El abogado José Ortega, cofundador junto a Carmen del Amo de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, afirma que esta norma produce «inseguridad jurídica», tanto por sus contenidos como por su aplicación.
De entrada, señala la Ley de Costas de 1988 introduce una modificación, respecto a normativas anteriores, sobre el alcance de los temporales, que definen el límite del dominuio público terrestre. Anteriormente, el alcance de un temporal ordinario y previsible marcaba el límite, sin embargo, a partir de 1988, se tienen también en cuenta los temporales extraordinarios. Así, comenta Ortega, si un temporal entra hasta el centro de una ciudad de forma extraordinaria, se puede declarar de dominio público una población completa.
Esto crea «una inseguridad jurídica», asegura, hasta el punto de que «nadie puede tener la seguridad de mantener su vivienda comprando una casa en primera línea de playa».
Además. continúa, la ley define de dominio público no sólo las playas, sino, desde 1988, las dunas asociadas a ella, donde se era legal construir edificaciones. Este abogado afirma que desde la entrada en vigor de la Ley se han sucedido dos interpretaciones contradictorias. Hasta 1997, los tribunales consideraban que el entorno natural estaba desnaturalizado con las construcciones, con lo cual sus propietarios no perdían sus derechos.
Pero a partir de entonces, los tribunales interpretaron que el entorno natural no se desnaturalizaba, por lo que los propietarios perdían sus derechos de propiedad y el terreno pasaba a dominio público.
Por estas razones, este abogado impulsó el envío a la Unión Europea un escrito de protesta comentado casos concretos de «aplicación retroactiva, abusiva y arbitraria» y donde pedía una investigación de la aplicación de la norma en España, que ha sido admitida a trámite la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
http://www.abcdesevilla.es/20080803/andalucia-actualidad/abogado-denuncia-inseguridad-juridica-200808022137.html
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