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Para formar parte de la Plataforma es imprescindible sufrir una situación de abuso o aplicación arbitraria o retroactiva de la ley de costas. Para inscribirse en la plataforma mandar un email a costasmaritimas02@gmail.com
explicando el nombre del colectivo, los datos de la persona de contacto, la zona del conflicto, la naturaleza del problema y por qué a su juicio se trata de un abuso o de una aplicación arbitraria, indebida o retroactiva.
"Para consultar un problema jurídico relativo a la aplicación de la ley de costas llamar a José Ortega al teléfono 629511225
Comentario sobre la página web :email afectadosleydecostas@gmail.com

viernes, 31 de octubre de 2008

NOTA DE PRENSA- REUNION PNALC Y ALICIA PAZ ANTOLIN


La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas mantendrá una reunión el próximo día 4 de noviembre con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Dª Alicia Paz Antolín y el Secretario General del Mar, D. Juan Carlos Martín Fragueiro.
La petición de dicha entrevista fué solicitada por la PNALC a la Ministra Dª Elena Espinosa a finales de agosto del presente año.
La reunión tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Secretaria General del Mar, C/ Velazquez 144, Madrid.
Después de la reunión se atenderá a los periodístas que deseen estar presentes y se enviará una nota de prensa a las redacciones para informar de los asuntos tratados y el resultado de las conversaciones.
La PNALC expondrá a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, los graves problemas ocasionados a miles de familias, españolas y extranjeras, con la aplicación arbitraria, retroactiva y abusiva que de la ley de costas se está llevando a lo largo de todo el litoral español.
La voluntad de la PNALC es dar una solución, entre los afectados y la Administración, a una problemática que está generando una gran controversia nacional e internacional.

Carmen del Amo
Presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas..

martes, 28 de octubre de 2008

Cuando la norma resulta injusta: la aberrante aplicación de la Ley de costas

28-10-2008 - José Luis Villar

Cuando la norma es injusta, en sí misma, o en su aplicación, deja de ser Derecho. Viene esto a cuento de lo que está sucediendo con la Ley de Costas de 1988 y con su desafortunada aplicación por parte del Ministerio de Medio Ambiente, porque he leído y he visto en los medios de comunicación el desalojo y demolición de unas viviendas de pescadores en Canarias construidas en los años cincuenta, lo cual me ha producido franco rechazo y desasosiego. Esto no es aplicación del Derecho sino, por el contrario, pura ignorancia del mismo porque el Derecho es mucho más que un simple puñado de normas y debe tender siempre a la consecución de una solución justa (de lo contrario no es Derecho sino arbitrariedad). Es cierto que la Ley de Costas de 1988 establece una serie de zonas donde no resulta admisible la construcción-entre otras, en la denominada zona de protección- para lo cual se encontraba prevista la realización de unos deslindes que, no se sabe bien por qué, no se han realizado en masa hasta el año 2007. Es cierto, también, que en nuestras costas se han producido desmanes que han dado como resultado un apelmazamiento de las construcciones en zonas que deberían haber quedado diáfanas por su proximidad al mar. Es cierto, finalmente, que la Ley de Costas de 1988 trató de poner fin a estos desmanes (aunque su definición de la zona marítimo-terrestre sea francamente estrambótica) y que su finalidad era loable. Hasta aquí, la norma tal cual y desde aquí comienza la aplicación del Derecho rectamente entendido para llegar a soluciones justas.
Y es que tan cierto como todo lo anterior es que resulta un puro desatino pretender, ahora, la aplicación estricta de las previsiones de una Ley que data de 1988 cuando conduce a un resultado manifiestamente inicuo (corren peligro de ser demolidos más de 200.000 inmuebles en todo el litoral español). Lo que aquí falla es la aplicación de la norma sin tener en cuenta otros parámetros tan importantes como la realidad misma que no puede ser nunca desconocida por el Derecho, y siempre hay una solución para este tipo de conflictos entre la norma y la realidad de los hechos.

Desde Roma casi todas las civilizaciones y sociedades han tenido períodos durante los cuales no se aplicaban las leyes estrictamente. Era el caso de las Saturnales, en la Roma antigua y de las fallas o el carnaval de Cádiz en la España actual. Raro es el personaje público que no es ridiculizado por una falla o por una chirigota sin que a nadie se le ocurra aplicar las leyes penales por tal motivo. Eso es lo que significa la “toleratio” que es una especie de dejación en suspenso –durante esas fechas- de la aplicación estricta de las leyes, lo mismo que sucede con la permisividad en la aplicación de normas administrativas de tipo sancionador (como pueda ser la prohibición de fumar en lugares públicos).La “toleratio” administrativa es, pues, la muestra más palpable de que no siempre hay que aplicar las normas sin tener en cuenta otros criterios (entre los que se encuentra el puro sentido común). Hay ocasiones -o debería haberlas- en las que la norma no debe ser aplicada de forma estricta porque de ello se derivarían unos perjuicios mayores que de su aplicación. En definitiva, eso es lo que viene a expresar el antiguo aforismo “summum ius summa iniuria” porque el Derecho, para responder al ideal de justicia y equidad al que se debe, ha de claudicar, de vez en cuando, frente a la realidad de los hechos. Y es que, si no se hace así, se corre el riesgo de que la sociedad vuelva la espalda a sus gobernantes con las graves consecuencias de todo orden que ello conlleva. El Derecho -como todo sistema- ha de contar con válvulas de escape porque, de otra forma, puede producirse la ruptura de ese sistema (de la misma forma que un globo no puede hincharse, indefinidamente, a menos que cuente con un agujero por donde escape el aire cuando la presión alcance determinado límite). Eso, y no otra cosa, es lo que se está haciendo con el empecinamiento en la aplicación estricta de la Ley de Costas de 1988 y me barrunto que el globo no tardará en estallar (por si no fueran pocos los problemas existentes). Soluciones hay -sin duda alguna- pero la cuestión es si nuestra Administración es capaz de dar con ellas y diferenciar lo que es justo y conveniente de la mera aplicación de una norma anacrónica.





* José Luis Villar Ezcurra





PROFESOR TITULAR DE Dº ADMINISTRATIVO DE LA UCM

http://www.diariocritico.com/2008/Octubre/opinion/villar/106956/villar.html

sábado, 11 de octubre de 2008

LEY DE COSTAS .....¿IGUAL PARA TODOS?

LA MARETA (Lanzarote) ````````````````CHO VITO (Tenerife)









casa de veraneo de Zapatero

mms://a953.v59721.c5972.g.vm.akamaistream.net/7/953/5974/3c99fd9f/wms.antena3tv.com:81/antena3noticias/chovitoprotestas.wmv

viernes, 10 de octubre de 2008

Víctimas del deslinde

LA VOZ DE ASTURIAS
10/10/2008 SILVIA BARAGAÑO

Un vecino afectado por el deslinde de la Demarcación de Costas en Villaviciosa vive pendiente de la decisión sobre su vivienda.



Impotencia. Esa es una de las principales sensaciones que lleva experimentando Juan Luis Fernández en el año que lleva de lucha con la Demarcación de Costas para evitar que su casa y una finca de Villaviciosa, en la que lleva viviendo toda su vida, pasen a ser propiedad del Ministerio de Medio Ambiente.

"Quiero mantener la ilusión de que no me van a echar de mí casa, pero cuando vi lo que ocurría esta semana en el barrio del Chovito, en Tenerife, se me revolvieron las tripas" reconoció este vecino de Villaviciosa.
El matrimonio Fernández Cadaveda.Foto:BARAGAÑO

Fernández es uno más de los muchos afectados por el deslinde que la Demarcación de Costas está realizando en el concejo.
En permanente contacto con otros vecinos que están pasando por la misma situación y con la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, Juan Luis Fernández se niega a que, su vivienda y la que perteneció a sus padres, pase a ser de propiedad estatal, sin ningún tipo de indemnización.
Fernández recordó que tras vivir a la orilla de la ría de Villaviciosa su abuelo, sus padres y luego él, es ahora cuando se encuentra con que nada les pertenece, porque una ley impulsada, años después de que se edificasen estas construcciones, considera que están dentro del dominio público marítimo terrestre y por lo tanto son de titularidad estatal. Para este afectado, como para el resto de vecinos de Villaviciosa, la solución de que "nos dejen seguir viviendo en nuestra casa, mediante el pago de un canon y una concesión a 30 años, es inaceptable".

Con todos los permisos en regla y con la escritura de propiedad en mano, este vecino de Villaviciosa aseguró que "vamos a pelear hasta el final, porque si nos quitan esto, nos arrebatan el patrimonio que tenemos y por el que trabajamos para nuestros hijos".
Apoyo municipal
Mientras los vecinos de Villaviciosa continuan adelante con las diferentes alegaciones para evitar que la Demarcación de Costas se quede con sus propiedades, el ayuntamiento mantiene su promesa de continuar apoyando la causa vecinal. Así lo aseguraron el alcalde Manolo Busto y el teniente de alcalde Juan Basilio González. Este último, no dudó en asegurar que durante la tramitación de esta Ley, que data de 1988, se equivocó, tanto el Gobierno del PSOE, como el del PP. Y es que para el portavoz popular lo que se pretende con este norma es "un expolio". "Se trata de una expropiación encubierta de propiedades que la gente adquirió, con todo su derecho, hace años" matizó el edil.
González abogó porque el Estado "adapte la ley a cada caso concreto, ya que no se sostiene ni moralmente, ni por motivos de interés general". En la misma línea está el regidor maliayo, Manolo Busto, que no dudó en tildar de "cachondeo" el deslinde propuesto por Costas en el concejo. Busto afirmó que el ayuntamiento está trabajando para "apoyar a los vecinos, porque no estamos de acuerdo con la Ley de Costas".
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=450383

Un deslinde impopular

http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=386030



































miércoles, 8 de octubre de 2008

Acudir a Europa para que se haga lo justo

ALFREDO MASÖ
Presidente de la Asociación Litoral de Arenales
Informacion Tribuna




El caso Winslow», película de David Mamet, de 1999, es una de esas películas que sin tener una comercialización intensiva, al estilo de las su- perproducciones de Hollywood, ha ido abriéndose paso por el viejo estilo del boca a boca hasta acabar siendo reconocida como una obra, si no maestra, sí de «culto», de autor, y una de las primeras que dio a conocer a este (reputado) director, ganador de un premio Pulitzer de teatro.
Existen unas pocas películas que, además de tener el mérito de entretener, por narrar adecua- damente una historia, trascien- den y acaban siendo citadas, o bien por la brillantez de sus diá- logos, o, incluso, por la calidad de su «pensamiento». Todos tenemos algunas de éstas en la me- moria, que atesoramos para verlas una y otra vez, porque, al igual que sucede con los buenos libros, aprendemos de ellas en cada ocasión. Por lo que a mi respecta, la que he citado de «El ca- so Winslow», «Matar a un ruise- ñor» y, más recientemente, «Candidata al poder», son algu- nas de las que incluyo en este tide películas que, al acabar de verlas, parece que nos anima a ser un poco mejores.
En «El caso Winslow» se relata un hecho verídico ocurrido en la Inglaterra de principios del siglo XX, poco antes de la primera Guerra Mundial. Estamos en la Inglaterra victoriana que sigue siendo la primera potencia mun- dial, tanto militar como económi- camente y en la que las tradicio- nes, y un comportamiento hono- rable,son requisitos indispensa- bles de la vida social respetable.
Un joven cadete de la Academia Naval de la todopoderosa Marina Real Inglesa, el joven Winslow, apenas un niño aún, es acusado de haber sustraído una pequeña cantidad de dinero a un compa- ñero. La dirección militar de esa escuela le expulsa con deshonor tras examinar las pruebas y los testigos.
Al ser interrogado por su pa- dre, el cadete afirma que lo que se le imputa es falso. El padre le cree y solicita al Almirantazgo un juicio adecuado en el que pueda defenderse para que, si se de- muestra inocente, se le reponga en su honor. El Almirantazgo se niega y lo desprecia por insignifi- cante. El padre insiste, busca la ayuda de un diputado de la oposi- ción, el líder a la sazón de la misma (¡que brillantez la del actor en su interpretación de un caballero inglés, frío e inexpresivo en sus emociones, pero absolutamente profesional y decidido en sus opiniones!). Éste se hace cargo del caso y solicita el juicio.
Tras una denodada lucha por que se le reconozca el derecho a tener un juicio con las máximas garantías,
éste se celebra y lo gana. La hermana del acusado le fe- licita y se asombra al ver que el caso ha emocionado a este frío caballero. La respuesta de éste es de las que debería estudiarse en una facultad, en cualquiera de ellas, «dejarse guiar por las emo- ciones en un caso es un error, puesto que éstas impiden un análisis riguroso y objetivo de la situación, que es la única forma de alcanzar la verdad y ganarlo», y continua, «si me he emociona- do es porque se ha hecho lo jus- to», «¿lo justo, no la justicia?», replica ella.«Hacer justicia es fácil, lo que es difícil es hacer lo justo», contesta él. Fin de la historia.
Siento si les he contado la película la, pero viene a cuento.


DIEGO FOTÓGRAFOS
Todos somos conscientes, en el fondo, sobre esta sutil distinción. Un Estado aprueba una Ley, los tribunales la aplican. Se ha hecho justicia. Incluso en Estados ab- yectos, como el de Franco, Hitler, Stalin, Mao, y algunos actuales, se hacía justicia. Se dictaban le yes que los tribunales estudiaban y aplicaban. En España, y en esta
misma semana, tenemos un ex- celente ejemplo de la distinción anterior. La actual ministra de Medio Ambiente, en una entre- vista, declara que «estamos ganando en los tribunales los recur- sos presentados por los afectados por la Ley de Costas, y aplicaremos la Ley de Costas».
Aunque estamos hartos de re- petirlo, lo haremos una vez más. El problema está en esta Ley y la forma en la que se está aplican- do. Esta Ley se aplica con carácter retroactivo sobre propiedades le- gítimamente adquiridas antes de que se aprobara dicha normativa.
Por esa aplicación escandalosa de la legislación se van a quitar las propiedades a decenas de miles de familias de ciudadanos espa- ñoles (en esto, seguimos siendo súbditos para la Administración) y europeos (qu e ingenuamente confiaron en que este país respe- taba el derecho de propiedad).
También en esta semana, un correveidile (supongo que aboga- do) de la oficina del Defensor del Pueblo, y tras reconocer él mis- mo que la respuesta que da a los afectados de la Ley de Costas (que acudimos a esa instancia pa- ra que nos ampare frente a los abusos de la Administración) pa- recería que proviene de la oficina
del Defensor de la Administra- ción, afirma, orgullosamente, que él está allí para defender los intereses del pueblo y los intere- ses generales y no los de unos ciudadanos concretos. Asombro- so.
Sin embargo, y de nuevo en es- ta misma semana de finales de septiembre, la Comisión de Peti- ciones del Parlamento Europeo ha emitido un informe en el que declara, punto 24 (páginas 10 y 11 del informe del 10.9.2008) que «Reitera su compromiso de de- fender el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de la UE a la propiedad privada legal- mente adquirida y condena todo intento de despojar a las familias de sus propiedades sin un proce- so justo, compensación adecua- da, ni respeto por su integridad personal¼y observa un incre- mento del número de peticiones recibidas sobre este mismo asun- to, en particular en 2007 por lo que respecta a España¼».
Desgraciadamente para miles de familias en España, acudir a Europa sigue siendo, como en los viejos tiempos, el único medio para «que se haga lo justo».