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viernes, 30 de mayo de 2008

«Una aplicación ciega o rígida de la Ley de Costas resulta preocupante»

entrevista Eugenio Rodríguez Cepeda

DECANO-PRESIDENTE DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA



Sergio Carbó, Valencia

—¿Cuál es el análisis de la actual crisis inmobiliaria que efectúan
desde la perspectiva de los registradores de la propiedad?


—La perspectiva no es optimista porque de entre todas las cifras
que vamos registrando es difícil encontrar algún dato positivo. Hay
que reconocer que, en general, estamos descendiendo. Lo que pasa
es que el descenso procede de unas cifras previas realmente mareantes.
La Sociedad Hipotecaria Española daba unas cifras de saldo
vivo garantizado como hipoteca inmobiliaria que eran prácticamente

el Producto Interior Bruto español. Por tanto, es lógico que
se produzca un descenso, porque el mercado inmobiliario español ya
no daba más de si. Ahora toca que el sector se reajuste y se adapte a
la demanda real. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para este reajuste?,
pues cada economista ya hace sus previsiones de acuerdo a su leal
saber y entender. Lo que parece claro es que esas cifras tan espectaculares
ya no van a volver y, quizá, ni siquiera sería deseable que
lo hiciesen.


—¿Cuál es su opinión acerca de la polémica sobre las consecuencias
que está causando la Ley de Costas en materia de deslindes y dominio
público que afectan a viviendas construidas hace tiempo?


—Bueno, partiendo de que yosiempre he sido registrador en zonas
de interior y en mis destinosprofesionales nunca tuve ninguna
playa marítima y, por tanto, no es mi especialidad, sí preocupa una
aplicación ciega o rígida de la Ley de Costas sin tener en cuenta cada
caso concreto. El legislador, en el momento en que redacta la ley,
puede tener una proyección muy loable, pero este no es un país virgen
y cuando se redacta cualquier ley hay que tener en cuenta que
España tiene mucha historia y esa realidad legislativa que aparece ha
de contar con las realidades previas.
Ahora bien, es evidente que los órganos competentes deben
perseguir y sancionar cualquier infracción administrativa, pero cuando
se aplica una ley nueva a una realidad vieja hay que tener en cuenta
que no venimos de la nada. Por tanto, es preciso que conocer muy
bien la realidad preexistente que se quiere regular ex novo porque
de lo contrario los tropiezos pueden ser tremendos.
—También se han suscitado conflictos jurídicos últimamente con
la propiedad de algunos residentes extranjeros en la Comunitat Valenciana
y sus licencias ante la aprobación de ciertos planes urbanísticos
—El extranjero que adquiere una vivienda a España tiene que sujetarse
a las leyes españolas. En el capítulo relativo al estatuto jurídico
bien inmueble se aplican las medidas del territorio donde está situado
el bien inmueble. Eso es un principio de Derecho Internacional
Privado universalmente aceptado. Por tanto, esos extranjeros
que viene a España, unos por razones de recreo, otros por razones
de trabajo, tienen que ajustarse a la ley española como cualquier español
y si existe alguna irregularidad tienen que afrontar las consecuencias.
Si nosotros invertimos en un país extranjero no podemos
protestar si una ley de ese país se nos aplica aunque la ignoremos.
¿Que ocurre, sin embargo, en materia urbanística?, pues que por razón
de la transferencia autonómica las competencias legislativas
son complejas y dentro del confuso panorama legislativo los registradores
tenemos, por lo menos, algo en común, que es la legislación
estatal. En cada territorio tenemos una ley de urbanismo y entonces
la ordenación de registros es competencia estatal y el urbanismo
es competencia autonómico y en ese encuentro de las dos
placas continentales se producen algunos terremotos. Esperemos
que no sean de gran dimensión y que las casas queden en su sitio.
—Los registradores de la propiedad celebran en Valencia, el martes
y el miércoles próximos, su Congreso Internacional de Derecho
Registral.

¿Cuáles son ahora mismo sus principales inquietudes
y reivindicaciones profesionales?


—Bueno, aunque este no es un congreso de registradores, sino de
Derecho Registral, sí vamos a acudir muchos registradores y nuestros
colegas que vienen del exterior también se dedican a hacer
aproximadamente lo mismo que nosotros en otros países. Hemos
elegido, como uno de los temas del congreso, la calificación registral,
es decir, el control de legalidad para que lo que se inscribe, salvo
decisión judicial posterior, sea la verdad oficial y coincida con la verdad
real. Queremos hacer hincapié en la necesidad de que haya un
control de legalidad independiente porque al registrador de la propiedad
no lo elige el cliente. Es lo lógico, porque el controlado no
puede elegir al controlador. El siglo XXI se está perfilando como el
momento de los controles realmente independientes para evitar
consecuencias nefastas en los mercados. Ésa es nuestra principal
reivindicación. Es decir, que el poder público no merme estas funciones
de control de legalidad por parte de los registradores.