesión administrativa de la Disposición Transitoria primera, apartado primero, de la ley de costas para poder permanecer en su casa y por lo tanto primero debería tramitarse la concesión y posteriormente decidirse si les corresponde la concesión o el desahucio. El Consejo de Ministros aprobó el viernes un proyecto para agilizar este tipo de concesiones, lo que significa que por fin se presta atención a este problema. Por favor, ordene que se suspenda el desahucio hasta que se dicte resolución en el expediente de concesión y evite que la familia, incluyendo los dos niños pequeños, tenga que dormir en la calle

Si alguien quiere hacer aún más, puede enviar un fax o un e-mail con el mismo texto a los siguientes destinatarios:

Jefa de costas de Pontevedra: 986840786

Directora General de Sostenibilidad de la Costa, Alicia Paz Antolín : 915975907 , apantolin@mma.es

Secretario General del Mar, Juan Carlos Martin Fragueiro: 913476012,
sgpesmar@mapa.es


Creo que de los cuatro destinatarios el más apropiado es el Secretario General del Mar.

En nombre de la familia Aboal , gracias por vuestra ayuda.

José Ortega

jueves, 4 de diciembre de 2008

LEY DE COSTAS, ¿IGUAL PARA TODOS?

CALNEGRE (Murcia) ANTIGÜEDAD 200 AÑOS

ORDEN DE DERRIBO, 100 FAMILIAS.







































MARINA DE COPE (Murcia)

SUSTITUIRÁ AL PUEBLO DE PESCADORES

PERMISOS CONCEDIDOS (20 HOTELES, 10 CAMPOS DE FUTBOL,

10.000 VIVENDAS, 5 CAMPOS DE GOLF,

CENTROS COMERCIALES…….)


domingo, 30 de noviembre de 2008

"La política de Costas con los deslindes es el chantaje permanente"

Carmen del Amo Presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

"Nuestra seguridad jurídica y nuestras propiedades están a expensas de una ola"
30.11.08 - L. VILANOVA ALICANTE LAS PROVINCIAS

Por qué y cuándo surge esta plataforma? -Nos constituimos en enero de este año. Fue cuando nos enteramos del problema de los deslindes y cuando también vimos que no se daba ninguna solución. Al contrario, comprobamos que se denegaba por sistema el 100% de los recursos que se presentaban. Supimos que existía una asociación de afectados en Elche y optamos por unir fuerzas y unificar criterios. Hicimos una puesta en común con el abogado de la asociación y decidimos unirnos. En principio, el informe que remitimos a Bruselas lo hicimos como afectados de la Comunidad Valenciana.

-Pero luego, ¿se unieron afectados de toda España? -En marzo, la plataforma se abrió al resto del país tras recibir una avalancha de llamadas de toda España. En la actualidad somos alrededor de 20.000 personas. Cada día se suman nuevos asociados

.-Y en este tiempo, ¿han obtenido algún logro? -El eco nacional que hemos tenido ha sido tremendo. Y es que el tema es grave. Los afectados han visto un sitio donde agarrarse, una tabla de salvación y la posibilidad de estar en contacto con el resto de los afectados, aunque no estén en la plataforma

.-¿Han mantenido contactos con las autoridades? -Hemos tenido una reunión con el Ministerio. Y estamos pendientes de una nueva reunión informativa para crear una comisión mixta para analizar la Ley de Costas y estudiar la problemática. Porque todo se deniega, todo se pierde. Consideramos que una Ley que condena al 100% de la gente es injusta de nacimiento. Algo está fallando y hay que estudiarlo porque no tenemos opción a defendernos.

-Pero cada caso será diferente...-Sí, pero la realidad es la misma. Te trazan una línea de deslinde y te has quedado sin propiedad. Lo que sí que es común a todos es que los deslindes van todos a viviendas preexistentes...

-¿Nunca a nuevas construcciones? -No. Habiendo construcciones muchísimo más cercanas al mar no les afectan los deslindes.

-¿Y eso cómo se explica? -Eso es lo que yo quiero que me expliquen. No entiendo que urbanizaciones que se están haciendo en estos momentos a diez metros de la playa tengan el visto bueno... A no ser que hagan luego deslindes y cojan a todos los propietarios de buena fe. Aquí (en Rocafel) han tardado 20 años en venir

-¿Cuánto queda por deslindar? -Sólo en Alicante, el 42%. En Baleares, el 51%. Ellos dicen que un 18%, pero por lo que veo creo que de todo el territorio queda todavía un 30%. En las zonas conflictivas de turismo y de mucha construcción en la playa ronda el 50%. Es una barbaridad que después de 20 años falte un 50% por deslindar.

-Esto provoca más inseguridad... -La inseguridad jurídica es total. A pesar de que la Ley es Constitucional, la aplicación que se está haciendo provoca una inseguridad jurídica que es anticonstitucional. La indefensión que están creando también. Están yendo a por gente mayor, pobre, humilde y que no puede gastar dinero en defensa jurídica.

-Y también inseguridad porque no sabes si te va a tocar, ¿no? -Nadie está seguro en los primeros 500 metros. La Ley prevé que pueden ampliarse los deslindes y, además, la Ley dice que hasta donde llegue la ola en los temporales. Existe esa puerta abierta a un permanente deslinde que, además, lo puede pedir cualquier particular. Tu seguridad jurídica y tu propiedad está en manos de una ola.

-¿Y qué va a hacer la Plataforma? -Yo he pedido hablar con los partidos políticos para conseguir una modificación de la Ley. PP y CiU están de acuerdo. Me falta una respuesta para poder sentarme con el PSOE. Queremos un acuerdo entre los partidos y que no se politice el tema. La Plataforma es plural.

-¿Y si no lo logran? -Si antes de final de año no nos sentamos a negociar, vamos a salir a la calle. Se puede generar un conflicto social grande y la gente está dispuesta a todo para defender su casa.

-¿De qué manera les condiciona la vida los deslindes? -Económicamente de manera muy grave. Conozco gente que está siendo asistida por los servicios sociales. Uno de los casos es el de una mujer viuda que no tiene para comer porque aún no le ha llegado la pensión y aunque tiene compradores de su casa, la Ley le impide vender. Y todo por un metro de balcón. Un metro de vuelo...

-¿Por ese metro está afectada toda la vivienda? -Toda...

-¿Te limita poder disponer de tu vivienda para vender y también saber hasta cuando vas a seguir teniendo casa? -Y las hipotecas. Los bancos te pueden pedir de un día para otro que pagues la hipoteca porque han convertido tu casa en ilegal. Y un bien ilegal no puede ser hipotecado. También hay gente que necesita avalar a un hijo, ampliar la hipoteca para salir del paso o para abrir un negocio. Y no puede. Y psicológicamente no saber que le va a ocurrir a tu familia es horroroso. Hay gente que duerme con pastillas. Además hay un alto porcentaje de pensionistas que no pueden vender para irse a una residencia. Extranjeros que quieren volver a su país y no pueden marcharse... Además los negocios que se cierran no se vuelven a abrir porque son intransferibles.

-Supongo que la crisis habrá agravado el problema... -Desde luego. He enviado una carta al gabinete de Zapatero explicando la gravedad del tema. Se supone que están tomando medidas, pero dirigidas al gran capital, no a la población. Les pregunté porque no se nos ha tenido en consideración visto la gran cantidad de afectados que hay, la problemática económica tan grave y el problema inmobiliario que existe. Que me expliquen porqué hay un corralito inmobiliario de 200.000 propiedades. La primera línea de playa es lo que más mueve en el mercado inmobiliario. Y todo eso está paralizado.

-¿A expensas de qué? -Pues de que tomen una decisión. Porque lo que no sabemos es lo que va a ser de nosotros.

-Y se sigue construyendo en primera línea... -Cada vez que hay deslindes o derribos sabemos que detrás hay una planificación urbanística. Es más hay ayuntamientos que se ven forzados a sacar de ordenación las viviendas afectadas por deslindes si quieren ver aprobados sus planes generales. Esa es la política de Costas, el chantaje permanente.

-La UE admitió la queja de la Plataforma, ¿es su esperanza? -Si, confiamos en que los inspectores europeos hagan algo porque la imagen que se da es lamentable.

sábado, 22 de noviembre de 2008

«Sabía que si nos enfrentábamos a proyectos urbanísticos especulativos íbamos a durar poco»

POR PALOMA CERVILLA. FOTO NIEVES SANZ
14/01/2007

ENTREVISTA A JAVIER CASTROVIEJO,
tras su cese como Presidente del Comité
“Hombre y Biosfera”.

-¿Cuáles han sido las causas de su cese?
-Las causas exactas de mi cese y de la disolución del comité
habría que preguntárselas a la ministra de Medio Ambiente.
Cuando el comité comenzó a ser consciente de que había una
serie de actividades urbanísticas de especulación en zonas
reserva de la biosfera y determinó enfrentarse, yo ya dije que esto
iba a suponer nuestra desaparición. Éramos conscientes de que si
intentábamos interferir en los planes de urbanización y
especulación dentro de la reserva íbamos a durar poco.


-¿Por qué lo intuía así?
-Porque ya lo había vivido como director de la Estación Biológica de Doñana, cuando me tocó oponerme
a una urbanización que se quería hacer en las Marismilla, y también por lo que vi con Costa Doñana. Con
lo que está pasando, dije, de esta no pasamos, porque los intereses económicos que hay son
inimaginables. Acordamos hacer lo posible para frenar esta hecatombe que está cayendo en las reservas
de la biosfera.


-¿Cómo se produjo su cese?
-No fui avisado y no se pusieron en contacto conmigo. Sólo me mandaron una nota de prensa del
Ministerio de Medio Ambiente.


-¿Qué relación habían mantenido con el Ministerio?
-Hablé con ellos muchas veces, sobre todo por la negativa a darnos los fondos que existían para hacer
unos informes previos sobre la situación de las reservas de la biosfera. En otra ocasión nos mandaron
una carta, con muy poco tiempo, para hablar del futuro del comité. El Ministerio quería cambiarlo
mediante una orden ministerial y nosotros entendimos que no tenía sentido.


-¿Qué querían hacer con el comité?
-Era muy confuso. La orden quería ponerlo en manos del partido político de turno, con la entrada de
sindicatos y representantes autonómicos, una cosa inusual. Ante esta orden, el comité dejó oír su voz, la
orden no salió y crearon otro comité.


-¿Se habían convertido en una voz incómoda para el Gobierno?
¿Han intentado silenciar su voz?
-No sé si fuimos incómodos, pero cumplimos con nuestro deber. Los
independientes nunca son bienvenidos y no me extrañaría que
quisieran silenciar nuestra voz, pero a mí no me van a poder silenciar
nunca, voy a decir siempre lo que crea oportuno cuando lo crea
conveniente.


-¿Cuándo alertaron a la ministra de los proyectos especulativos?
-En enero de 2005. Solicitamos fondos para hacer un estudio y nos lo negaron de una forman tajante. Yo
pregunté por qué y me dijeron que porque podría crear conflictos políticos. Alertamos sobre el hotel El
Algarrobico en Almería, los Merinos norte y sur en Ronda, actuación en Sallent de Gallego en Ordesa, la
situación imposible en La Mancha húmeda, la anunciada urbanización en Pandorado, dentro de la reserva
de la biosfera en León y las minas a cielo abierto en Laciana, también en León.


-¿Esta situación no se había producido con Gobiernos anteriores?
-No. La ola de movimientos especulativos dentro de la reserva empezó en 2004. Esto no es comprensible
en casi ningún país del mundo. Veo los hechos y no se atajan, se divaga. Los estados de Derecho tienen
medidas suficientes para parar este desastre. ¿A quién pretenden engañar o a qué juegan?


-¿Qué le parece la polémica sobre si Los Merinos es o no reserva de la biosfera?
-Claro que lo es. Está reconocido por todas las partes y por la propia Junta de Andalucía. Es tan
bochornoso lo que está pasando, es tal la pérdida de moral con la especulación del territorio fuera y
dentro de la reserva, que no hay palabras para describirlo. No entendemos cómo los políticos permiten
esto. Es, sencillamente, inadmisible. El anterior comité estaba horrorizado con el proyecto de Los
Merinos, no hay adjetivos para describir que se hayan hecho unos viales y se transformen en circuito de
velocidad.


-¿Qué piensa sobre la presencia de destacados políticos socialistas, como Montaner y Solana, en este
proyecto?


-¿Qué quiere que piense? ¿Vamos a pensar que hacen esto por amor a las razones sublimes de la ética
y la moral? Todo el mundo se puede imaginar para qué están ahí. Hay cifras de dinero colosales y la
primera cosa que habría que hacer es pedir las perspectivas financieras y de inversión.


-El Gobierno ha anunciado nuevas medidas contra la corrupción urbanística ¿Piensa que serán eficaces?
-A mí que no me hablen de las promesas de los políticos. Esto hace mucho que se produce y la única
novedad es que aparece en los medios de comunicación porque estamos en una situación límite. Estos
disparates se tienen que parar.

martes, 4 de noviembre de 2008

NOTA DE PRENSA MINISTERIO

Tras la reunión celebrada hoy con la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas y en respuesta a su solicitud

La Secretaría General del Mar impulsará una tramitación más rápida de las concesiones que hayan de otorgarse al amparo de la Ley de Costas

Se celebrará un nuevo encuentro en el plazo más breve posible.

La Secretaría General del Mar del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se ha comprometido a imprimir mayor rapidez a la tramitación de las concesiones que hayan de otorgarse al amparo de la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988, en respuesta a la solicitud efectuada por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, en una reunión celebrada hoy en Madrid.
El Secretario General del Mar, Juan Carlos Martín Fragueiro, acompañado por la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Alicia Paz Antolin, han asistido al encuentro mantenido con una representación de la Plataforma, encabezada por su presidenta, Carmen del Amo.
En la reunión, se han abordado distintas cuestiones de carácter general y particular en relación con la aplicación de la Ley de Costas de 1988.
En este sentido, la Secretaría General del Mar estudiará los planteamientos presentados por la Plataforma Nacional de Afectados.
También está prevista la celebración de un nuevo encuentro en el plazo más breve posible..

4 de noviembre de 2008