22 de enero de 2009
Parlamento Europeo, comité de peticiones, 20 de enero de 2008. El día de Barak Obama.
No había, o no parecía haber, en la sala ningún eurodiputado holandés ni alemán, lo que nos extraño y decepcionó, especialmente a los afectados holandeses (Jan) y alemanes (Karim y Margret). Los parlamentarios que demostraron tener las ideas más claras fueron los ingleses. Tanto los españoles como los representantes del gobierno de la Comunidad Valenciana, la Síndic y la Comisión Europea, se perdían en tecnicismos legales. Los ingleses respondieron con una visión simple y eficaz: es una vergüenza que estemos cinco años discutiendo lo mismo (las leyes urbanísticas valencianas) y se olvida que detrás de cada problema hay personas con una historia y un drama individual.
Durante mi intervención se registró un incidente bastante revelador. Uno de los más apasionados defensores del informe Auken y de las víctimas del urbanismo salvaje es el diputado español de los verdes Sr. Hammerstein. Cuando llevaba unos momentos hablando, se le ocurrió interrumpirme para decir que yo no podía intervenir porque nuestro asunto no estaba en el informe Auken. El presidente lo mandó callar diciendo que las cuestiones de orden se plantearían al finalizar las intervenciones, pero este señor no planteó ninguna cuestión posteriormente, por lo que entiendo que su intención no era otra más que hacerme dudar, cortarme el ritmo y provocar inseguridad o errores (lo que desde luego no consiguió), y que le movía era un prejuicio ecologista totalmente fuera de lugar.
En el debate cada diputado recibió solo dos minutos. La diputada del partido socialista Inés Ayala tuvo una intervención a mi juicio desafortunada en la que sugirió que los actuales problemas son la consecuencia de haber construido en el pasado demasiado cerca de la costa. Más desafortunado aún me pareció que comparase nuestros casos con los del hotel Algarrobico. Y eso no es todo. Al término de la sesión, uno de los afectados trabó una breve conversación con Ayala. Ella le preguntó por la fecha en la que se habían construido las viviendas (años sesenta). Su comentario fue que “en esa época no había democracia”. La novedad de esta aportación consiste en que el culpable de todo es Franco.
En fin.
Mi intervención:
Sr. Presidente, Sres. Diputados:
Imaginen que compran en España una bonita casa de vacaciones y que un día el gobierno les dice que su casa es ilegal porque se construyó sobre una duna y veinte años después de la construcción, una nueva ley declaró que las dunas son dominio público.
O imaginen que unos funcionarios descargan unos cuantos camiones de arena junto a su casa, y a continuación la declaran ilegal porque está en medio de una zona de arena.
O imaginen que el gobierno instala en el mar unos espigones, el agua empieza a comerse la tierra y su casa se encuentra de pronto a dos metros del mar, y les dicen que es ilegal porque está demasiado cerca del mar.
O imaginen que un temporal extraordinario moja la fachada de su vivienda y con esto se transforma en ilegal.
O imaginen que el gobierno les dice que el terreno que ocupa su casa estuvo sumergido hace doce mil años, y que por este motivo su casa es ilegal.
¿Saben lo que les pasaría en cualquiera de esos casos? Que perderían la propiedad ¿Y creen que el gobierno les indemnizará esta expropiación? Nada de eso. Si ustedes son personas sin suerte, el gobierno no solo se la derribará, sino que además les hará correr con los gastos de la demolición. 83.206 euros ha llegado a exigir a una familia para financiar su propio derribo. Pero previamente intentará despojarle a usted de su dignidad y le dirán que si renuncian a defenderse les perdonarán el pago de estas cantidades.
Si por el contrario son ustedes personas con suerte, el gobierno les compensará con el derecho a permanecer como inquilino en su propia vivienda durante un periodo de tiempo limitado. Pero esto es solo en teoría, porque cuando alguien reclama este derecho por escrito no obtiene respuesta. Hasta donde yo sé estas reclamaciones se guardan en un armario ¿Saben cuál es la excusa? Que no tienen personal suficiente para tramitar estos expedientes. Tomen nota: El gobierno de España tiene todo el personal necesario para quitarle a usted su casa, pero ninguno para ocuparse de la compensación.
Alguno de ustedes, con mucha razón, dirá que la concesión que le ofrecen vale menos que la propiedad que le quitan. Y reclamará una compensación económica que cubra esa diferencia. Les aguarda una nueva negativa. En España los tribunales han dicho que “toda expropiación lleva aparejada cierta dosis de sacrificio”. No hay ley ni principio moral que diga una cosa así, pero esto es lo que sostienen nuestros jueces.
Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Les puede pasar a ustedes y le ha pasado a muchos ciudadanos de la Unión Europea que están padeciendo un sufrimiento intolerable. Yo no represento a empresas inmobiliarias ni a agentes urbanizadores, sino a ciudadanos de la clase media o media baja, muchos de ellos jubilados indefensos con unos ingresos modestos.
Ya habrán visto que esto no es una petición de caprichos. Hemos venido al Parlamento Europeo en demanda de una justicia que en España se nos niega. En mi país el propio defensor del pueblo acaba de archivar la misma queja que hemos presentado aquí diciendo que no tenemos razón en nada y que el gobierno tiene razón en todo.
Para las familias que represento, la única esperanza son ustedes. Tengo que pedirles en su nombre que investiguen a fondo la queja, que obliguen al gobierno de España a cumplir las mismas reglas que se cumplen en el resto de Europa y que confirmen que ser ciudadano europeo es algo que sigue mereciendo la pena.
José Ortega
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