La mole es fea. Y, quizá, también ilegal. El vicesecretario socialista y varios cargos del partido han construido un edificio a pie de playa en Arosa. 150 metros de ático a 20 metros del mar. Los vecinos han denunciado la recalificación del terreno. JACOBO GARCIA La llaman 'Villa PSOE'. Está en Galicia, en la Isla de Arosa. Entre pinos, bateas, humedales y aves exóticas, Pepiño Blanco va a disfrutar de uno de los atardeceres más espectaculares de las Rías Bajas... En esta pequeña isla de siete kilómetros cuadrados y apenas 4.500 habitantes, se levanta el monstruo, más parecido a un centro comercial que a una vivienda veraniega.
El vicesecretario general del PSOE posee uno de los 120 apartamentos de esta lujosa mole de madera y cristales alzada prácticamente sobre la arena de la playa. Las viviendas más baratas han sido vendidas por 300.000 euros. El de Blanco es el más grande, el mejor situado y el único prácticamente terminado de los proyectados. El pasado jueves, una veintena de obreros extranjeros se afanaban en los últimos remates.
La futura residencia veraniega de Blanco ha soliviantado a gran parte de los vecinos, que han visto cómo, mientras sobre ellos pende una orden de derribo y sanciones por las antiguas viviendas levantadas junto a la costa, a él y a varios cargos del partido socialista se les permitirá vivir a pie de playa. Todo gracias a una sospechosa recalificación.
«Lo sé yo y lo sabe toda la isla. A los demás no nos dejan hacer nada y amenazan con tirarnos la casa, y otros pueden construir encima de la arena». Celsa Otero, de 83 años, tenía hasta hace poco una envidiable vista al mar en la casa que habita desde hace 25 años. La suya era la última residencia de una discreta hilera de casitas bajas junto al puente que une la isla con Villanueva de Arosa. Pero desde hace algunos meses ya no ve el pinar que antes rodeaba la zona. Lo único que puede contemplar ahora es un gigantesco muro y a Pepe Blanco y sus escoltas supervisando personalmente cada pocos días la evolución de la obra. Blanco veranea en un chalé unifamiliar en la misma isla, al otro extremo, de forma muy discreta; un coche de la Civil está permanentemente aparcado ante el portalón de la finca.
Su piso nuevo es un ático de casi 150 metros cuadrados valorado en unos 360.000 euros. Cuenta con garaje, ascensor, suelos de madera, cuatro habitaciones, dos enormes terrazas acristaladas y vistas al mar desde cualquier punto de la casa. Una vivienda de lujo en un lugar de ensueño que ha provocado una denuncia ante la Fiscalía y protestas de los vecinos ante la residencia.
La polémica nació desde el mismo momento en que se recalificó la zona de Cabo Deiros, resuelta judicialmente hace apenas un año, y en la que muchos han visto la mano del número dos del partido socialista. Un pelotazo urbanístico rodeado de controversias desde que, en 2004, el Ayuntamiento de la Isla de Arosa, en manos del PSOE, aprobó una recalificación que fue paralizada por la Xunta de Galicia a raíz de un informe contrario de la Secretaría General de Costas.
El asunto acabó en los tribunales hasta que la Audiencia Nacional dio, en julio de 2007, el visto bueno a la operación gracias a un informe del secretario del Ayuntamiento de la isla, que señalaba que, desde antes de 1988 (año de la entrada en vigor de la Ley de Costas) en ese mismo lugar existían todas las condiciones para catalogar como urbano el terreno: pavimentación, alumbrado público, alcantarillado y agua corriente. Algo que desmiente Gonzalo Durán, alcalde de Villanueva desde hace 13 años, y también de la isla entre 1995 y 1997, fecha en que se segregaron ambos municipios. «Ahí no había agua antes de 1988. En 1991 el pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa para llevarla, así que queda claro que antes no podía haberla. Las actas lo demuestran», señala el edil.
DE 100 A 20 METROS
«Gracias a este informe, la distancia legal para construir pasó de 100 a 20 metros. Si el informe remitido por el secretario del Ayuntamiento es falso, se cae la sentencia y por tanto la legalidad en la recalificación del terreno», explica el abogado Alfredo Gómez Mendizábal.
El dato que ha hecho sospechar a muchos salta a la vista desde la entrada misma de la obra. A pesar de que el contencioso se resolvió el 5 de julio de 2007, los trabajos comenzaron siete meses antes, en octubre de 2006. Lo confiesa el cartel de la constructora que preside la edificación.
La asociación de afectados por estafas inmobiliarias (Cafines) denunció ante la Fiscalía la ilegalidad de la vivienda y aportó para ello fotos y documentos. Según su vicepresidente, Raimundo Piñeiro, el bloque principal -son tres- ha sido adquirido por varios responsables del Partido Socialista.
Para el alcalde de la isla, el también socialista José Vázquez, las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. El edil está convencido de que alguien «manipula» a los afectados para perjudicar a «determinadas figuras políticas». El concejal de Urbanismo de la isla, Luciano Otero, señaló que el deslinde de esta zona está resuelto desde hace años y aprobado en el Plan de Urbanismo: «Si no hubiera comprado ahí el señor Blanco no habría polémica».
El vicesecretario general del PSOE posee uno de los 120 apartamentos de esta lujosa mole de madera y cristales alzada prácticamente sobre la arena de la playa. Las viviendas más baratas han sido vendidas por 300.000 euros. El de Blanco es el más grande, el mejor situado y el único prácticamente terminado de los proyectados. El pasado jueves, una veintena de obreros extranjeros se afanaban en los últimos remates.
La futura residencia veraniega de Blanco ha soliviantado a gran parte de los vecinos, que han visto cómo, mientras sobre ellos pende una orden de derribo y sanciones por las antiguas viviendas levantadas junto a la costa, a él y a varios cargos del partido socialista se les permitirá vivir a pie de playa. Todo gracias a una sospechosa recalificación.
«Lo sé yo y lo sabe toda la isla. A los demás no nos dejan hacer nada y amenazan con tirarnos la casa, y otros pueden construir encima de la arena». Celsa Otero, de 83 años, tenía hasta hace poco una envidiable vista al mar en la casa que habita desde hace 25 años. La suya era la última residencia de una discreta hilera de casitas bajas junto al puente que une la isla con Villanueva de Arosa. Pero desde hace algunos meses ya no ve el pinar que antes rodeaba la zona. Lo único que puede contemplar ahora es un gigantesco muro y a Pepe Blanco y sus escoltas supervisando personalmente cada pocos días la evolución de la obra. Blanco veranea en un chalé unifamiliar en la misma isla, al otro extremo, de forma muy discreta; un coche de la Civil está permanentemente aparcado ante el portalón de la finca.
Su piso nuevo es un ático de casi 150 metros cuadrados valorado en unos 360.000 euros. Cuenta con garaje, ascensor, suelos de madera, cuatro habitaciones, dos enormes terrazas acristaladas y vistas al mar desde cualquier punto de la casa. Una vivienda de lujo en un lugar de ensueño que ha provocado una denuncia ante la Fiscalía y protestas de los vecinos ante la residencia.
La polémica nació desde el mismo momento en que se recalificó la zona de Cabo Deiros, resuelta judicialmente hace apenas un año, y en la que muchos han visto la mano del número dos del partido socialista. Un pelotazo urbanístico rodeado de controversias desde que, en 2004, el Ayuntamiento de la Isla de Arosa, en manos del PSOE, aprobó una recalificación que fue paralizada por la Xunta de Galicia a raíz de un informe contrario de la Secretaría General de Costas.
El asunto acabó en los tribunales hasta que la Audiencia Nacional dio, en julio de 2007, el visto bueno a la operación gracias a un informe del secretario del Ayuntamiento de la isla, que señalaba que, desde antes de 1988 (año de la entrada en vigor de la Ley de Costas) en ese mismo lugar existían todas las condiciones para catalogar como urbano el terreno: pavimentación, alumbrado público, alcantarillado y agua corriente. Algo que desmiente Gonzalo Durán, alcalde de Villanueva desde hace 13 años, y también de la isla entre 1995 y 1997, fecha en que se segregaron ambos municipios. «Ahí no había agua antes de 1988. En 1991 el pleno del Ayuntamiento aprobó una iniciativa para llevarla, así que queda claro que antes no podía haberla. Las actas lo demuestran», señala el edil.
DE 100 A 20 METROS
«Gracias a este informe, la distancia legal para construir pasó de 100 a 20 metros. Si el informe remitido por el secretario del Ayuntamiento es falso, se cae la sentencia y por tanto la legalidad en la recalificación del terreno», explica el abogado Alfredo Gómez Mendizábal.
El dato que ha hecho sospechar a muchos salta a la vista desde la entrada misma de la obra. A pesar de que el contencioso se resolvió el 5 de julio de 2007, los trabajos comenzaron siete meses antes, en octubre de 2006. Lo confiesa el cartel de la constructora que preside la edificación.
La asociación de afectados por estafas inmobiliarias (Cafines) denunció ante la Fiscalía la ilegalidad de la vivienda y aportó para ello fotos y documentos. Según su vicepresidente, Raimundo Piñeiro, el bloque principal -son tres- ha sido adquirido por varios responsables del Partido Socialista.
Para el alcalde de la isla, el también socialista José Vázquez, las licencias estaban concedidas antes de que fuera obligatoria la aplicación de la norma. El edil está convencido de que alguien «manipula» a los afectados para perjudicar a «determinadas figuras políticas». El concejal de Urbanismo de la isla, Luciano Otero, señaló que el deslinde de esta zona está resuelto desde hace años y aprobado en el Plan de Urbanismo: «Si no hubiera comprado ahí el señor Blanco no habría polémica».
En enero de 1986, en Valencia, la Administración paralizó la construcción de una discoteca que estaba literalmente a cuatro metros del mar. El arquitecto responsable ni siquiera sabía que había infringido la ley de costas, porque ignoraba su existencia. Meses después la misma Administración ordenó un derribo en Puzol. El alcalde denunció, airado, que las obras venían amparadas por el PGU, y así era, por lo que estaban al mismo tiempo prohibidas y permitidas. Aquella ley de costas de 1969, ignorada por casi todos, y desconexionada del planeamiento urbanístico, era más teórica que real, como el espectro del holandés errante, y había que hacer algo.
