Hace 15 años
viernes, 28 de enero de 2011
lunes, 24 de enero de 2011
CARTA RAZONADA AL PARTIDO POPULAR
enero 22, 2011
Estimados señores y señoras del partido popular:
Pronto, salvo mayúscula sorpresa, ustedes van a formar gobierno y podrán, entre otras, cosas, revisar la política de costas. Ya saben que desde la Plataforma redactamos un proyecto de reforma de de una ley que, siendo necesaria, en su redacción actual resulta maniática, persecutoria y abusiva. Urge cambiar la ley, pero de eso hablaremos otro día.
Yo creo que más importante que cambiar la ley es pegarle un repaso a las plantillas para ver qué funcionarios son capaces de resistir la prueba de esfuerzo del respeto a los derechos individuales, que es mucho más fácil que hacer que la prueba de esfuerzo de los bancos. Hay que aplicar la ley, hay que defender las playas de los especuladores y hay que defender para todos los que es de todos. Que sí, que sí… sin cinismos ni doble sentido. Pero es innegociable que esto se haga guardando el respeto a los ciudadanos. Créanme, señoras y señores del PP, que hay una gran labor por hacer. Ustedes me da la sensación de que no tienen ni idea de la complicación que tienen por delante. La familia de los ingenieros de caminos, canales y puertos es una familia cariñosa y bien avenida que participa de determinadas estrategias, nociones y metas. Hace poco estaba con un alto cargo que comentaba que un día se desvió del dogma y sus compis le advirtieron: “Oye, que tú eres de la casa”.
Sí, esa es la cuestión: Tú eres de la casa. Eres uno de los nuestros. Eres de la secta. No nos vayas a traicionar, qué mosca te ha picado, por qué nos haces esto, por qué te desvías, por qué piensas por tu cuenta, por qué no te sometes, por qué has dejado de ser como nosotros, o mejor tan borde como nosotros.
Sólo como ejemplo: Un día mantuve una charla simpática con cierto Director General de Costas y me quedé tieso al escuchar su teoría sobre las concesiones de la transitoria primera. Dijo que daría las que fueran precisas pero que a continuación las pensaba rescatar porque el uso residencial en el dominio público está prohibido por la ley de costas.
Atended a este mecanismo: Los deslindes obran una expropiación forzosa especial que te deja sin casa o sin lo que sea. Como España no tiene bastante dinero para pagar las indemnizaciones por esas expropiaciones, la ley se inventa la compensación en forma de concesión y el Tribunal Constitucional dice (vete a saber por qué) que esas concesiones son justiprecio suficiente. Pero no contentos con ese proceso ya indecente de por sí, acto seguido el jefe de los jefes dice que te da la concesión para quitártela al día siguiente, y lo hace sobre la base de una mentira, porque siendo cierto que el uso residencial está prohibido en el dominio público, también lo es que estas concesiones son una excepción establecida por la misma ley porque sin no fuera así no habría compensación y nos encontraríamos ante una expropiación sin indemnización. Y esto, una expropiación sin indemnización, es lo que promovía aquel Director General de Costas. Así de burro, así de cruel y así de arrogante. Pasándose por el arco del triunfo la ley, el derecho, el Tribunal Constitucional, la Constitución y absolutamente todo. No era un loco, un trapisondista o un marciano. Era el jefe de los jefes, el que decidía lo que había que hacer y no hacer en política de costas. Mandaba sobre un equipo humano perfectamente engrasado, obediente, complaciente y entregado a su caudillo. Él ya no está, pero el equipo sigue. Esto es lo que deben saber (y temer) los señores y señoras del PP.
Ahora han puesto de jefe de los jefes a Pedro Antonio Ríos. Tengo entendido, por informaciones privadas, que es un buen tipo. De hecho, le envío desde aquí, a modo de saludo críptico, unos cuantos códigos secretos: Zalacaín, Los Lebrillos, El abanico de cristal, El candil, Aula, el Sur e Ipanema. Seguro que lo coge.
¿Qué va a pasar con él? Que sus subordinados distinguidos se lo van a comer crudo.
...
costasmaritimas.wordpress.com
...
La palabra purga es una palabra fea, pero ustedes verán. O el futuro gobierno popular sustituye al equipo entero o no va a cambiar nada. Incluso esta ley tan feroz es posible aplicarla de forma respetuosa con los ciudadanos,
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José Ortega costasmaritimas
Estimados señores y señoras del partido popular:
Pronto, salvo mayúscula sorpresa, ustedes van a formar gobierno y podrán, entre otras, cosas, revisar la política de costas. Ya saben que desde la Plataforma redactamos un proyecto de reforma de de una ley que, siendo necesaria, en su redacción actual resulta maniática, persecutoria y abusiva. Urge cambiar la ley, pero de eso hablaremos otro día.
Yo creo que más importante que cambiar la ley es pegarle un repaso a las plantillas para ver qué funcionarios son capaces de resistir la prueba de esfuerzo del respeto a los derechos individuales, que es mucho más fácil que hacer que la prueba de esfuerzo de los bancos. Hay que aplicar la ley, hay que defender las playas de los especuladores y hay que defender para todos los que es de todos. Que sí, que sí… sin cinismos ni doble sentido. Pero es innegociable que esto se haga guardando el respeto a los ciudadanos. Créanme, señoras y señores del PP, que hay una gran labor por hacer. Ustedes me da la sensación de que no tienen ni idea de la complicación que tienen por delante. La familia de los ingenieros de caminos, canales y puertos es una familia cariñosa y bien avenida que participa de determinadas estrategias, nociones y metas. Hace poco estaba con un alto cargo que comentaba que un día se desvió del dogma y sus compis le advirtieron: “Oye, que tú eres de la casa”.
Sí, esa es la cuestión: Tú eres de la casa. Eres uno de los nuestros. Eres de la secta. No nos vayas a traicionar, qué mosca te ha picado, por qué nos haces esto, por qué te desvías, por qué piensas por tu cuenta, por qué no te sometes, por qué has dejado de ser como nosotros, o mejor tan borde como nosotros.
Sólo como ejemplo: Un día mantuve una charla simpática con cierto Director General de Costas y me quedé tieso al escuchar su teoría sobre las concesiones de la transitoria primera. Dijo que daría las que fueran precisas pero que a continuación las pensaba rescatar porque el uso residencial en el dominio público está prohibido por la ley de costas.
Atended a este mecanismo: Los deslindes obran una expropiación forzosa especial que te deja sin casa o sin lo que sea. Como España no tiene bastante dinero para pagar las indemnizaciones por esas expropiaciones, la ley se inventa la compensación en forma de concesión y el Tribunal Constitucional dice (vete a saber por qué) que esas concesiones son justiprecio suficiente. Pero no contentos con ese proceso ya indecente de por sí, acto seguido el jefe de los jefes dice que te da la concesión para quitártela al día siguiente, y lo hace sobre la base de una mentira, porque siendo cierto que el uso residencial está prohibido en el dominio público, también lo es que estas concesiones son una excepción establecida por la misma ley porque sin no fuera así no habría compensación y nos encontraríamos ante una expropiación sin indemnización. Y esto, una expropiación sin indemnización, es lo que promovía aquel Director General de Costas. Así de burro, así de cruel y así de arrogante. Pasándose por el arco del triunfo la ley, el derecho, el Tribunal Constitucional, la Constitución y absolutamente todo. No era un loco, un trapisondista o un marciano. Era el jefe de los jefes, el que decidía lo que había que hacer y no hacer en política de costas. Mandaba sobre un equipo humano perfectamente engrasado, obediente, complaciente y entregado a su caudillo. Él ya no está, pero el equipo sigue. Esto es lo que deben saber (y temer) los señores y señoras del PP.
Ahora han puesto de jefe de los jefes a Pedro Antonio Ríos. Tengo entendido, por informaciones privadas, que es un buen tipo. De hecho, le envío desde aquí, a modo de saludo críptico, unos cuantos códigos secretos: Zalacaín, Los Lebrillos, El abanico de cristal, El candil, Aula, el Sur e Ipanema. Seguro que lo coge.
¿Qué va a pasar con él? Que sus subordinados distinguidos se lo van a comer crudo.
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costasmaritimas.wordpress.com
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La palabra purga es una palabra fea, pero ustedes verán. O el futuro gobierno popular sustituye al equipo entero o no va a cambiar nada. Incluso esta ley tan feroz es posible aplicarla de forma respetuosa con los ciudadanos,
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José Ortega costasmaritimas
miércoles, 12 de enero de 2011
Nuevas pruebas periciales colocan a Bajo La Cuesta fuera del dominio publico
Aunque sobre sus cabezas pende la intencion de la Direccion General de Costas de derribar sus viviendas, las 50 familias que habitan en el poblado de Bajo La Cuesta, en el municipio de Candelaria, tienen motivos para ser optimistas. Si hasta ahora habian basado su defensa en los errores cometidos por los tecnicos del departamento estatal a la hora de realizar el deslinde de 2006, que actualize el anterior de 1969, un nuevo informe pericial amplia los argumentos de este grupo de vecinos que, bajo el asesoramiento juridico del abogado Jose Ortega, centra sus esperanzas en la demanda presentada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para exigir un replanteo de la linea demanial, a lo que se ha negado Costas de forma rotunda hasta el momento.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife
Un estudio del arquitecto David Rodríguez Amador, al que ha tenido acceso este digital, evidencia un error en el plano del deslinde que, de ser aceptado por el Ministerio de Medio Ambiente, dejaría sin efecto las recuperaciones posesorias que impulsa Costas en Bajo La Cuesta. Según los datos obtenidos por el perito, los hitos del deslinde de 2006, según el listado de coordenadas UTM que figura en un plano aportado por el Ayuntamiento sureño, no coinciden con el emplazamiento dado a dichos hitos al dibujar la línea del deslinde. El error llega al punto de que las marcas no sólo no coinciden, sino que se encuentran a unos 170 metros mar adentro.
Un hecho revelador que refuerza la teoría del abogado valenciano, que en los últimos años no se ha cansado de exigir el replanteo de la línea demanial, lo que, en su opinión, vendría a demostrar que las viviendas de Bajo La Cuesta se encuentran fuera del dominio público y, por tanto, no deben ser derribadas.
EL TESTIMONIO DE UN TÉCNICO MUNICIPAL
Las nuevas pruebas periciales que se han acompañado a la demanda en el TSJC se suman a otras afirmaciones técnicas que respaldan el criterio defendido por Ortega. Un funcionario municipal, Federico López del Amo, declaró en su momento que los mojones que se tomaron como orientación para el deslinde "fueron durante mucho tiempo visibles en medio de las viviendas, más o menos por el centro de lo que hoy es una calle asfaltada", lo que haría materialmente imposible que las casas estuvieran dentro del deslinde elaborado a posteriori.
Una afirmación que el Ayuntamiento de Candelaria, casualmente en manos del PSOE, como la Dirección General de Costas, hizo suya ante la evidencia de los datos. El Consistorio sureño emitió un informe hace unos meses en el que respaldaba el criterio de López del Amo con carácter oficial.
Pero la cosa no queda ahí. El propio técnico municipal participó en su momento en la elaboración de un plano del poblado de Bajo La Cuesta, en el que llama la atención que las casas ya eran visibles al igual que la línea del deslinde de 1969, que precisamente se dibujó en base a la referencia que aportaban los mojones que, casualmente, fueron ignorados al elaborar la nueva línea en 2006. El plano permite apreciar que el deslinde original discurría por delante de las fachadas de las viviendas; todo lo contrario a lo defendido por Costas, que sitúa la línea por detrás de las casas y sobre la pared del acantilado (lo que vendría a decir que los habitantes del poblado habrían sobrevivido de forma sobrehumana a temporales con olas de hasta 30 metros de altura).
Tanto la declaración del técnico municipal y el plano que ratifica su testimonio como los nuevos datos que se extraen del informe pericial de Rodríguez Amador están ya incluidos en la demanda presentada en el TSJC. Ortega destaca en el escrito enviado al tribunal la "importancia" y "credibilidad" que le da el respaldo del Ayuntamiento, ya que, de no ser auténtico el plano, el Consistorio "no habría adquirido un compromiso de tal calibre", con las consecuencias que conlleva entregar en un proceso judicial un documento falso.
El abogado valenciano solicita al TSJC, en base a las pruebas incorporadas, que se nombre a un técnico con el fin de elaborar un informe sobre la correspondencia entre el listado de coordenadas UTM de los hitos del deslinde de 22 de mayo de 2006 (y, por tanto, de enero de 1969) y su dibujo en el plano. El objeto de la prueba, según expone el letrado en el escrito elevado al tribunal, es "proporcionar un criterio totalmente objetivo", al ser "muy técnicos" los razonamientos del perito David Rodríguez, por lo que lo ideal es que sean corroborados por un perito judicial.
http://www.eldigitaldecanarias.com/noticias.php?accion=detalle&id=11156
domingo, 12 de diciembre de 2010
PARLAMENTO EUROPEO Comisión de Peticiones ACTA Reunión de los días 1 y 2 de diciembre de 2010
14. Comunicaciones de la presidenta sobre las decisiones de los Coordinadores:
· Examen de acciones adicionales que deben llevarse a cabo relacionadas con
peticiones recibidas sobre la Ley de Costas; Dictamen del Servicio Jurídico
(Confidencial): El Servicio Jurídico señala que sus opiniones solo se refieren a la
cuestión de la aplicación legal de la Carta europea de los derechos fundamentales a las
peticiones relacionadas con la Ley de Costas; no obstante, reconoce que la Comisión
de Peticiones es competente para conocer asuntos relativos a los derechos
fundamentales y a la protección de los derechos de los ciudadanos de la UE; al tiempo
que reconocen la complejidad del asunto, los coordinadores recomiendan dar un
enfoque individual a cada una de las peticiones recibidas, dando un especial énfasis a
aquellas relacionadas con los derechos recogidos en el Tratado de la UE. Entre las
acciones de seguimiento se pueden incluir el debate de los peticionarios reunidos en
presencia del Defensor del Pueblo español y la remisión de algunos peticionarios a
otras Comisiones.
ACTA completa
· Examen de acciones adicionales que deben llevarse a cabo relacionadas con
peticiones recibidas sobre la Ley de Costas; Dictamen del Servicio Jurídico
(Confidencial): El Servicio Jurídico señala que sus opiniones solo se refieren a la
cuestión de la aplicación legal de la Carta europea de los derechos fundamentales a las
peticiones relacionadas con la Ley de Costas; no obstante, reconoce que la Comisión
de Peticiones es competente para conocer asuntos relativos a los derechos
fundamentales y a la protección de los derechos de los ciudadanos de la UE; al tiempo
que reconocen la complejidad del asunto, los coordinadores recomiendan dar un
enfoque individual a cada una de las peticiones recibidas, dando un especial énfasis a
aquellas relacionadas con los derechos recogidos en el Tratado de la UE. Entre las
acciones de seguimiento se pueden incluir el debate de los peticionarios reunidos en
presencia del Defensor del Pueblo español y la remisión de algunos peticionarios a
otras Comisiones.
ACTA completa
martes, 23 de noviembre de 2010
Aprueban reformar la Ley de Costas para revisar los criterios de deslinde.
23/nov/10 eldia.es
Madrid, EFE La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado esta tarde con el apoyo del grupo popular dos enmiendas, -una de CiU y otra de CC- que pretenden reformar la actual Ley de Costas, para revisar los criterios de deslinde marítimo -terrestre y proteger, entre otros, determinados asentamientos urbanos.
Ambas enmiendas han sido presentadas con ocasión del debate y votación en la Comisión de Medio Ambiente del Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino.
El texto, aprobado en su casi totalidad, será remitido ahora al pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación, incluidas las citadas enmiendas.
En su iniciativa, CiU defiende que en el plazo de tres meses el Gobierno impulsará la modificación de la Ley de Costas con el objeto de mejorar los criterios de deslinde del dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias, como es el caso de la Marina de Empuriabrava (Castelló d'Empuries), de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Platka de Sabanell (Blanes).
En su justificación se explica que se pretende encontrar una solución a una situación que está afectando a gran número de propietarios de una importante zona turística, como consecuencia del comienzo, por parte de la Dirección General de Costas, del proceso para delimitar los bienes del dominio público marítimo-terrestre de las citadas localidades
La enmienda de Coalición Canaria establece, entre otros puntos, que se consideren áreas urbanas las que comprendan terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
En su justificación, explica que la realidad demuestra que son muchos los asentamientos rurales que cuentan con la urbanización primaria propia del suelo urbano o bien están consolidadas por la edificación en la misma superficie exigida para dicha clase de suelo, si bien han sido clasificados como tales por encontrarse en un entorno rural y haber querido el legislador preservarlos de un desarrollo propio de ciudad.
El Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino es una norma que busca reforzar la protección de una zona natural que en España ocupa aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados.
La Costa española está deslindada en un 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado el pasado octubre al Consejo de Ministros por el Ministerio de Medio Ambiente.
ENLACE www.eldia.es
Madrid, EFE La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado esta tarde con el apoyo del grupo popular dos enmiendas, -una de CiU y otra de CC- que pretenden reformar la actual Ley de Costas, para revisar los criterios de deslinde marítimo -terrestre y proteger, entre otros, determinados asentamientos urbanos.
Ambas enmiendas han sido presentadas con ocasión del debate y votación en la Comisión de Medio Ambiente del Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino.
El texto, aprobado en su casi totalidad, será remitido ahora al pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación, incluidas las citadas enmiendas.
En su iniciativa, CiU defiende que en el plazo de tres meses el Gobierno impulsará la modificación de la Ley de Costas con el objeto de mejorar los criterios de deslinde del dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias, como es el caso de la Marina de Empuriabrava (Castelló d'Empuries), de Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Platka de Sabanell (Blanes).
En su justificación se explica que se pretende encontrar una solución a una situación que está afectando a gran número de propietarios de una importante zona turística, como consecuencia del comienzo, por parte de la Dirección General de Costas, del proceso para delimitar los bienes del dominio público marítimo-terrestre de las citadas localidades
La enmienda de Coalición Canaria establece, entre otros puntos, que se consideren áreas urbanas las que comprendan terrenos que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica.
En su justificación, explica que la realidad demuestra que son muchos los asentamientos rurales que cuentan con la urbanización primaria propia del suelo urbano o bien están consolidadas por la edificación en la misma superficie exigida para dicha clase de suelo, si bien han sido clasificados como tales por encontrarse en un entorno rural y haber querido el legislador preservarlos de un desarrollo propio de ciudad.
El Proyecto de Ley de Protección del Medio Marino es una norma que busca reforzar la protección de una zona natural que en España ocupa aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados.
La Costa española está deslindada en un 93 por ciento de su longitud, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Costas de 1988 presentado el pasado octubre al Consejo de Ministros por el Ministerio de Medio Ambiente.
ENLACE www.eldia.es
viernes, 5 de noviembre de 2010
El Ayuntamiento de Pájara plantea establecer en siete metros la servidumbre del dominio marítimo
El Ayuntamiento de Pájara aprobó, por unanimidad de los miembros presentes, en su última sesión plenaria, una moción tendente a promover la revisión de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, para que la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre se establezca en siete metros y no en 100 o 20 metros, según los casos, como fija la Orden del Deslinde.
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http://www.pajara.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1733
domingo, 31 de octubre de 2010
ITV in UK (Reino Unido) HOMES FROM HELL
I’m a researcher with ITV1. We are currently looking for British people willing to share their stories with viewers of “Homes from Hell”, due to be broadcast in spring 2011.
Soy una investigadora de ITV1. En este momento estamos buscando a gente Britanica que desee compartir sus historias con los espectadores de el programa “Homes from Hell”, que sera emitido en la primavera del 2011.
At least one hour will be devoted to the stories of British people who have moved to Spain and encountered serious property related problems.
Por lo menos una hora de el programa estara dedicado a historias de gente Britanica que se ha mudado a Espana y se han encontrado con problemas relacionados a su casa/propiedad.
At this stage we’re not discounting stories of any sort. But we are actively looking for the most shocking Ley de Costas stories and those concerning land grabs.
En este momento no estamos desontando historias de cualquier tipo pero estamos buscando las historias mas escandalosas en cuanto a la Ley de Costas y historias sobre problemas con sus territorios.
Through these individual stories we hope to make viewers here in the UK aware of the wider issues at stake and also the best ways to avoid the potential pitfalls of buying a home in Spain.
Con estas historias individuales esperamos hacerles ver a los espectadores aqui en Inglaterra los problemas que se pueden encontrar y tambien cual es la mejor manera de evitar los problemas que pueden encontrarse potencialmente al comprar un hogar en Espana.
People chosen to have their story featured will benefit from the publicity that is generated by millions of ITV1 viewers being made aware of their plight.
La gente que sea elegida para transmitir su historia se beneficiara de la publicidad generada sobre millones de espectadores de ITV1 que estaran al tanto de su problema.
We will also be working with a group of experts (lawyers, surveyors etc) whose role will be to inform viewers and home owners alike exactly what their problems are how to go about fixing them.
Tambien estaremos trabajando con un grupo de expertos (abogados, agrimensor ect) cual papel sera informar a los espectadores y propetarios cuales son los problemas exactamente y como se resuelven.
Thanks for taking the time to read this email, I will respond to everyone who gets in touch.
Muchas gracias por su tiempo leyendo este email y contestare a todas las personas que se pongan en contacto.
Best,
Anabel.
Email:- anabel.fairclough@itv.com
miércoles, 13 de octubre de 2010
LA AUDIENCIA PROVINCIAL ANULA EL ARCHIVO DE ACTUACIONES PENALES CONTRA EL JEFE DE COSTAS DE LA CORUÑA Y ORDENA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN POR UN POSIBLE DELITO DE PREVARICACIÓN.
La Audiencia Provincial de La Coruña, Sala de lo Penal sección Segunda, acaba de dictar auto por el que se anula la previa decisión del juzgado de instrucción núm. 1 de Ferrol, de inhibirse en su investigación de los posibles delitos cometidos por el Jefe de Costas de La Coruña a favor del juzgado de instrucción núm. 2 de la misma capital. Esta decisión en la práctica significaba el archivo de la investigación, puesto que las diligencias previas que se tramitaban en el juzgado de instrucción 2 por un delito de allanamiento de morada, se habían archivado.
En diciembre de 2005, el Jefe de Costas de La Coruña, Rafael Eimil, acompañado de una brigada de obreros con maquinaria pesada, se personó por sorpresa en una zona de viviendas cercanas a la playa de Villarrube (Valdoviño, La Coruña) y, sin previa autorización judicial, procedió a su derribo.
El auto de la Audiencia Provincial implica la orden de que continúe la investigación de los hechos en el marco de las diligencias previas 2620/08 del juzgado de instrucción núm. 1 de Ferrol, que se siguen a instancia de varios vecinos de Villarube por un delito de prevaricación.
Los vecinos manifiestan su confianza en una investigación rigurosa y en una condena proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.
Podéis consultar, para más información:
http://costasmaritimas.wordpress.com/2010/08/30/sobre-el-infierno-de-villarrube/
En diciembre de 2005, el Jefe de Costas de La Coruña, Rafael Eimil, acompañado de una brigada de obreros con maquinaria pesada, se personó por sorpresa en una zona de viviendas cercanas a la playa de Villarrube (Valdoviño, La Coruña) y, sin previa autorización judicial, procedió a su derribo.
El auto de la Audiencia Provincial implica la orden de que continúe la investigación de los hechos en el marco de las diligencias previas 2620/08 del juzgado de instrucción núm. 1 de Ferrol, que se siguen a instancia de varios vecinos de Villarube por un delito de prevaricación.
Los vecinos manifiestan su confianza en una investigación rigurosa y en una condena proporcional a la gravedad de los hechos denunciados.
Podéis consultar, para más información:
http://costasmaritimas.wordpress.com/2010/08/30/sobre-el-infierno-de-villarrube/
martes, 12 de octubre de 2010
ITV1 Homes From Hell :-Urgent Notice for British Homeowners in Spain
Anabel Fairclough a researcher working on a new series of Homes From Hell for ITV1 is looking for British homeowners out in Spain who are affected by the Ley de Costas and whose homes are up for demolition. “It is very sad what people are facing and I hope that we can raise the awareness of this through the broadcast of our programme”.
The series meets the people who shell out thousands for their ideal homes only to see them turn to ruins before their eyes.
If anyone knows of anyone who is facing demolition and/or who would be interested in speaking to Anabel Fairclough please contact her
by email at anabel.fairclough@itv.com
or by phone on 00 44 207 157 4288.
Thank you.
En Español
Reino Unido ITV1 Homes From Hell :- Ley de Costas
Aviso urgente para propietarios británicos en España
Anabel Fairclough un investigador que trabaja en una nueva serie de Homes from Hell (Casas Desde el Infierno) de ITV1 está buscando a los propietarios británicos en España, que se ven afectados por la Ley de Costas y cuyas casas están amenazadas con la demolición.
“Es muy triste a lo que algunas personas se enfrentan, y espero que podamos aumentar la conciencia de esto a través de la emisión de nuestro programa” en el Reino Unido.
La serie cumple con la gente que desembolsa miles y miles de Euros en sus hogares ideales sólo para ver que se convierten en ruinas ante sus ojos.
Si alguien sabe de alguien que se enfrenta a la demolición y / o que estén interesados en hablar con Anabel Fairclough pónganse en contacto con ella
por correo electrónico anabel.fairclough@itv.com
o por teléfono al 0044 207 157 42 88.
Gracias.
miércoles, 22 de septiembre de 2010
Reding investiga si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras
La vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha desvelado este miércoles que está investigando si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras ante el gran número de denuncias recibidas por abusos urbanísticos.
Reding ha hecho este anuncio en respuesta a una interpelación parlamentaria presentada por la eurodiputada del Partido Por la Independencia del Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen. Andreasen había reclamado la intervención del Ejecutivo comunitario por considerar que la legislación urbanística española vulnera el derecho de propiedad, protegido por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que con el Tratado de Lisboa se ha convertido en jurídicamente vinculante.
"Considerando el número de denuncias recibidas sobre esta cuestión, la Comisión está supervisando la situación para ver si surge alguna discriminación por razón de la nacionalidad y se ha puesto en contacto al respecto con las autoridades españolas", ha respondido la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.
Hasta ahora, Bruselas se había negado a intervenir ante las denuncias de vulneraciones del derecho de la propiedad y de abusos urbanísticos en España alegando que carecía de competencias. La Comisión denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) únicamente la Ley Urbanística Valenciana por considerar que incumplía la normativa comunitaria sobre contratación pública. Pero el abogado general recomendó la semana pasada al TUE que desestime este recurso.
En todo caso, Reding ha aclarado que "por lo que respecta a la cuestión del derecho a la propiedad en España, la Comisión sólo puede intervenir si el asunto se refiere a la aplicación del Derecho de la Unión". "Tal conexión no se ha establecido aún", ha señalado.
La Eurocámara ha aprobado varios informes que denuncian los abusos urbanísticos en España. En el último de ellos se amenazaba incluso con congelar los fondos estructurales si no se resuelven los problemas denunciados.
La propia Andreasen ya protestó por los abusos urbanísticos en España durante las dos comparecencias ante la Eurocámara del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante la presidencia española de la UE, en el primer semestre de este año. Su intervención en julio enfadó a Zapatero porque llegó a comparar la situación en España con la de Zimbabue.
La representante del UKIP le espetó al presidente del Gobierno que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Andalucía. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
Zapatero consideró inaceptable esta comparación y resaltó que España es un Estado de derecho que respeta y hace respetar las leyes. "Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo el presidente del Gobierno.
Reding investiga si España discrimina a los residentes extranjeros en las expropiaciones de casas costeras EUROPA PRESS
Los damnificados de Vilarrube se adhieren a la Plataforma Nacional de Afectados por la ley de Costas
 |
redacción > ferrol DIARIO DE FAROL
La Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube hizo pública ayer su adhesión a la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, una entidad que amparará y asesorará a la misma a partir de ahora. Durante el acto llevado a cabo en la asociación vecinal de A Gándara el abogado de la Plataforma, José Ortega aclaró las medidas legales a emprender en relación a los derribos de las viviendas de Vilarrube que tuvieron lugar en noviembre de 2005.
“Vamos a solicitar la concesión de la transitoria primera, una compensación que se da cuando te quitan una propiedad por un deslinde, si las viviendas son ilegales se derriban pero si no, se da la concesión, y éstas como eran legales se les tenía que dar la concesión”, argumentó el letrado, que añadió que si en el procedimiento judicial que van a emprender, les dan la razón y la concesión, como espera que así sea, “quedarán absolutamente en entredicho los derribos porque ya no es que no se tuviera autorización judicial, es que no se tenía derecho”, puntualizó.
Representantes de la Asociación de Amigos da Praia de Vilarrube, acompañados de José Ortega, mantuvieron también ayer una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez, para pedirle apoyo político y burocrático de cara a documentar la solicitud de la concesión, una reunión de la que extrajeron sensaciones “muy favorables”. De manera paralela la asociación presentará una denuncia al Parlamento Europeo por el abuso que significa el haber derribado las viviendas sin autorización judicial, institución que ya emitió este año una condena por el abuso de la Ley de Costas en respuesta a una queja presentada por la Plataforma.
Asimismo José Ortega abordó ayer la situación actual de la lucha colectiva que se lleva a cabo en España y en el Parlamento Europeo con respecto a lo que consideran “abusos de la Ley de Costas” y apuntó a un posible viaje de eurodiputados para conocer “in situ” la problemática que vive España en esta cuestión.
ver texto original
lunes, 30 de agosto de 2010
Medio Ambiente expropia y protege 9.200 hectáreas de la costa de Doñana
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| CARLOS SANZ |
EL PAIS - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 30/08/2010
El Ministerio de Medio Ambiente acaba de enviar al Boletín Oficial del Estado el deslinde del litoral del Parque Nacional de Doñana, en Huelva. Generalmente en ese trámite se declara como zona pública exclusivamente la playa y se trata de una pequeña línea en un mapa. Pero en este caso Medio Ambiente ha optado por la vía más proteccionista: el deslinde declara como dominio público marítimo-terrestre unas 9.200 hectáreas del Parque Nacional y se mete hasta 4,8 kilómetros tierra adentro al considerar que todo el cordón de dunas es un sistema único necesario para mantener la playa. El trámite deja sin competencias a la Junta de Andalucía en esa franja, que expropia sin indemnización.
Medio Ambiente continúa con su tarea de deslindar los 10.157 kilómetros del litoral español, un trámite previsto en la Ley de Costas, de 1988. A final de 2009, ya estaba completo el 89,3% de la costa. El porcentaje delimitado ya ronda el 95% tras el impulso de los dos últimos años.
La provincia de Huelva era de las que iba más retrasada, con el 74% de su costa deslindada. Faltaba uno de los deslindes más conflictivos: los 36,8 kilómetros del Parque Nacional de Doñana, desde Matalascañas hasta la desembocadura del Guadalquivir, frente a Sanlúcar de Barrameda.
Espinosa optó por la vía proteccionista ante la división en su departamento
La ley da una definición muy amplia para el dominio público marítimo terrestre. No hay una distancia, sino que se basa en criterios geológicos. Así, incluye "el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos", "las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, los terrenos bajos que se inundan" por las mareas o "las playas o zonas de depósito de materiales sueltos".
En esas definiciones entra todo el frente litoral de Doñana, con dunas de hasta 32,5 metros. "La playa sigue recogiendo las arenas traídas por el mar y el viento que hace 6.000 años cerraron el estuario del Guadalquivir", señala el informe técnico elaborado por la empresa pública Tragsatec y que ha sido aprobado sin "modificaciones sustanciales", según fuentes conocedoras del trámite.
Ese informe "constata el carácter de dominio público de la totalidad del brazo arenoso, que engloba la playa y las distintas cadenas de dunas hasta llegar a la marisma". Las dunas móviles llegan a engullir árboles enteros al avanzar empujadas por el viento.
Costas aún tiene que deslindar las marismas del interior del paraje, por lo que finalmente incluirá mucho más del parque en el dominio público.
La tramitación de la orden fue muy polémica. La Junta de Andalucía, que gestiona el parque nacional gracias a una sentencia del Constitucional, se opuso. Pero también estaba en contra Parques Nacionales, del propio ministerio, que consideró que solo el primer cordón de dunas debía ser expropiado. Inicialmente ambos departamentos pidieron una tercera opinión, la del catedrático de Granada Miguel Ángel Losada, que se inclinó a favor de Costas al considerar que "el brazo arenoso, sus riberas del lado del mar y del lado del estuario, los caños y las lagunas mareales, los ríos y los arroyos están relacionadas entre sí y forman un sistema físico inseparable". Luego Parques se desmarcó de esta opinión e insistió en retrasar el deslinde.
El tema llegó incluso a La Moncloa, porque la propuesta de deslinde incluye dentro del dominio público el palacio de Las Marismillas, de Patrimonio del Estado y en el que veraneó Zapatero en años anteriores.
Los pocos propietarios que quedan no pueden explotar sus tierras
Ante la división en el departamento, decidió la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, quien consideró que la declaración de dominio público era la mejor forma de proteger el espacio natural. Así, optó por ampliar todo lo posible el dominio público. El resultado es uno de los mayores deslindes jamás realizados desde que se aprobó la ley, hace más de 20 años, solo comparable a uno en Baleares. La directora general de Costas, Alicia Paz, firmó el deslinde hace unos días y en breve saldrá publicado en el BOE y será oficial. Ante esta declaración cabe recurso, pero Medio Ambiente gana el 89% de los pleitos en la Audiencia Nacional.
La declaración de dominio público supone una "muy singular forma de expropiación", como la definió el Tribunal Constitucional en 1991, en la sentencia en la que avaló la mayor parte de la norma. Los terrenos pasan a ser propiedad del Estado, pero este no paga dinero a los dueños. La compensación es una concesión por 30 o 60 años para mantener allí la actividad existente. Pero no pueden vender el suelo ni construir. Si los terrenos no tienen ningun uso -como ocurre en buena parte del brazo de arena- pasan directamente al Estado al no existir la posibilidad de pedir una concesión.
Aunque parte del suelo ya era público, quedan en el parque propietarios privados. Entre los dueños está la familia Morenés, antigua propietaria del Palacio de las Marismillas. Estos pleitearon y en 2003 el Tribunal Supremo les dio el derecho a ser expropiados por el parque "a la vista de la imposibilidad de desarrollar actividades en su finca", según recoge el BOE. Guillermo Morenés, uno de los propietarios, es el marido de Ana Patricia Botín, presidenta de Banesto.
La zona declarada de dominio público se convierte así en intocable, y cualquier actuación requiere el permiso de Costas. El Ayuntamiento de Matalascañas ha comenzado a reclamar una ruta en todoterreno a través de la playa que una el pueblo con Sanlúcar de Barrameda para no rodear todo el parque. Ahora la aprobación pasará a depender de Costas, mucho más conservacionista y reacia a autorizar actividades sobre la arena.
EL PAIS http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Medio/Ambiente/expropia/protege/9200/hectareas/costa/Donana/elpepusoc/20100830elpepisoc_2/Tes
miércoles, 25 de agosto de 2010
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas lleva al Parlamento Europeo los derribos de Vilarrube (A Coruña)
FERROL, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, en donde está integrada desde este verano la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube (A Coruña), ha presentado una queja ante el Parlamento Europeo por los derribos "totalmente ilegales" acometidos en Villarrube en el año 2005. Así lo ha dado a conocer en una reunión con afectados por la Ley de Costas de toda Galicia que tuvo lugar en el local social de A Gándara (Narón).
Previamente, representantes de la Plataforma de Afectados y de la asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez (TEGA), de quien recabaron su apoyo para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los derribos de 2005.
El secretario de la Plataforma y abogado, José Ortega, que se desplazó desde Valencia para dar a conocer las novedades en la legislación, ha explicado a Europa Press que el caso de Vilarrube es "especialmente dramático y singular" y ha recordado que "hay unas actuaciones penales en curso" contra el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
"Queremos que este asunto lo conozca todo el mundo y la sociedad comparta la indignación y el sentimiento de humillación que tienen todos los vecinos", ha asegurado Ortega. En este sentido, ha indicado que se está evolucionando hacia "un mayor respeto de los derechos civiles" y se está "alimentando este cambio con iniciativas en el Parlamento Europeo" que están en "plena actividad".
José Ortega explicó que a finales de septiembre la junta de portavoces de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará el informe jurídico solicitado y tomará una decisión, previa a una decisión final. En esa decisión se baraja la posibilidad de "una comisión de investigación que venga a España" a conocer in situ los diferentes casos.
VILARUBE
Según ha asegurado Ortega, los terrenos de Vilarube, por su situación legal, "se tienen que dar en concesión por 60 años y esto está tan protegido por la ley que el Reglamento de Costas indica que si los propietarios no la solicitan en un plazo de un año, el Estado la tiene que dar de oficio". Sin embargo, ha recordado que en el caso de Vilarrube "el Estado no resolvió" a pesar de lo que los vecinos "lo pidieron".
José Ortega ha indicado que la "política de Costas es muy injusta en general, muy abusiva" y en particular "en Vilarube" porque el derecho de unas personas "a la concesión, lo han transformado en la versión de que hay que derribar y en lugar de tomar a estas personas como ciudadanos los han tomado como delincuentes peligrosos sociales pateando un derecho constitucional recogido en el artículo 18 de la Constitución".
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, Inés Barcia ha apuntado a Europa Press que "no sólo se ha saltado por encima de la ley, sino por encima de las personas" y "mientras Rafael Eimil sigue en su cargo, a pesar de estar imputado".
"Aquí fue un ataque, vinieron con más de medio centenar de guardia civiles, sin orden judicial, en pleno invierno, el 30 de noviembre de 2005, a las 7.30 de la mañana para coger a los afectados como los cogió, durmiendo. Fue un atentando contra los afectados", recordaba Barcia.
La vicepresidenta vecinal indicó que están afectadas "47 viviendas y 300 terrenos" y que no tuvieron ni siquiera tiempo para presentar alegaciones, ya que, Eimil "el 4 octubre 2005 coge el cargo, el 21 octubre de 2005 manda las cartas y derriba el 30 de noviembre de 2005".
"UN ERROR"
El abogado José Ortega ha afirmado que ahora se intentará "conseguir la concesión en los tribunales" por lo que "tendrían que indemnizarles, darles la concesión, y reconocer que el derribo fue un error".
El secretario de la Plataforma confía que, con la queja presentada, "el Parlamento sepa, condene y si tiene investigar, investigue". En este sentido, confía en "la comisión de Peticiones porque en España no se puede confiar en nadie más, el país está perdido no hay control ni judicial ni político de ninguna clase", ha criticado.
Asimismo, ha recordado que el informe presentado en el Parlamento, donde "dicen que tienen razón en todo", también fue presentado al Defensor del Pueblo, quien "dijo que no tenían razón ni en una coma". "Es muy triste que haya que ir fuera de España para buscar justicia, porque en España no la hay", ha sentenciado.
Texto completo http://www.europapress.es/
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas, en donde está integrada desde este verano la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube (A Coruña), ha presentado una queja ante el Parlamento Europeo por los derribos "totalmente ilegales" acometidos en Villarrube en el año 2005. Así lo ha dado a conocer en una reunión con afectados por la Ley de Costas de toda Galicia que tuvo lugar en el local social de A Gándara (Narón).
Previamente, representantes de la Plataforma de Afectados y de la asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube mantuvieron una reunión con la alcaldesa de Valdoviño, Isabel Álvarez (TEGA), de quien recabaron su apoyo para presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por los derribos de 2005.
El secretario de la Plataforma y abogado, José Ortega, que se desplazó desde Valencia para dar a conocer las novedades en la legislación, ha explicado a Europa Press que el caso de Vilarrube es "especialmente dramático y singular" y ha recordado que "hay unas actuaciones penales en curso" contra el jefe de la Demarcación de Costas, Rafael Eimil.
"Queremos que este asunto lo conozca todo el mundo y la sociedad comparta la indignación y el sentimiento de humillación que tienen todos los vecinos", ha asegurado Ortega. En este sentido, ha indicado que se está evolucionando hacia "un mayor respeto de los derechos civiles" y se está "alimentando este cambio con iniciativas en el Parlamento Europeo" que están en "plena actividad".
José Ortega explicó que a finales de septiembre la junta de portavoces de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo analizará el informe jurídico solicitado y tomará una decisión, previa a una decisión final. En esa decisión se baraja la posibilidad de "una comisión de investigación que venga a España" a conocer in situ los diferentes casos.
VILARUBE
Según ha asegurado Ortega, los terrenos de Vilarube, por su situación legal, "se tienen que dar en concesión por 60 años y esto está tan protegido por la ley que el Reglamento de Costas indica que si los propietarios no la solicitan en un plazo de un año, el Estado la tiene que dar de oficio". Sin embargo, ha recordado que en el caso de Vilarrube "el Estado no resolvió" a pesar de lo que los vecinos "lo pidieron".
José Ortega ha indicado que la "política de Costas es muy injusta en general, muy abusiva" y en particular "en Vilarube" porque el derecho de unas personas "a la concesión, lo han transformado en la versión de que hay que derribar y en lugar de tomar a estas personas como ciudadanos los han tomado como delincuentes peligrosos sociales pateando un derecho constitucional recogido en el artículo 18 de la Constitución".
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Amigos de la Playa de Vilarrube, Inés Barcia ha apuntado a Europa Press que "no sólo se ha saltado por encima de la ley, sino por encima de las personas" y "mientras Rafael Eimil sigue en su cargo, a pesar de estar imputado".
"Aquí fue un ataque, vinieron con más de medio centenar de guardia civiles, sin orden judicial, en pleno invierno, el 30 de noviembre de 2005, a las 7.30 de la mañana para coger a los afectados como los cogió, durmiendo. Fue un atentando contra los afectados", recordaba Barcia.
La vicepresidenta vecinal indicó que están afectadas "47 viviendas y 300 terrenos" y que no tuvieron ni siquiera tiempo para presentar alegaciones, ya que, Eimil "el 4 octubre 2005 coge el cargo, el 21 octubre de 2005 manda las cartas y derriba el 30 de noviembre de 2005".
"UN ERROR"
El abogado José Ortega ha afirmado que ahora se intentará "conseguir la concesión en los tribunales" por lo que "tendrían que indemnizarles, darles la concesión, y reconocer que el derribo fue un error".
El secretario de la Plataforma confía que, con la queja presentada, "el Parlamento sepa, condene y si tiene investigar, investigue". En este sentido, confía en "la comisión de Peticiones porque en España no se puede confiar en nadie más, el país está perdido no hay control ni judicial ni político de ninguna clase", ha criticado.
Asimismo, ha recordado que el informe presentado en el Parlamento, donde "dicen que tienen razón en todo", también fue presentado al Defensor del Pueblo, quien "dijo que no tenían razón ni en una coma". "Es muy triste que haya que ir fuera de España para buscar justicia, porque en España no la hay", ha sentenciado.
Texto completo http://www.europapress.es/
lunes, 16 de agosto de 2010
Una sentencia para Canarias
2010 08 11 OpinionJOSÉ ORTEGA (*) La anulación del deslinde de Punta Larga ha originado una oleada de entusiasmo acompañado de valoraciones urgentes, unas certeras y otras algo menos. Algunos sugieren que se trata de una sentencia para ricos. Puedo desmentirlo porque en un espacio contiguo, también de chalés, el recurso fue desestimado. Unos ganan y otros pierden, sin clasismo a la vista. Otros la convierten en tabla de salvación para su caso, como el Anexo II de la Playa del Inglés. Pero la sentencia sólo es útil para la delimitación de zonas acantiladas, no de playas. Comprendo la ilusión colectiva que despierta esta resolución en una tierra sedienta de justicia y con los ojos enrojecidos por el llanto, especialmente cuando se trata, al parecer, de la primera decisión judicial que anula la definición del dominio público en Canarias, pero su posible aplicación a otros casos hay que examinarla desde un marco racional. Dicho esto, parece indiscutible que la sentencia prefigura una gran esperanza, puesto que se dirige directamente al corazón del problema, que no es otro que la ostentosa arbitrariedad de la Administración: Censuran los magistrados la fijación de la línea según un pretendido alcance de los temporales determinado sin una sola prueba. Y hay docenas de casos iguales. Cómo haya sido posible que ese insulto tanto a los ciudadanos como a la inteligencia se haya transformado en hábito, es un misterio más en un país que se pretende civilizado y europeo, pero en cualquier caso la sentencia deja herido de muerte ese vicio inaceptable. Siempre doy una respuesta afirmativa cuando me preguntan si aprecio diferencias en la forma de aplicarse la ley de costas en Canarias y en la Península. Aquí el alcance del temporal se fija habitualmente por “observación directa”, mientras que en la Península, para demostrar lo mismo, se contratan estudios técnicos complejos y caros ¿Razones? Sólo se me ocurre una: Que crean que los canarios son bobos y se dejan hacer. La discusión ha sido larga y he sufrido muchos sinsabores con Administración y jueces antes de obtener esta sentencia, que pone fin a todo eso, pero el resultado final parece redondo, abre caminos insospechados y me resarce de todos esos malos momentos. La proyección de la sentencia es inmensa: un buen noventa por ciento de la costa canaria es escarpado y por tanto en ella el deslinde se decide por el alcance del temporal. La mayoría de estos espacios se han delimitado o se están delimitando sin pruebas, es decir, por ese procedimiento ahora declarado ilegal. La arbitrariedad siempre es rechazable, pero mucho más cuando es fuente de la ansiedad, la frustración y las lágrimas de quienes ven sus casas transformadas en escombros. En Canarias ha habido demasiado dolor. Ahora toca revisar todo lo que se ha hecho mal y restaurar el respeto a los ciudadanos. Desde que la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas presentó una queja contra España ante el Parlamento Europeo, y sobre todo desde que en 26.03.09 el pleno de ese mismo Parlamento Europeo nos dio la razón en una decisión memorable (informe Auken), todo comenzó a cambiar lenta pero imparablemente. Armados sólo con nuestra dignidad y nuestra voluntad de lucha, los ciudadanos estamos consiguiendo librar a la sociedad de esa casta de dirigentes que tanto se equivocaron creyéndose dueños de nuestras vidas. Ellos lo tienen todo: Ejércitos de asesores, un presupuesto ilimitado, el Boletín Oficial del Estado y la policía. Pero nosotros tenemos la razón. Y la razón comienza a romper todos los diques y a abrirse paso.
(*)Abogado
viernes, 30 de julio de 2010
La Audiencia Nacional anula el deslinde de la zona de Punta Larga (CANDELARIA)
ABC Canarias CANDELARIAJAVIER REYES Día 01/08/2010
Una sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 16 de julio, anula el deslinde del dominio público marítimo-terrestre en la zona de Punta Larga, en el municipio tinerfeño de Candelaria. El documento, al que ha tenido acceso ABC, afecta de manera colateral a la creación de la playa de Punta Larga, el gran proyecto urbanístico del socialista Gumersindo García para cualificar el litoral del municipio sureño.
Según el abogado de los demandantes (tres vecinos afectados), José Ortega, letrado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, la sentencia impedirá la ejecución del sendero peatonal proyectado en la zona de La Galera hasta que no se acometa un nuevo deslinde. Además, se tendrá que revisar en ese punto el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y también se anularán órdenes de recuperación posesoria y actuaciones sancionadoras que ya cuentan con resolución firme, en todos los casos con órdenes de derribo. «Esta gente ha sufrido muchísimo, y después de tanta lucha, empiezan a ver la luz», indica el abogado valenciano.
Para Ortega, se trata de una sentencia «pionera» en el Archipiélago que va a sentar un «gran precedente»para futuros litigios en las costas canarias. De hecho, apunta que «puede ser un instrumento para revisar la mayoría de los deslindes hechos en Canarias, ya que en ellos, a diferencia de lo que sucede en la Península, el deslinde se decide por el alcance de los temporales, definido por observación directa y sin una sola prueba». El deslinde fue aprobado el 21 de septiembre de 2006 sobre un tramo de costa de 958 metros comprendido entre el actual refugio pesquero y la playa de Punta Larga. Los vecinos, cuyos jardines están afectados por el futuro sendero peatonal, argumentaron en su demanda que en ningún momento fueron informados del nuevo deslinde acometido por la Dirección General de Costas.
El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente defendía que
el espacio afectado era alcanzado por los temporales y que ya estaba incluido dentro del espacio «demanial» por un deslinde de 1969, pero la sentencia, no obstante, concluye que la Administración no ha justificado lo suficiente esa posición.
Pruebas periciales
Los magistrados echan de menos alguna «referencia histórica» de esos temporales y lamentan el «escaso rigor científico» de Costas a la hora de determinar el nuevo deslinde frente a las dos pruebas periciales expuestas por los demandantes que reconocen que el deslinde actual es prácticamente coincidente con el de 1969. José Ortega reflexiona también sobre lo que hubiera pasado si este tipo de sentencia hubiera llegado antes para haber podido salvar el poblado marítimo de Cho Vito, demolido en octubre de 2008 y cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en 1969.
El sendero litoral La Galera-Puntalarga es la tercera parte del gran proyecto de regeneración de la costa. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 978.000 euros y su trazado afecta en total a una quincena de propiedades, aproximadamente. El paseo tendrá una longitud de casi 400 metros, ocupando una superficie pavimentada superior a los 2.000 metros cuadrados. Este sendero dispondrá de dos accesos a la futura gran playa de Punta Larga, cuya primera fase debería estar terminada a finales de agosto. De hecho, se espera que al final del verano ya se pueda abrir al público la zona conocida popularmente como «El Charquito».
Desde verano de 2009 las máquinas trabajan a todo ritmo en la primera fase del macroproyecto en el que el Ministerio de Medio Ambiente invierte unos 2,2 millones de euros. Las obras que ejecuta la empresa Corsán- Corviam abarcan desde la escultura de pez hasta las inmediaciones del hotel Tenerife Tour. El proyecto incluye una zona central con una escollera de protección que
tendrá un frente de 240 metros y otra más próxima al hotel de 140 metros de longitud en coronación respectivamente, con unas plataformas de solarium y sendero distribuidas en toda la superficie y orientadas convenientemente formadas por plataformas de madera.
Anhelo local
No obstante, la joya de la actuación y la que con más mimo admira Gumersindo García es la regeneración de la playa propiamente dicha, cuyas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de más de 19,1 millones de euros. Esta playa vendría a cubrir la histórica carencia de zonas de baño adecuadas en la Villa Mariana y competiría con La Nea, en Radazul, como principal playa del área metropolitana. La playa proyecta dos diques de defensa para el abrigo del relleno de la playa.
Así, el dique Norte arrancará desde la playa actual al sur del barranco Los Órganos y tendrá una longitud de 194 metros, mientras que el dique Sur va desde la punta norte de la dársena deportiva de La Galera y cuenta con una longitud de 235 metros. La playa tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados y una longitud de 500 metros.
Según el abogado de los demandantes (tres vecinos afectados), José Ortega, letrado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, la sentencia impedirá la ejecución del sendero peatonal proyectado en la zona de La Galera hasta que no se acometa un nuevo deslinde. Además, se tendrá que revisar en ese punto el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y también se anularán órdenes de recuperación posesoria y actuaciones sancionadoras que ya cuentan con resolución firme, en todos los casos con órdenes de derribo. «Esta gente ha sufrido muchísimo, y después de tanta lucha, empiezan a ver la luz», indica el abogado valenciano.
Para Ortega, se trata de una sentencia «pionera» en el Archipiélago que va a sentar un «gran precedente»para futuros litigios en las costas canarias. De hecho, apunta que «puede ser un instrumento para revisar la mayoría de los deslindes hechos en Canarias, ya que en ellos, a diferencia de lo que sucede en la Península, el deslinde se decide por el alcance de los temporales, definido por observación directa y sin una sola prueba». El deslinde fue aprobado el 21 de septiembre de 2006 sobre un tramo de costa de 958 metros comprendido entre el actual refugio pesquero y la playa de Punta Larga. Los vecinos, cuyos jardines están afectados por el futuro sendero peatonal, argumentaron en su demanda que en ningún momento fueron informados del nuevo deslinde acometido por la Dirección General de Costas.
El organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente defendía que
el espacio afectado era alcanzado por los temporales y que ya estaba incluido dentro del espacio «demanial» por un deslinde de 1969, pero la sentencia, no obstante, concluye que la Administración no ha justificado lo suficiente esa posición.
Pruebas periciales
Los magistrados echan de menos alguna «referencia histórica» de esos temporales y lamentan el «escaso rigor científico» de Costas a la hora de determinar el nuevo deslinde frente a las dos pruebas periciales expuestas por los demandantes que reconocen que el deslinde actual es prácticamente coincidente con el de 1969. José Ortega reflexiona también sobre lo que hubiera pasado si este tipo de sentencia hubiera llegado antes para haber podido salvar el poblado marítimo de Cho Vito, demolido en octubre de 2008 y cuyas órdenes de derribo tenían un fundamento parecido, en especial el de haberse construido las viviendas dentro del dominio público definido en 1969.
El sendero litoral La Galera-Puntalarga es la tercera parte del gran proyecto de regeneración de la costa. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 978.000 euros y su trazado afecta en total a una quincena de propiedades, aproximadamente. El paseo tendrá una longitud de casi 400 metros, ocupando una superficie pavimentada superior a los 2.000 metros cuadrados. Este sendero dispondrá de dos accesos a la futura gran playa de Punta Larga, cuya primera fase debería estar terminada a finales de agosto. De hecho, se espera que al final del verano ya se pueda abrir al público la zona conocida popularmente como «El Charquito».
Desde verano de 2009 las máquinas trabajan a todo ritmo en la primera fase del macroproyecto en el que el Ministerio de Medio Ambiente invierte unos 2,2 millones de euros. Las obras que ejecuta la empresa Corsán- Corviam abarcan desde la escultura de pez hasta las inmediaciones del hotel Tenerife Tour. El proyecto incluye una zona central con una escollera de protección que
tendrá un frente de 240 metros y otra más próxima al hotel de 140 metros de longitud en coronación respectivamente, con unas plataformas de solarium y sendero distribuidas en toda la superficie y orientadas convenientemente formadas por plataformas de madera.
Anhelo local
No obstante, la joya de la actuación y la que con más mimo admira Gumersindo García es la regeneración de la playa propiamente dicha, cuyas obras cuentan con un presupuesto base de licitación de más de 19,1 millones de euros. Esta playa vendría a cubrir la histórica carencia de zonas de baño adecuadas en la Villa Mariana y competiría con La Nea, en Radazul, como principal playa del área metropolitana. La playa proyecta dos diques de defensa para el abrigo del relleno de la playa.
Así, el dique Norte arrancará desde la playa actual al sur del barranco Los Órganos y tendrá una longitud de 194 metros, mientras que el dique Sur va desde la punta norte de la dársena deportiva de La Galera y cuenta con una longitud de 235 metros. La playa tendrá una superficie de 15.000 metros cuadrados y una longitud de 500 metros.
viernes, 23 de julio de 2010
Información sobre las líneas de deslinde del litoral español
MARMDireccion General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
Con el objeto de facilitar el conocimiento de estos trabajos, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha puesto en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras de España, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera que esté interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
El acceso a esta información se puede realizar de dos formas:
A través del Visor del Ministerio
A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, http://www.sedecatastro.gob.es/ sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés para facilitar su consulta a los ciudadanos de otros países.
En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista la ampliación paulatina al resto de provincias costeras.
Los datos disponibles en esta nueva herramienta de consulta tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano. En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.
En el visor se publican dos zonas: la delimitada por la línea amarilla hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terreno de propiedad privada afectada por delimitación de uso. Para una mayor información sobre los efectos del deslinde pueden dirigirse a la sección de preguntas frecuentes.
http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/gdpmt/linea_deslinde.htm
domingo, 18 de julio de 2010
Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos
A. Herrero/P. L. Cuntín/I. Moreno. Madrid LA GACETA DE INTERECONOMIA
Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
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http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/afectados-ley-costas-piden-que-se-ponga-freno-los-abusos
Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
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viernes, 9 de julio de 2010
Nunca Debemos Perder la Esperanza, MG
El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 09/07/2010 EL PAIS
El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.
La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: "Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada.
Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio".
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para "revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias" y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que "en algunos casos la ley es excesiva" y que casos como los que cita "los hay en toda España". Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide "respetar las construcciones y usos ya existentes" en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su "valor etnográfico", pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con "valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".
El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma
El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). "No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana", afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. "En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general", afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
EL PAIS http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/debate/primera/vez/rebajar/Ley/Costas/1988/elpepisoc/20100709elpepisoc_3/Tes
jueves, 1 de julio de 2010
Una sentencia pionera salva un inmueble del derribo de Costas por su interés cultural
El abogado del propietario afirma que la resolución evidencia ''insensibilidad'' en la aplicación de la LeyNuevo golpe a las intenciones de la Dirección General de Costas en el Archipiélago. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso este digital, anula la orden de derribo de una vivienda ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura). La resolución es pionera en España porque, por primera vez hasta donde ha podido averiguar este periódico, un juzgado 'tumba' una orden de derribo de Costas en base al interés cultural de una construcción.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife
Es el caso de la vivienda de Placido Estévez, maestro de profesión, que un día se topó no sólo con una orden de recuperación posesoria de su propiedad, a lo que nunca se ha opuesto, sino con un dictamen que conllevaba el derribo del preciado inmueble. La recuperación, de hecho, está justificada por la aprobación de un deslinde que deja la zona en cuestión dentro del dominio público. Lo incomprensible, tanto para el propietario como para el TSJC, es que Costas, además, se haya empecinado en derribar la propiedad más allá de recuperarla. Una situación que llevó a Estévez a ponerse en contacto con el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. Empezó entonces un intenso trabajo para poner de relieve los valores patrimoniales de la construcción, que se plasmó en un informe realizado por un arquitecto experto en la materia. Aunque fueron varios los argumentos esgrimidos, y posteriormente aceptados por la Justicia, destaca el hecho de que el inmueble tiene interés público ya que se encuentra incluido en la Carta Arqueológica de Fuerteventura, elaborada por el propio Cabildo insular.
En el expediente, además, aparece un informe de un técnico de Patrimonio Histórico de la Corporación majorera. Según el especialista, y de manera literal, la descripción de la zona es la siguiente: "En Caleta de la Seba, según información de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, obrante en este departamento, se recoge la existencia de un conjunto de estructuras de piedra seca compuesto por 18 construcciones, 17 de ellas próximas a la costa, en las que se localiza abundante material malacológico, lítico y cerámico. En la prospección superficial realizada no se constató la existencia de material arqueológico aborigen y, por ello, se le asignó al conjunto una adscripción cultural postconquista, con claros síntomas de reutilización por pescadores, campistas, etcétera, hasta la actualidad". José Ortega, en declaraciones a eldigitaldecanarias.com, insistió en que esta sentencia "evidencia la falta de sensibilidad de Costas a la hora de aplicar la Ley". En opinión del abogado valenciano, en una teoría apoyada por la resolución del TSJC, era suficiente, en base a la aplicación del deslinde, aplicar la recuperación posesoria. El ente estatal, sin embargo, quiso ir más allá con una orden de derribo que ahora ha sido anulada. Placido Estévez ha mostrado también su satisfacción por la sentencia, después de meses de una lucha cultural que le ha costado, como es obvio, poner dinero de su bolsillo. Este maestro de escuela, de hecho, siempre ha incidido en que su único interés era que no se demoliera el edificio, ya que tiene la costumbres de utilizar la vivienda, con el beneplácito de las administraciones, para realizar actividades extraescolares y complementarias para la formación de sus alumnos.
EL DIGITAL DE CANARIAS
lunes, 14 de junio de 2010
Denuncian que los ingenieros de Costas trabajan como «mafias»
El abogado Ortega cree que son una «casta» que pasa informes sesgados» 
JAVIER REYES / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Día 14/06/2010 - 12.58h
«La reforma de la Ley de Costas habría que abordarla por cuestiones mentales e higiénicas, pero más importante es un cambio en los funcionarios. Muchos tienen pensamientos extremos y dogmáticos porque con esta misma ley se podría hacer una aplicación más dulce». Es la reflexión en voz alta de José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que ha querido compartir con ABC la aplicación de un documento que trae de cabeza a muchas familias en las Islas, que cada noche se despiertan con la pesadilla de que su casa, en primera línea de mar, acabará demolida por las palas.
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Ortega sitúa el origen de todos los problemas en la redacción de la ley de 1988. ¿Por qué?, porque en ese momento se aplicó el criterio de «cuanto más mejor», de tal manera que quien fija los límites del dominio público serán los temporales máximos conocidos y no los ordinarios
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El abogado valenciano sostiene que la ley es «poco práctica» y tiene «defectos técnicos», aunque respeta su filosofía de evitar el agotamiento del litoral por culpa de la presión de la construcción
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Es muy inapropiado aplicar linealmente con escuadra y cartabón esta ley a Canarias. Aquí hay poblados que están muy metidos en el mar y tienen que estar así porque han estado siempre así ..
http://www.abc.es/20100614/local-murcia/ingenieros-mafias-201006141256.htm
ABC
JAVIER REYES / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Día 14/06/2010 - 12.58h
«La reforma de la Ley de Costas habría que abordarla por cuestiones mentales e higiénicas, pero más importante es un cambio en los funcionarios. Muchos tienen pensamientos extremos y dogmáticos porque con esta misma ley se podría hacer una aplicación más dulce». Es la reflexión en voz alta de José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que ha querido compartir con ABC la aplicación de un documento que trae de cabeza a muchas familias en las Islas, que cada noche se despiertan con la pesadilla de que su casa, en primera línea de mar, acabará demolida por las palas.
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Ortega sitúa el origen de todos los problemas en la redacción de la ley de 1988. ¿Por qué?, porque en ese momento se aplicó el criterio de «cuanto más mejor», de tal manera que quien fija los límites del dominio público serán los temporales máximos conocidos y no los ordinarios
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El abogado valenciano sostiene que la ley es «poco práctica» y tiene «defectos técnicos», aunque respeta su filosofía de evitar el agotamiento del litoral por culpa de la presión de la construcción
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Es muy inapropiado aplicar linealmente con escuadra y cartabón esta ley a Canarias. Aquí hay poblados que están muy metidos en el mar y tienen que estar así porque han estado siempre así ..
http://www.abc.es/20100614/local-murcia/ingenieros-mafias-201006141256.htm
ABC
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