2010 08 11 OpinionJOSÉ ORTEGA (*) La anulación del deslinde de Punta Larga ha originado una oleada de entusiasmo acompañado de valoraciones urgentes, unas certeras y otras algo menos. Algunos sugieren que se trata de una sentencia para ricos. Puedo desmentirlo porque en un espacio contiguo, también de chalés, el recurso fue desestimado. Unos ganan y otros pierden, sin clasismo a la vista. Otros la convierten en tabla de salvación para su caso, como el Anexo II de la Playa del Inglés. Pero la sentencia sólo es útil para la delimitación de zonas acantiladas, no de playas. Comprendo la ilusión colectiva que despierta esta resolución en una tierra sedienta de justicia y con los ojos enrojecidos por el llanto, especialmente cuando se trata, al parecer, de la primera decisión judicial que anula la definición del dominio público en Canarias, pero su posible aplicación a otros casos hay que examinarla desde un marco racional. Dicho esto, parece indiscutible que la sentencia prefigura una gran esperanza, puesto que se dirige directamente al corazón del problema, que no es otro que la ostentosa arbitrariedad de la Administración: Censuran los magistrados la fijación de la línea según un pretendido alcance de los temporales determinado sin una sola prueba. Y hay docenas de casos iguales. Cómo haya sido posible que ese insulto tanto a los ciudadanos como a la inteligencia se haya transformado en hábito, es un misterio más en un país que se pretende civilizado y europeo, pero en cualquier caso la sentencia deja herido de muerte ese vicio inaceptable. Siempre doy una respuesta afirmativa cuando me preguntan si aprecio diferencias en la forma de aplicarse la ley de costas en Canarias y en la Península. Aquí el alcance del temporal se fija habitualmente por “observación directa”, mientras que en la Península, para demostrar lo mismo, se contratan estudios técnicos complejos y caros ¿Razones? Sólo se me ocurre una: Que crean que los canarios son bobos y se dejan hacer. La discusión ha sido larga y he sufrido muchos sinsabores con Administración y jueces antes de obtener esta sentencia, que pone fin a todo eso, pero el resultado final parece redondo, abre caminos insospechados y me resarce de todos esos malos momentos. La proyección de la sentencia es inmensa: un buen noventa por ciento de la costa canaria es escarpado y por tanto en ella el deslinde se decide por el alcance del temporal. La mayoría de estos espacios se han delimitado o se están delimitando sin pruebas, es decir, por ese procedimiento ahora declarado ilegal. La arbitrariedad siempre es rechazable, pero mucho más cuando es fuente de la ansiedad, la frustración y las lágrimas de quienes ven sus casas transformadas en escombros. En Canarias ha habido demasiado dolor. Ahora toca revisar todo lo que se ha hecho mal y restaurar el respeto a los ciudadanos. Desde que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó una queja contra España ante el Parlamento Europeo, y sobre todo desde que en 26.03.09 el pleno de ese mismo Parlamento Europeo nos dio la razón en una decisión memorable (informe Auken), todo comenzó a cambiar lenta pero imparablemente. Armados sólo con nuestra dignidad y nuestra voluntad de lucha, los ciudadanos estamos consiguiendo librar a la sociedad de esa casta de dirigentes que tanto se equivocaron creyéndose dueños de nuestras vidas. Ellos lo tienen todo: Ejércitos de asesores, un presupuesto ilimitado, el Boletín Oficial del Estado y la policía. Pero nosotros tenemos la razón. Y la razón comienza a romper todos los diques y a abrirse paso.
(*)Abogado
