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Para formar parte de la Plataforma es imprescindible sufrir una situación de abuso o aplicación arbitraria o retroactiva de la ley de costas. Para inscribirse en la plataforma mandar un email a costasmaritimas02@gmail.com
explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
Comentario sobre la página web :email afectadosleydecostas@gmail.com

martes, 23 de noviembre de 2010

Aprueban reformar la Ley de Costas para revisar los criterios de deslinde.

23/nov/10 eldia.es


Madrid, EFE La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado esta tarde con el apoyo del grupo popular dos enmiendas, -una de CiU y otra de CC- que pretenden reformar la actual Ley de Costas, para revisar los criterios de deslinde marítimo -terrestre y proteger, entre otros, determinados asentamientos urbanos.

Ambas enmiendas han sido presentadas con ocasión del debate y votación en la Comisión de Medio Ambiente del Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino.

El texto, aprobado en su casi totalidad, será remitido ahora al pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación, incluidas las citadas enmiendas.

En su iniciativa, CiU defiende que en el plazo de tres meses el Gobierno impulsará la modificación de la Ley de Costas con el objeto de mejorar los criterios de deslinde del dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias, como es el caso de la Marina de Empuriabrava (Castelló d'Empuries), de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Platka de Sabanell (Blanes).

En su justificación se explica que se pretende encontrar una solución a una situación que está afectando a gran número de propietarios de una importante zona turística, como consecuencia del comienzo, por parte de la Dirección General de Costas, del proceso para delimitar los bienes del dominio público marítimo-terrestre de las citadas localidades

La enmienda de Coalición Canaria establece, entre otros puntos, que se consideren áreas urbanas las que comprendan terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.

En su justificación, explica que la realidad demuestra que son muchos los asentamientos rurales que cuentan con la urbanización primaria propia del suelo urbano o bien están consolidadas por la edificación en la misma superficie exigida para dicha clase de suelo, si bien han sido clasificados como tales por encontrarse en un entorno rural y haber querido el legislador preservarlos de un desarrollo propio de ciudad.

El Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino es una norma que busca reforzar la protección de una zona natural que en España ocupa aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados.

La Costa española está deslindada en un 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado el pasado octubre al Consejo de Ministros por el Ministerio de Medio Ambiente.

ENLACE www.eldia.es

viernes, 5 de noviembre de 2010

El Ayuntamiento de Pájara plantea establecer en siete metros la servidumbre del dominio marítimo

El acuerdo plenario también intercede por la calificación de ‘áreas urbanas’ para aquellos asentamientos costeros anteriores a la ley de 1988

El Ayuntamiento de Pájara aprobó, por unanimidad de los miembros presentes, en su última sesión plenaria, una moción tendente a promover la revisión de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, para que la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre se establezca en siete metros y no en 100 o 20 metros, según los casos, como fija la Orden del Deslinde.
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http://www.pajara.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1733

domingo, 31 de octubre de 2010

ITV in UK (Reino Unido) HOMES FROM HELL

Hola,

I’m a researcher with ITV1. We are currently looking for British people willing to share their stories with viewers of “Homes from Hell”, due to be broadcast in spring 2011.

Soy una investigadora de ITV1. En este momento estamos buscando a gente Britanica que desee compartir sus historias con los espectadores de el programa “Homes from Hell”, que sera emitido en la primavera del 2011.

At least one hour will be devoted to the stories of British people who have moved to Spain and encountered serious property related problems.

Por lo menos una hora de el programa estara dedicado a historias de gente Britanica que se ha mudado a Espana y se han encontrado con problemas relacionados a su casa/propiedad.


At this stage we’re not discounting stories of any sort. But we are actively looking for the most shocking Ley de Costas stories and those concerning land grabs.

En este momento no estamos desontando historias de cualquier tipo pero estamos buscando las historias mas escandalosas en cuanto a la Ley de Costas y historias sobre problemas con sus territorios.


Through these individual stories we hope to make viewers here in the UK aware of the wider issues at stake and also the best ways to avoid the potential pitfalls of buying a home in Spain.

Con estas historias individuales esperamos hacerles ver a los espectadores aqui en Inglaterra los problemas que se pueden encontrar y tambien cual es la mejor manera de evitar los problemas que pueden encontrarse potencialmente al comprar un hogar en Espana.

People chosen to have their story featured will benefit from the publicity that is generated by millions of ITV1 viewers being made aware of their plight.

La gente que sea elegida para transmitir su historia se beneficiara de la publicidad generada sobre millones de espectadores de ITV1 que estaran al tanto de su problema.


We will also be working with a group of experts (lawyers, surveyors etc) whose role will be to inform viewers and home owners alike exactly what their problems are how to go about fixing them.

Tambien estaremos trabajando con un grupo de expertos (abogados, agrimensor ect) cual papel sera informar a los espectadores y propetarios cuales son los problemas exactamente y como se resuelven.


Thanks for taking the time to read this email, I will respond to everyone who gets in touch.

Muchas gracias por su tiempo leyendo este email y contestare a todas las personas que se pongan en contacto.


Best,

Anabel.

Email:- anabel.fairclough@itv.com

miércoles, 13 de octubre de 2010

LA AUDIENCIA PROVINCIAL ANULA EL ARCHIVO DE ACTUACIONES PENALES CONTRA EL JEFE DE COSTAS DE LA CORUÑA Y ORDENA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN POR UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN.

La Audiencia Provincial de La Coruña, Sala de lo Penal sección Segunda, acaba de dictar auto por el que se anula la previa decisión del juzgado de instrucción núm. 1 de Ferrol, de inhibirse en su investigación de los posibles delitos cometidos por el Jefe de Costas de La Coruña a favor del juzgado de instrucción núm. 2 de la misma capital. Esta decisión en la práctica significaba el archivo de la investigación, puesto que las diligencias previas que se tramitaban en el juzgado de instrucción 2 por un delito de allanamiento de morada, se habían archivado.
En diciembre de 2005, el Jefe de Costas de La Coruña, Rafael Eimil, acompañado de una brigada de obreros con maquinaria pesada, se personó por sorpresa en una zona de viviendas cercanas a la playa de Villarrube (Valdoviño, La Coruña) y, sin previa autorización judicial, procedió a su derribo.
El auto de la Audiencia Provincial implica la orden de que continúe la investigación de los hechos en el marco de las diligencias previas 2620/08 del juzgado de instrucción núm. 1 de Ferrol, que se siguen a instancia de varios vecinos de Villarube por un delito de prevaricación.
Los vecinos manifiestan su confianza en una investigación rigurosa y en una condena proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.
Podéis consultar, para más información:
http://costasmaritimas.wordpress.com/2010/08/30/sobre-el-infierno-de-villarrube/

martes, 12 de octubre de 2010

ITV1 Homes From Hell :-Urgent Notice for British Homeowners in Spain

ITV1 Homes From Hell :-   Spanish Ley de Costas

Anabel Fairclough a researcher working on a new series of Homes From Hell for ITV1 is looking for British homeowners out in Spain who are affected by the Ley de Costas and whose homes are up for demolition. “It is very sad what people are facing and I hope that we can raise the awareness of this through the broadcast of our programme”.

The series meets the people who shell out thousands for their ideal homes only to see them turn to ruins before their eyes.

If anyone knows of anyone who is facing demolition and/or who would be interested in speaking to Anabel Fairclough please contact her

by email at anabel.fairclough@itv.com

or by phone on 00 44 207 157 4288.

Thank you.



En Español

Reino Unido ITV1 Homes From Hell :-  Ley de Costas

Aviso urgente para propietarios británicos en España


Anabel Fairclough un investigador que trabaja en una nueva serie de Homes from Hell (Casas Desde el Infierno) de ITV1 está buscando a los propietarios británicos en España, que se ven afectados por la Ley de Costas y cuyas casas están amenazadas con la demolición.

“Es muy triste a lo que algunas personas se enfrentan, y espero que podamos aumentar la conciencia de esto a través de la emisión de nuestro programa” en el Reino Unido.

La serie cumple con la gente que desembolsa miles y miles de Euros en sus hogares ideales sólo para ver que se convierten en ruinas ante sus ojos.

Si alguien sabe de alguien que se enfrenta a la demolición y / o que estén interesados en hablar con Anabel Fairclough pónganse en contacto con ella

por correo electrónico   anabel.fairclough@itv.com

o por teléfono al 0044 207 157 42 88.

Gracias.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Reding investiga si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras

BRUSELAS, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha desvelado este miércoles que está investigando si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras ante el gran número de denuncias recibidas por abusos urbanísticos.

Reding ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por la eurodiputada del Partido Por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen. Andreasen había reclamado la intervención del Ejecutivo comunitario por considerar que la legislación urbanística española vulnera el derecho de propiedad, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que con el Tratado de Lisboa se ha convertido en jurídicamente vinculante.

"Considerando el número de denuncias recibidas sobre esta cuestión, la Comisión está supervisando la situación para ver si surge alguna discriminación por razón de la nacionalidad y se ha puesto en contacto al respecto con las autoridades españolas", ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias. La Comisión denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) únicamente la Ley Urbanística Valenciana por considerar que incumplía la normativa comunitaria sobre contratación pública. Pero el abogado general recomendó la semana pasada al TUE que desestime este recurso.

En todo caso, Reding ha aclarado que "por lo que respecta a la cuestión del derecho a la propiedad en España, la Comisión sólo puede intervenir si el asunto se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión". "Tal conexión no se ha establecido aún", ha señalado.

La Eurocámara ha aprobado varios informes que denuncian los abusos urbanísticos en España. En el último de ellos se amenazaba incluso con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas denunciados.

La propia Andreasen ya protestó por los abusos urbanísticos en España durante las dos comparecencias ante la Eurocámara del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año. Su intervención en julio enfadó a Zapatero porque llegó a comparar la situación en España con la de Zimbabue.

La representante del UKIP le espetó al presidente del Gobierno que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Andalucía. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".

Zapatero consideró inaceptable esta comparación y resaltó que España es un Estado de derecho que respeta y hace respetar las leyes. "Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo el presidente del Gobierno.
Reding investiga si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras EUROPA PRESS

Los damnificados de Vilarrube se adhieren a la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas

Jueves, 26 de Agosto de 2010
redacción > ferrol   DIARIO DE FAROL


La Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube hizo pública ayer su adhesión a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, una entidad que amparará y asesorará a la misma a partir de ahora. Durante el acto llevado a cabo en la asociación vecinal de A Gándara el abogado de la Plataforma, José Ortega aclaró las medidas legales a emprender en relación a los derribos de las viviendas de Vilarrube que tuvieron lugar en noviembre de 2005.

“Vamos a solicitar la concesión de la transitoria primera, una compensación que se da cuando te quitan una propiedad por un deslinde, si las viviendas son ilegales se derriban pero si no, se da la concesión, y éstas como eran legales se les tenía que dar la concesión”, argumentó el letrado, que añadió que si en el procedimiento judicial que van a emprender, les dan la razón y la concesión, como espera que así sea, “quedarán absolutamente en entredicho los derribos porque ya no es que no se tuviera autorización judicial, es que no se tenía derecho”, puntualizó.

Representantes de la Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube, acompañados de José Ortega, mantuvieron también ayer una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez, para pedirle apoyo político y burocrático de cara a documentar la solicitud de la concesión, una reunión de la que extrajeron sensaciones “muy favorables”. De manera paralela la asociación presentará una denuncia al Parlamento Europeo por el abuso que significa el haber derribado las viviendas sin autorización judicial, institución que ya emitió este año una condena por el abuso de la Ley de Costas en respuesta a una queja presentada por la Plataforma.

Asimismo José Ortega abordó ayer la situación actual de la lucha colectiva que se lleva a cabo en España y en el Parlamento Europeo con respecto a lo que consideran “abusos de la Ley de Costas” y apuntó a un posible viaje de eurodiputados para conocer “in situ” la problemática que vive España en esta cuestión.
 
ver texto original

lunes, 30 de agosto de 2010

Medio Ambiente expropia y protege 9.200 hectáreas de la costa de Doñana

CARLOS SANZ

El Gobierno recupera competencias de la Junta andaluza en el parque nacional - El gran deslinde deja en dominio público el palacio en el que veraneó Zapatero


EL PAIS - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 30/08/2010

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Generalmente en ese trámite se declara como zona pública exclusivamente la playa y se trata de una pequeña línea en un mapa. Pero en este caso Medio Ambiente ha optado por la vía más proteccionista: el deslinde declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreas del Parque Nacional y se mete hasta 4,8 kilómetros tierra adentro al considerar que todo el cordón de dunas es un sistema único necesario para mantener la playa. El trámite deja sin competencias a la Junta de Andalucía en esa franja, que expropia sin indemnización.


Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.


La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.
Espinosa optó por la vía proteccionista ante la división en su departamento
La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".

En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.

Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.

Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.

La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.

El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.

Los pocos propietarios que quedan no pueden explotar sus tierras



Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.

La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.

Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.

La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.

EL PAIS  http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/expropia/protege/9200/hectareas/costa/Donana/elpepusoc/20100830elpepisoc_2/Tes

miércoles, 25 de agosto de 2010

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas lleva al Parlamento Europeo los derribos de Vilarrube (A Coruña)

FERROL, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, en donde está integrada desde este verano la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube (A Coruña), ha presentado una queja ante el Parlamento Europeo por los derribos "totalmente ilegales" acometidos en Villarrube en el año 2005. Así lo ha dado a conocer en una reunión con afectados por la Ley de Costas de toda Galicia que tuvo lugar en el local social de A Gándara (Narón).
Previamente, representantes de la Plataforma de Afectados y de la asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez (TEGA), de quien recabaron su apoyo para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los derribos de 2005.
El secretario de la Plataforma y abogado, José Ortega, que se desplazó desde Valencia para dar a conocer las novedades en la legislación, ha explicado a Europa Press que el caso de Vilarrube es "especialmente dramático y singular" y ha recordado que "hay unas actuaciones penales en curso" contra el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
"Queremos que este asunto lo conozca todo el mundo y la sociedad comparta la indignación y el sentimiento de humillación que tienen todos los vecinos", ha asegurado Ortega. En este sentido, ha indicado que se está evolucionando hacia "un mayor respeto de los derechos civiles" y se está "alimentando este cambio con iniciativas en el Parlamento Europeo" que están en "plena actividad".

José Ortega explicó que a finales de septiembre la junta de portavoces de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará el informe jurídico solicitado y tomará una decisión, previa a una decisión final. En esa decisión se baraja la posibilidad de "una comisión de investigación que venga a España" a conocer in situ los diferentes casos.

VILARUBE

Según ha asegurado Ortega, los terrenos de Vilarube, por su situación legal, "se tienen que dar en concesión por 60 años y esto está tan protegido por la ley que el Reglamento de Costas indica que si los propietarios no la solicitan en un plazo de un año, el Estado la tiene que dar de oficio". Sin embargo, ha recordado que en el caso de Vilarrube "el Estado no resolvió" a pesar de lo que los vecinos "lo pidieron".

José Ortega ha indicado que la "política de Costas es muy injusta en general, muy abusiva" y en particular "en Vilarube" porque el derecho de unas personas "a la concesión, lo han transformado en la versión de que hay que derribar y en lugar de tomar a estas personas como ciudadanos los han tomado como delincuentes peligrosos sociales pateando un derecho constitucional recogido en el artículo 18 de la Constitución".

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, Inés Barcia ha apuntado a Europa Press que "no sólo se ha saltado por encima de la ley, sino por encima de las personas" y "mientras Rafael Eimil sigue en su cargo, a pesar de estar imputado".

"Aquí fue un ataque, vinieron con más de medio centenar de guardia civiles, sin orden judicial, en pleno invierno, el 30 de noviembre de 2005, a las 7.30 de la mañana para coger a los afectados como los cogió, durmiendo. Fue un atentando contra los afectados", recordaba Barcia.

La vicepresidenta vecinal indicó que están afectadas "47 viviendas y 300 terrenos" y que no tuvieron ni siquiera tiempo para presentar alegaciones, ya que, Eimil "el 4 octubre 2005 coge el cargo, el 21 octubre de 2005 manda las cartas y derriba el 30 de noviembre de 2005".

"UN ERROR"

El abogado José Ortega ha afirmado que ahora se intentará "conseguir la concesión en los tribunales" por lo que "tendrían que indemnizarles, darles la concesión, y reconocer que el derribo fue un error".

El secretario de la Plataforma confía que, con la queja presentada, "el Parlamento sepa, condene y si tiene investigar, investigue". En este sentido, confía en "la comisión de Peticiones porque en España no se puede confiar en nadie más, el país está perdido no hay control ni judicial ni político de ninguna clase", ha criticado.

Asimismo, ha recordado que el informe presentado en el Parlamento, donde "dicen que tienen razón en todo", también fue presentado al Defensor del Pueblo, quien "dijo que no tenían razón ni en una coma". "Es muy triste que haya que ir fuera de España para buscar justicia, porque en España no la hay", ha sentenciado.
Texto completo http://www.europapress.es/

lunes, 16 de agosto de 2010

Una sentencia para Canarias

2010 08 11 Opinion
JOSÉ ORTEGA (*) La anulación del deslinde de Punta Larga ha originado una oleada de entusiasmo acompañado de valoraciones urgentes, unas certeras y otras algo menos. Algunos sugieren que se trata de una sentencia para ricos. Puedo desmentirlo porque en un espacio contiguo, también de chalés, el recurso fue desestimado. Unos ganan y otros pierden, sin clasismo a la vista. Otros la convierten en tabla de salvación para su caso, como el Anexo II de la Playa del Inglés. Pero la sentencia sólo es útil para la delimitación de zonas acantiladas, no de playas. Comprendo la ilusión colectiva que despierta esta resolución en una tierra sedienta de justicia y con los ojos enrojecidos por el llanto, especialmente cuando se trata, al parecer, de la primera decisión judicial que anula la definición del dominio público en Canarias, pero su posible aplicación a otros casos hay que examinarla desde un marco racional. Dicho esto, parece indiscutible que la sentencia prefigura una gran esperanza, puesto que se dirige directamente al corazón del problema, que no es otro que la ostentosa arbitrariedad de la Administración: Censuran los magistrados la fijación de la línea según un pretendido alcance de los temporales determinado sin una sola prueba. Y hay docenas de casos iguales. Cómo haya sido posible que ese insulto tanto a los ciudadanos como a la inteligencia se haya transformado en hábito, es un misterio más en un país que se pretende civilizado y europeo, pero en cualquier caso la sentencia deja herido de muerte ese vicio inaceptable. Siempre doy una respuesta afirmativa cuando me preguntan si aprecio diferencias en la forma de aplicarse la ley de costas en Canarias y en la Península. Aquí el alcance del temporal se fija habitualmente por “observación directa”, mientras que en la Península, para demostrar lo mismo, se contratan estudios técnicos complejos y caros ¿Razones? Sólo se me ocurre una: Que crean que los canarios son bobos y se dejan hacer. La discusión ha sido larga y he sufrido muchos sinsabores con Administración y jueces antes de obtener esta sentencia, que pone fin a todo eso, pero el resultado final parece redondo, abre caminos insospechados y me resarce de todos esos malos momentos. La proyección de la sentencia es inmensa: un buen noventa por ciento de la costa canaria es escarpado y por tanto en ella el deslinde se decide por el alcance del temporal. La mayoría de estos espacios se han delimitado o se están delimitando sin pruebas, es decir, por ese procedimiento ahora declarado ilegal. La arbitrariedad siempre es rechazable, pero mucho más cuando es fuente de la ansiedad, la frustración y las lágrimas de quienes ven sus casas transformadas en escombros. En Canarias ha habido demasiado dolor. Ahora toca revisar todo lo que se ha hecho mal y restaurar el respeto a los ciudadanos. Desde que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó una queja contra España ante el Parlamento Europeo, y sobre todo desde que en 26.03.09 el pleno de ese mismo Parlamento Europeo nos dio la razón en una decisión memorable (informe Auken), todo comenzó a cambiar lenta pero imparablemente. Armados sólo con nuestra dignidad y nuestra voluntad de lucha, los ciudadanos estamos consiguiendo librar a la sociedad de esa casta de dirigentes que tanto se equivocaron creyéndose dueños de nuestras vidas. Ellos lo tienen todo: Ejércitos de asesores, un presupuesto ilimitado, el Boletín Oficial del Estado y la policía. Pero nosotros tenemos la razón. Y la razón comienza a romper todos los diques y a abrirse paso.

(*)Abogado