Medio Ambiente expropia y protege 9.200 hectáreas de la costa de Doñana

CARLOS SANZ

El Gobierno recupera competencias de la Junta andaluza en el parque nacional - El gran deslinde deja en dominio público el palacio en el que veraneó Zapatero


EL PAIS - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 30/08/2010

El Ministerio de Medio Ambiente acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Generalmente en ese trámite se declara como zona pública exclusivamente la playa y se trata de una pequeña línea en un mapa. Pero en este caso Medio Ambiente ha optado por la vía más proteccionista: el deslinde declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreas del Parque Nacional y se mete hasta 4,8 kilómetros tierra adentro al considerar que todo el cordón de dunas es un sistema único necesario para mantener la playa. El trámite deja sin competencias a la Junta de Andalucía en esa franja, que expropia sin indemnización.


Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.


La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.
Espinosa optó por la vía proteccionista ante la división en su departamento
La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".

En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.

Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.

Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.

La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.

El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.

Los pocos propietarios que quedan no pueden explotar sus tierras



Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.

La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.

Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.

La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.

EL PAIS  http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/expropia/protege/9200/hectareas/costa/Donana/elpepusoc/20100830elpepisoc_2/Tes

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas lleva al Parlamento Europeo los derribos de Vilarrube (A Coruña)

FERROL, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, en donde está integrada desde este verano la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube (A Coruña), ha presentado una queja ante el Parlamento Europeo por los derribos "totalmente ilegales" acometidos en Villarrube en el año 2005. Así lo ha dado a conocer en una reunión con afectados por la Ley de Costas de toda Galicia que tuvo lugar en el local social de A Gándara (Narón).
Previamente, representantes de la Plataforma de Afectados y de la asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez (TEGA), de quien recabaron su apoyo para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los derribos de 2005.
El secretario de la Plataforma y abogado, José Ortega, que se desplazó desde Valencia para dar a conocer las novedades en la legislación, ha explicado a Europa Press que el caso de Vilarrube es "especialmente dramático y singular" y ha recordado que "hay unas actuaciones penales en curso" contra el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
"Queremos que este asunto lo conozca todo el mundo y la sociedad comparta la indignación y el sentimiento de humillación que tienen todos los vecinos", ha asegurado Ortega. En este sentido, ha indicado que se está evolucionando hacia "un mayor respeto de los derechos civiles" y se está "alimentando este cambio con iniciativas en el Parlamento Europeo" que están en "plena actividad".

José Ortega explicó que a finales de septiembre la junta de portavoces de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará el informe jurídico solicitado y tomará una decisión, previa a una decisión final. En esa decisión se baraja la posibilidad de "una comisión de investigación que venga a España" a conocer in situ los diferentes casos.

VILARUBE

Según ha asegurado Ortega, los terrenos de Vilarube, por su situación legal, "se tienen que dar en concesión por 60 años y esto está tan protegido por la ley que el Reglamento de Costas indica que si los propietarios no la solicitan en un plazo de un año, el Estado la tiene que dar de oficio". Sin embargo, ha recordado que en el caso de Vilarrube "el Estado no resolvió" a pesar de lo que los vecinos "lo pidieron".

José Ortega ha indicado que la "política de Costas es muy injusta en general, muy abusiva" y en particular "en Vilarube" porque el derecho de unas personas "a la concesión, lo han transformado en la versión de que hay que derribar y en lugar de tomar a estas personas como ciudadanos los han tomado como delincuentes peligrosos sociales pateando un derecho constitucional recogido en el artículo 18 de la Constitución".

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, Inés Barcia ha apuntado a Europa Press que "no sólo se ha saltado por encima de la ley, sino por encima de las personas" y "mientras Rafael Eimil sigue en su cargo, a pesar de estar imputado".

"Aquí fue un ataque, vinieron con más de medio centenar de guardia civiles, sin orden judicial, en pleno invierno, el 30 de noviembre de 2005, a las 7.30 de la mañana para coger a los afectados como los cogió, durmiendo. Fue un atentando contra los afectados", recordaba Barcia.

La vicepresidenta vecinal indicó que están afectadas "47 viviendas y 300 terrenos" y que no tuvieron ni siquiera tiempo para presentar alegaciones, ya que, Eimil "el 4 octubre 2005 coge el cargo, el 21 octubre de 2005 manda las cartas y derriba el 30 de noviembre de 2005".

"UN ERROR"

El abogado José Ortega ha afirmado que ahora se intentará "conseguir la concesión en los tribunales" por lo que "tendrían que indemnizarles, darles la concesión, y reconocer que el derribo fue un error".

El secretario de la Plataforma confía que, con la queja presentada, "el Parlamento sepa, condene y si tiene investigar, investigue". En este sentido, confía en "la comisión de Peticiones porque en España no se puede confiar en nadie más, el país está perdido no hay control ni judicial ni político de ninguna clase", ha criticado.

Asimismo, ha recordado que el informe presentado en el Parlamento, donde "dicen que tienen razón en todo", también fue presentado al Defensor del Pueblo, quien "dijo que no tenían razón ni en una coma". "Es muy triste que haya que ir fuera de España para buscar justicia, porque en España no la hay", ha sentenciado.
Texto completo http://www.europapress.es/

Una sentencia para Canarias

2010 08 11 Opinion
JOSÉ ORTEGA (*) La anulación del deslinde de Punta Larga ha originado una oleada de entusiasmo acompañado de valoraciones urgentes, unas certeras y otras algo menos. Algunos sugieren que se trata de una sentencia para ricos. Puedo desmentirlo porque en un espacio contiguo, también de chalés, el recurso fue desestimado. Unos ganan y otros pierden, sin clasismo a la vista. Otros la convierten en tabla de salvación para su caso, como el Anexo II de la Playa del Inglés. Pero la sentencia sólo es útil para la delimitación de zonas acantiladas, no de playas. Comprendo la ilusión colectiva que despierta esta resolución en una tierra sedienta de justicia y con los ojos enrojecidos por el llanto, especialmente cuando se trata, al parecer, de la primera decisión judicial que anula la definición del dominio público en Canarias, pero su posible aplicación a otros casos hay que examinarla desde un marco racional. Dicho esto, parece indiscutible que la sentencia prefigura una gran esperanza, puesto que se dirige directamente al corazón del problema, que no es otro que la ostentosa arbitrariedad de la Administración: Censuran los magistrados la fijación de la línea según un pretendido alcance de los temporales determinado sin una sola prueba. Y hay docenas de casos iguales. Cómo haya sido posible que ese insulto tanto a los ciudadanos como a la inteligencia se haya transformado en hábito, es un misterio más en un país que se pretende civilizado y europeo, pero en cualquier caso la sentencia deja herido de muerte ese vicio inaceptable. Siempre doy una respuesta afirmativa cuando me preguntan si aprecio diferencias en la forma de aplicarse la ley de costas en Canarias y en la Península. Aquí el alcance del temporal se fija habitualmente por “observación directa”, mientras que en la Península, para demostrar lo mismo, se contratan estudios técnicos complejos y caros ¿Razones? Sólo se me ocurre una: Que crean que los canarios son bobos y se dejan hacer. La discusión ha sido larga y he sufrido muchos sinsabores con Administración y jueces antes de obtener esta sentencia, que pone fin a todo eso, pero el resultado final parece redondo, abre caminos insospechados y me resarce de todos esos malos momentos. La proyección de la sentencia es inmensa: un buen noventa por ciento de la costa canaria es escarpado y por tanto en ella el deslinde se decide por el alcance del temporal. La mayoría de estos espacios se han delimitado o se están delimitando sin pruebas, es decir, por ese procedimiento ahora declarado ilegal. La arbitrariedad siempre es rechazable, pero mucho más cuando es fuente de la ansiedad, la frustración y las lágrimas de quienes ven sus casas transformadas en escombros. En Canarias ha habido demasiado dolor. Ahora toca revisar todo lo que se ha hecho mal y restaurar el respeto a los ciudadanos. Desde que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó una queja contra España ante el Parlamento Europeo, y sobre todo desde que en 26.03.09 el pleno de ese mismo Parlamento Europeo nos dio la razón en una decisión memorable (informe Auken), todo comenzó a cambiar lenta pero imparablemente. Armados sólo con nuestra dignidad y nuestra voluntad de lucha, los ciudadanos estamos consiguiendo librar a la sociedad de esa casta de dirigentes que tanto se equivocaron creyéndose dueños de nuestras vidas. Ellos lo tienen todo: Ejércitos de asesores, un presupuesto ilimitado, el Boletín Oficial del Estado y la policía. Pero nosotros tenemos la razón. Y la razón comienza a romper todos los diques y a abrirse paso.

(*)Abogado

La Audiencia Nacional anula el deslinde de la zona de Punta Larga (CANDELARIA)

ABC Canarias CANDELARIA
JAVIER REYES Día 01/08/2010

Una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El documento, al que ha tenido acceso ABC, afecta de manera colateral a la creación de la playa de Punta Larga, el gran proyecto urbanístico del socialista Gumersindo García para cualificar el litoral del municipio sureño.
Según el abogado de los demandantes (tres vecinos afectados), José Ortega, letrado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, la sentencia impedirá la ejecución del sendero peatonal proyectado en la zona de La Galera hasta que no se acometa un nuevo deslinde. Además, se tendrá que revisar en ese punto el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y también se anularán órdenes de recuperación posesoria y actuaciones sancionadoras que ya cuentan con resolución firme, en todos los casos con órdenes de derribo. «Esta gente ha sufrido muchísimo, y después de tanta lucha, empiezan a ver la luz», indica el abogado valenciano.
Para Ortega, se trata de una sentencia «pionera» en el Archipiélago que va a sentar un «gran precedente»para futuros litigios en las costas canarias. De hecho, apunta que «puede ser un instrumento para revisar la mayoría de los deslindes hechos en Canarias, ya que en ellos, a diferencia de lo que sucede en la Península, el deslinde se decide por el alcance de los temporales, definido por observación directa y sin una sola prueba». El deslinde fue aprobado el 21 de septiembre de 2006 sobre un tramo de costa de 958 metros comprendido entre el actual refugio pesquero y la playa de Punta Larga. Los vecinos, cuyos jardines están afectados por el futuro sendero peatonal, argumentaron en su demanda que en ningún momento fueron informados del nuevo deslinde acometido por la Dirección General de Costas.
El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente defendía que
el espacio afectado era alcanzado por los temporales y que ya estaba incluido dentro del espacio «demanial» por un deslinde de 1969, pero la sentencia, no obstante, concluye que la Administración no ha justificado lo suficiente esa posición.
Pruebas periciales
Los magistrados echan de menos alguna «referencia histórica» de esos temporales y lamentan el «escaso rigor científico» de Costas a la hora de determinar el nuevo deslinde frente a las dos pruebas periciales expuestas por los demandantes que reconocen que el deslinde actual es prácticamente coincidente con el de 1969. José Ortega reflexiona también sobre lo que hubiera pasado si este tipo de sentencia hubiera llegado antes para haber podido salvar el poblado marítimo de Cho Vito, demolido en octubre de 2008 y cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en 1969.
El sendero litoral La Galera-Puntalarga es la tercera parte del gran proyecto de regeneración de la costa. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 978.000 euros y su trazado afecta en total a una quincena de propiedades, aproximadamente. El paseo tendrá una longitud de casi 400 metros, ocupando una superficie pavimentada superior a los 2.000 metros cuadrados. Este sendero dispondrá de dos accesos a la futura gran playa de Punta Larga, cuya primera fase debería estar terminada a finales de agosto. De hecho, se espera que al final del verano ya se pueda abrir al público la zona conocida popularmente como «El Charquito».
Desde verano de 2009 las máquinas trabajan a todo ritmo en la primera fase del macroproyecto en el que el Ministerio de Medio Ambiente invierte unos 2,2 millones de euros. Las obras que ejecuta la empresa Corsán- Corviam abarcan desde la escultura de pez hasta las inmediaciones del hotel Tenerife Tour. El proyecto incluye una zona central con una escollera de protección que
tendrá un frente de 240 metros y otra más próxima al hotel de 140 metros de longitud en coronación respectivamente, con unas plataformas de solarium y sendero distribuidas en toda la superficie y orientadas convenientemente formadas por plataformas de madera.
Anhelo local
No obstante, la joya de la actuación y la que con más mimo admira Gumersindo García es la regeneración de la playa propiamente dicha, cuyas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de más de 19,1 millones de euros. Esta playa vendría a cubrir la histórica carencia de zonas de baño adecuadas en la Villa Mariana y competiría con La Nea, en Radazul, como principal playa del área metropolitana. La playa proyecta dos diques de defensa para el abrigo del relleno de la playa.
Así, el dique Norte arrancará desde la playa actual al sur del barranco Los Órganos y tendrá una longitud de 194 metros, mientras que el dique Sur va desde la punta norte de la dársena deportiva de La Galera y cuenta con una longitud de 235 metros. La playa tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados y una longitud de 500 metros.

ABC
http://www.abc.es/20100801/comunidad-canarias/audiencia-nacional-anula-deslinde-20100801.html

Información sobre las líneas de deslinde del litoral español

MARM
Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
Con el objeto de facilitar el conocimiento de estos trabajos, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha puesto en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras de España, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera que esté interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.

El acceso a esta información se puede realizar de dos formas:

A través del Visor del Ministerio
A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, http://www.sedecatastro.gob.es/ sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés para facilitar su consulta a los ciudadanos de otros países.

En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista la ampliación paulatina al resto de provincias costeras.

Los datos disponibles en esta nueva herramienta de consulta tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano. En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.

En el visor se publican dos zonas: la delimitada por la línea amarilla hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terreno de propiedad privada afectada por delimitación de uso. Para una mayor información sobre los efectos del deslinde pueden dirigirse a la sección de preguntas frecuentes.

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/gdpmt/linea_deslinde.htm

Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos

A. Herrero/P. L. Cuntín/I. Moreno. Madrid LA GACETA DE INTERECONOMIA

Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
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http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/afectados-ley-costas-piden-que-se-ponga-freno-los-abusos

Nunca Debemos Perder la Esperanza, MG

El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988

Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/07/2010 EL PAIS

El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.

La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada.
Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".

El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
EL PAIS http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/debate/primera/vez/rebajar/Ley/Costas/1988/elpepisoc/20100709elpepisoc_3/Tes

Una sentencia pionera salva un inmueble del derribo de Costas por su interés cultural

El abogado del propietario afirma que la resolución evidencia ''insensibilidad'' en la aplicación de la LeyNuevo golpe a las intenciones de la Dirección General de Costas en el Archipiélago.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso este digital, anula la orden de derribo de una vivienda ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura). La resolución es pionera en España porque, por primera vez hasta donde ha podido averiguar este periódico, un juzgado 'tumba' una orden de derribo de Costas en base al interés cultural de una construcción.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Es el caso de la vivienda de Placido Estévez, maestro de profesión, que un día se topó no sólo con una orden de recuperación posesoria de su propiedad, a lo que nunca se ha opuesto, sino con un dictamen que conllevaba el derribo del preciado inmueble. La recuperación, de hecho, está justificada por la aprobación de un deslinde que deja la zona en cuestión dentro del dominio público. Lo incomprensible, tanto para el propietario como para el TSJC, es que Costas, además, se haya empecinado en derribar la propiedad más allá de recuperarla. Una situación que llevó a Estévez a ponerse en contacto con el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. Empezó entonces un intenso trabajo para poner de relieve los valores patrimoniales de la construcción, que se plasmó en un informe realizado por un arquitecto experto en la materia. Aunque fueron varios los argumentos esgrimidos, y posteriormente aceptados por la Justicia, destaca el hecho de que el inmueble tiene interés público ya que se encuentra incluido en la Carta Arqueológica de Fuerteventura, elaborada por el propio Cabildo insular.

En el expediente, además, aparece un informe de un técnico de Patrimonio Histórico de la Corporación majorera. Según el especialista, y de manera literal, la descripción de la zona es la siguiente: "En Caleta de la Seba, según información de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, obrante en este departamento, se recoge la existencia de un conjunto de estructuras de piedra seca compuesto por 18 construcciones, 17 de ellas próximas a la costa, en las que se localiza abundante material malacológico, lítico y cerámico. En la prospección superficial realizada no se constató la existencia de material arqueológico aborigen y, por ello, se le asignó al conjunto una adscripción cultural postconquista, con claros síntomas de reutilización por pescadores, campistas, etcétera, hasta la actualidad". José Ortega, en declaraciones a eldigitaldecanarias.com, insistió en que esta sentencia "evidencia la falta de sensibilidad de Costas a la hora de aplicar la Ley". En opinión del abogado valenciano, en una teoría apoyada por la resolución del TSJC, era suficiente, en base a la aplicación del deslinde, aplicar la recuperación posesoria. El ente estatal, sin embargo, quiso ir más allá con una orden de derribo que ahora ha sido anulada. Placido Estévez ha mostrado también su satisfacción por la sentencia, después de meses de una lucha cultural que le ha costado, como es obvio, poner dinero de su bolsillo. Este maestro de escuela, de hecho, siempre ha incidido en que su único interés era que no se demoliera el edificio, ya que tiene la costumbres de utilizar la vivienda, con el beneplácito de las administraciones, para realizar actividades extraescolares y complementarias para la formación de sus alumnos.

EL DIGITAL DE CANARIAS

Denuncian que los ingenieros de Costas trabajan como «mafias»

El abogado Ortega cree que son una «casta» que pasa informes sesgados»

JAVIER REYES / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Día 14/06/2010 - 12.58h
«La reforma de la Ley de Costas habría que abordarla por cuestiones mentales e higiénicas, pero más importante es un cambio en los funcionarios. Muchos tienen pensamientos extremos y dogmáticos porque con esta misma ley se podría hacer una aplicación más dulce». Es la reflexión en voz alta de José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que ha querido compartir con ABC la aplicación de un documento que trae de cabeza a muchas familias en las Islas, que cada noche se despiertan con la pesadilla de que su casa, en primera línea de mar, acabará demolida por las palas.
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Ortega sitúa el origen de todos los problemas en la redacción de la ley de 1988. ¿Por qué?, porque en ese momento se aplicó el criterio de «cuanto más mejor», de tal manera que quien fija los límites del dominio público serán los temporales máximos conocidos y no los ordinarios
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El abogado valenciano sostiene que la ley es «poco práctica» y tiene «defectos técnicos», aunque respeta su filosofía de evitar el agotamiento del litoral por culpa de la presión de la construcción
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Es muy inapropiado aplicar linealmente con escuadra y cartabón esta ley a Canarias. Aquí hay poblados que están muy metidos en el mar y tienen que estar así porque han estado siempre así ..

http://www.abc.es/20100614/local-murcia/ingenieros-mafias-201006141256.htm

ABC

El comite de Peticiones del Parlamento Europeo, contesta a España por la Ley de Costas.

Estimada Sra. Ministra:Quiero expresar en nombre del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, mi agradecimiento por la presencia de las autoridades españolas y en especial de Doña Alicia de Paz Antolín que intervino los pasados días 22 y 23 de Marzo de 2010 en la reunión de esta Comisión y explicó la posición de las autoridades españolas sobre la Ley de Costas (Ley 22/1988). Siento sin embargo, que el tiempo de palabra asignado, no fuera lo suficiente extenso para que pudiera replicar.Su intervención puso de relieve la importancia de dicha Ley para la conservación del litoral español, pero sin embargo, también se pudieron apreciar ciertas disfunciones en la Ley que ya habían sido señaladas por el informe realizado por la Sra. Magrette Auken sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho Comunitario (2008/2248(INI), aprobado en sesión plenaria en esta Cámara el 26/03/2009.En dicha resolución el Parlamento Europeo,” reconocía y apoyaba los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde fuera posible, la restauración del medio ambiente de forma favorable, la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de flora y fauna y, en este contexto específico, instaba a que revisase urgentemente y, en su caso, se modificase la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; se hacía hincapié en que dicha protección no debía concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetasen las directivas de la UE sobre el medio ambiente; se proponía revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de las respuestas de las autoridades españolas competentes.Durante el debate de la Comisión de Peticiones, los peticionarios pusieron de relieve varios aspectos de la Ley de Costas de 1988, que hoy quiero subrayar.El primer aspecto se refiere a la denominación del dominio marítimo terrestre, pues la Ley de Costas, ha querido ampliar qué es dominio público y ha ampliado el concepto de lo que se denomina dominio público marítimo terrestre, pero lo hace en términos imprecisos. Las autoridades españolas han aprobado unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988 que deberían definir qué es dominio público y qué dominio privado bajo parámetros claros y concisos. La ausencia de claridad de estas instrucciones ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas por ejemplo en zigzag. Ello da cabida a interpretaciones que pueden parecer arbitrarias en los deslindes. Durante sus intervenciones los peticionarios demostraron las diversas situaciones creadas por la Ley a las que se debería dar una solución. Los deslindes son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española.El segundo aspecto, es que la Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada anteriores a ella; los terrenos y edificaciones que estaban fuera del dominio público bajo los deslindes anteriores a la Ley de Costas de 1988, pasan a ser dominio público, fruto de la ampliadora definición de esta Ley. En lugar de preverse la expropiación de esos terrenos, La Ley ha convertido automáticamente a los propietarios en concesionarios por 30 años, plazo prorrogable por 30 años más. Creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante años y años. Podrían hacerse operaciones concretas de expropiación, pero ello requeriría una transparente explicación de cuál es el fin que se quiere lograr con esa expropiación, así como un régimen de cotejo y seguimiento de ese fin.Por último ha quedado de relieve en los debates que los terrenos y sus edificaciones que estaban inscritos en el Registro de la Propiedad, (organismo que debe ofrecer seguridad jurídica y social), como propiedad privada y por tanto, se presumía que pertenecían legítimamente a su propietario ya no lo están. La Ley de Costas de 1988 considera que su inscripción no es válida. Con el sólo trazado de la línea del deslinde por el Ministerio y no por los jueces, si pierde la propiedad y no se tiene derecho automático a la concesión. Este Comité es consciente de que el Tribunal Constitucional español, ha dicho que esto es ajustado a derecho español, pero el propietario pasa de tener una propiedad consolidad e incluso inscrita en el Registro como propia, tiene que ir a los Tribunales a demostrar que es suyo, pues la Ley de Costas, no reconoce su situación. Los peticionarios se han quejado de esta situación, pues no ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos.Por todo ello, este Parlamento, le estaría muy agradecido si pudiera estudiar en profundidad las disfunciones producidas por esta Ley, así como concretar a esta Comisión de Peticiones, qué medidas piensa adoptar su Ministerio para intentar dar soluciones a los peticionarios. Todo ello redundaría en una mayor claridad y los ciudadanos, muchos de ellos en situaciones personales difíciles, se sentirían escuchados.No dudamos de que la acción de su Gobierno orientada a la conservación del litoral español, objetivo de la Ley, logre preservar las costas españolas, y esta Comisión de Peticiones se congratula por ello.Atentamente, reciba un cordial saludo,Erminia Mazzoni
Presidenta del Comité de Peticiones
Fuente:- http://elespritudechovito.blogspot.com/2010/06/el-comite-de-peticiones-del-parlamento.html