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sábado, 30 de agosto de 2008

En el vigésimo aniversario de la Ley de Costas

En 1989, en el Congreso de los Diputados, el diputado Juan Antonio Montesinos planteó al entonces ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Saenz de Cosculluela, la siguiente pregunta acerca de la aplicación de la Ley de Costas que se había aprobado en julio de 1988: «¿Tiene previsto el Gobierno adoptar alguna medida, además de pagar el precio justo, que compense económicamente a los residentes extranjeros propietarios de inmuebles en el litoral español, que serán expropiados por la Ley de Costas?
El señor ministro se ofendió, además de extrañarse por la pregunta. Un país como éste, serio y respetuoso de los derechos de los ciudadanos, no podía ser sometido a semejante duda. Enfáticamente le respondió con el comunicado que su Ministerio había hecho publico: «Uno: El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo desmiente rotundamente que la Ley de Costas implique la nacionalización o expropiación de propiedad alguna de ciudadanos españoles o extranjeros. Sólo aquellas edificaciones que carezcan de todo soporte legal se verán afectadas por los oportunos expedientes sancionadores, según el procedimiento legalmente establecido, y con todas las garantías procesales para los interesados. La Ley de Costas arbitra mecanismos para la legalización de construcciones realizadas en la zona de dominio público marítimo terrestre, así como salvaguarda las edificaciones construidas de acuerdo con la legislación anterior». Ni más, ni menos. En ese mismo año, la Dirección General de Costas había iniciado el expediente de deslinde de Arenales del Sol. Esta playa había sido deslindada completamente -la zona maritimo terrestre y las playas- en 1974 por la propia Dirección de Costas con base en la Ley de Costas de 1969. Con arreglo a ello, había sido incluida en el Plan de Ordenación Urbana de Elche como terrenos urbanos y se habían aprobado las construcciones que hoy se encuentran en dicha playa. Es más, algunos de los terrenos habían sido vendidos por el Estado a los particulares al no ser dominio público. Tan legales son esas viviendas como las viviendas de los centros históricos de las ciudades. Qué llevó a la Dirección General de Costas a aplicar la Ley deCostas en Arenales del Sol, contradiciendo la palabra del ministro (en sede parlamentaria, esto es en la institución que refleja el mayor nivel de soberanía popular), es uno de los mayores misterios. ¿Mintió el ministro y, por ello, actuó indignamente, haciendo cómplice a su Gobierno de semejante engaño?, ¿ o bien los altos funcionarios de Costas decidieron que el ministro era un incompetente al que podían burlar y hacer lo que es viniera en gana? El caso es que en 1997 (ya con otro partido en el poder y otra ministra) se aprobó el nuevo deslinde de Arenales del Sol. Curiosamente, en él se afirma que se realiza porque el deslinde anterior, de 1974, es incompleto al no haberse deslindado lo que era la playa.
De la lectura de dicho deslinde anterior, realizado por la propia Dirección de Costas, se comprueba que sí se deslindó la playa. La conclusión es que los funcionarios tuvieron que falsear la situación para poder encajar tanto disparate. Una de dos, o la Ley de Costas sí se aplicaba con carácter retroactivo sobre propiedades legales, con lo que esto suponía acerca de la seguridad jurídica de invertir en este país, o había que afirmar, mintiendo, que las propiedades no eran legales porque el deslinde anterior era incompleto. Se optó por la mentira y, por ello, por la prevaricación. Que, además, éste no es un asunto de un partido político concreto, lo avala el hecho de que Costas inicia el nuevo deslinde (innecesario porque ya se había deslindado) en 1989 con un partido en el poder y lo finaliza (tras casi una década) con otro. Desgraciadamente, la forma de actuar por parte de Costas en Arenales del Sol ha sido aplicada por esa Dirección del Estado en otros muchos lugares de la costa española. La alarma, inseguridad jurídica y desamparo que todos estos desmanes han generado, forzaron a que los miles de vecinos afectados se organizaran para defender sus legítimas propiedades. Nació así la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas que remitió al Parlamento Europeo un informe (enero de 2008) en el que se reflejaban algunos de estos abusos por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas. El Parlamento Europeo, alarmado de que a ciudadanos europeos se les pueda expoliar de sus propiedades, ha admitido dicho informe, y anunciado, que formará una Comisión de Investigación acerca de la actuación del Gobierno español.
A día de hoy, una parte importante de los funcionarios que durante años cometieron estos desmanes, con una prepotencia y arrogancia inauditas, han sido cesados de la Dirección General de Costas. Hoy están ocupando altos cargos en la Administración. Hay una nueva ministra y unos responsables nuevos. Esperamos que entiendan
qué es lo que pretendemos desde nuestra asociación y desde la plataforma. Nuestra lucha por defender las propiedades que legítimamente adquirimos antes de la Ley de Costas de 1988, va mas allá de la mera defensa de nuestras viviendas. Deseamos que se modifiquen los artículos de la Ley de Costas que han permitido, y que a día de hoy aún permiten, aplicarla con carácter retroactivo. No aceptamos el tan manido argumento de que el fin justifica los medios y los derechos individuales deben supeditarse a los intereses colectivos y queremos
abrir un debate que restituya lo que entendemos son las condiciones básicas para un Estado respetuoso con sus ciudadanos, en estos temas.
Consideramos que las leyes no se aplican sobre derechos anteriores, legítimamente adquiridos y que el derecho de propiedad (vivienda), es un derecho fundamental (ya sabemos que no es un derecho fundamental de las personas en nuestra Constitución, hija de su tiempo y gentes, pero sí para la legislación y tribunales europeos. Ambas condiciones son esenciales para recuperar la confianza de miles de ciudadanos extranjeros que
consideran este país poco seguro para su inversión y poco menos que una república bananera en estos temas de urbanismo.
Por último permítanme dos consideraciones finales. Nunca hemos discutido la capacidad de un Gobierno democráticamente elegido para ordenar el territorio con base en el bien común. Si el Gobierno cree que debe eliminar edificios de la costa, está en su derecho.
Lo que pedimos es que lo haga con los mecanismos adecuados al reconocimiento de la propiedad y compense a los propietarios con indemnizaciones justas. Tal y como se hace cuando se expropia para construir una autovía, una vía de tren, una vía urbana, un parque,etc. Lo que consideramos un disparate es que el Gobierno nos
quite nuestras propiedades y nos diga que nos compensa dejándonos vivir un cierto número de años en ellas. Aunque sea el resultado de una sentencia del Tribunal Constitucional, es un disparate propio de analfabetos en economía.
Ahora, el Estado puede adquirir una vivienda pagando a su propietario con el uso, por un cierto período de tiempo, de su propia propiedad. Si extrapolamos este tipo de relaciones a particulares, es como si uno pudiera decir a otro: me gusta tu coche y como soy más fuerte que tú (soy el Estado), me lo quedo, pero para que veas que no soy un auténtico ladrón te dejo que lo uses unos meses, pero, eso sí, me tienes que pedir permiso para cualquier arreglo o cambio que quieras hacer y además el impuesto de tráfico (en nuestro caso el IBI) lo pagas tú. Fantástico.
Si permitimos que un Gobierno pueda aplicar leyes como ésta sobre propiedades anteriores (legítimas) abrimos la puerta a futuros desmanes sin fin. Imagínense que se considera que la construcción masiva en nuestras ciudades ha estropeado lo que sería el perfil (skyline) de las mismas con edificios de 8 o 9 plantas en las mismas calles que existen edificios mas antiguos de 4 o 5 plantas. Se pueden buscar argumentos para justificar esta actuación. La existencia de edificios más altos que otros en las mismas calles no sólo es estéticamente insoportable (¡algunos pseudo-ecologistas son tan estetas!), sino que, además, perjudica la recepción de emisiones de radio y televisión por parte de las viviendas más bajas. Por todo ello un Gobierno responsable dicta una ley de recuperación del Dominio Público Aéreo-Terrestre, mediante la cual se establece que las ciudades no podrán tener edificios en el centro de mas de 4 o 5 alturas.
A partir de la misma se establece también que todas las viviendas que superen dicha altura, pasan a ser propiedad del Estado. Como esto afectará a cientos de miles de viviendas existentes, se proclama que a los actuales propietarios se les dará, en compensación por perder su propiedad, una concesión de 30 años (ampliables en ciertos casos), y una vez pasado este período, las alturas en exceso se derribarán ¿Ustedes admitirían esto si tuvieran la desgracia de que sus viviendas quedasen fuera de ordenación bajo la nueva ley o se defenderían y lucharían por sus derechos?
Esto es lo que estamos haciendo nosotros, y cuando piensen en ello, recuerden los versos de Bertol Brecht sobre uno de esos Gobiernos que creía que el individual y sus derechos debían supeditarse a la colectividad. «Primero se llevaron a los negros, pero no hice nada porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero no hice nada porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los anarquistas, pero como yo no soy
anarquista tampoco hice nada...
Ahora me llevan a mí». !
En el vigésimo aniversario de la Ley de Costas

ALFREDO MASÓ TRIBUNA
Presidente de la Asociación Litoral Arenales del Sol
DIEGO FOTÓGRAFOS
Viernes, 29 de agosto, 2008 ELCHE 13
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008090200_8_793219__Opinion-vigesimo-aniversario-Costas